Planteamiento del problema para el control de obligaciones de las y los empleadoras/es y medidas recientes de intervención del Estado para mejorar la situación laboral de trabajadoras siempre postergadas
Se entiende por trabajadoras/es de casas particulares a las personas que prestan servicios o tareas de limpieza, mantenimiento u otras actividades típicas del hogar. Abarca también la asistencia personal y el acompañamiento a miembros de la familia o que convivan en el mismo domicilio con el empleador, así como el cuidado no terapéutico de personas enfermas o con discapacidad.
De la propia definición se desprende que el lugar de prestación de servicios de la actividad es el domicilio del empleador. La primera dificultad para el control deriva de que el hogar de las personas está protegido. La inviolabilidad de domicilio se define como prohibición de entrada y registro en un espacio ligado a la persona, salvo consentimiento del titular, autorización judicial o flagrante delito. La razón que lo justifica radica en el derecho a la dignidad, privacidad y propiedad, derechos consagrados en nuestra Constitución Nacional como así también en otras en el derecho comparado.
Ahora bien, otra característica de este grupo es que el tipo de actividad es ejercida, en su mayoría, por mujeres o diversidades. A saber, de los 75.6 millones de trabajadores de casas particulares en todo el mundo, el 76.2% son mujeres. A pesar de la importancia que las tareas de cuidado tienen para garantizar el funcionamiento y la reproducción social en las sociedades, aún se les siguen otorgando escaso valor social y económico. Esto se debe, en parte, a que este tipo de actividad se considera poco cualificada y se la toma como una prolongación del trabajo de cuidados no remunerado del ámbito doméstico, que asumen principalmente las mujeres, tanto en Argentina como en el mundo.
Por lo expuesto, la mayoría de las trabajadoras de casas particulares se enfrentan a obstáculos en el acceso a derechos laborales y de la seguridad social, ya que dependen íntegramente de la (buena o mala) voluntad de su empleador para la registración de la relación laboral y el pago de salario conforme lo establecido por el convenio colectivo de trabajo. Es por ello que el Estado, a través de las políticas públicas, tiene que estar presente para que sus derechos sean asegurados y no conculcados.
Según cifras del Ministerio de Desarrollo Productivo, en el año 2020 la tasa de feminización del sector (proporción de mujeres sobre el total de empleos) fue estimada entre el 96% y 98%, 25 puntos porcentuales por encima de enseñanza (que es el segundo sector más feminizado) y más de 40 puntos porcentuales por arriba de cualquier otro.
Conforme con el Informe “Situación y Evolución del Trabajo Registrado del Sistema Integrado Previsional Argentino” –SIPA-, que capta sólo la situación de las trabajadoras de casas particulares registradas que trabajan más de 16 horas semanales, en mayo de 2022 había 473.200 trabajadoras/es en el sector. Alrededor del 75% de estas son empleadas informales (sin registración) por lo cual ven limitados el acceso a sus derechos laborales y de protección social. Por otro lado, según estimaciones de la Organización Internacional del Trabajo, el salario de las trabajadoras de jornada completa no registradas es 25% menor que el de las registradas.
Recapitulando, tenemos un sector que realiza tareas de cuidado de hogares y/o personas y que en su mayoría está conformado por mujeres. Esta labor se realiza en domicilios privados protegidos por ley, por lo que el acceso para su control resulta dificultoso, lo que, a su vez, facilita la clandestinidad de la registración laboral. Esta se encuentra sujeta a la voluntad del empleador más allá de la normativa existente en la materia. No cabe dudas que el escenario es complejo a los fines de ejercer el debido contralor por parte del Estado, pero tampoco cabe dudas que este debe intervenir generando políticas públicas estratégicas para que las y los trabajadoras y trabajadores puedan ejercer sus derechos laborales y previsionales.
Cabe destacar que durante los gobiernos peronistas la normativa nacional que regula el sector de trabajo de casas particulares ha avanzado de manera progresiva y sistemáticamente en búsqueda de mayores beneficios para el colectivo, a través del estímulo a la registración laboral. En 2005, la ley 26.063 estableció el beneficio económico para los empleadores de deducir del impuesto a las ganancias, tanto el salario como los aportes de su empleada/o. Con esta medida la registración de relaciones laborales en el sector creció 10 puntos porcentuales en los dos años siguientes . En 2013, mediante la ley 26.844 “Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares”, se regularon los derechos laborales de las trabajadoras y los trabajadores independientemente de su carga horaria. También en el mismo año y mediante la ley 26.921, el gobierno aprobó el convenio sobre Trabajo Decente para las trabajadoras y trabajadores domésticos –Convenio 189 de la OIT- De esta manera, el Estado argentino se compromete a adoptar las medidas apropiadas para asegurar a este colectivo condiciones de igualdad en el acceso a derechos de protección de la seguridad social, horas de trabajo y descanso, entre otros derechos laborales.-
Dos años más tarde, en 2015, se puso en marcha la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), un órgano de negociación conformado por los sindicatos del sector, organizaciones que representan a los empleadores y el Poder Ejecutivo, con atribuciones para negociar salarios y condiciones de trabajo.
En 2021, se creó el programa REGISTRADAS, como respuesta a la evidente paralización de registraciones laborales como consecuencia de la pandemia. El programa respondía también a la necesidad de diseñar e implementar una política de generación y sostenimiento del empleo que permitiera revertir los efectos económicos, sociales y laborales provocados por la crisis del Covid 19. Lo novedoso de esta medida es que tiene como destinatario a un sector de empleadores y empleadoras con ingresos medios que no habían sido alcanzados por los incentivos de la ley 26.063.
De no mediar todas estas medidas de acción positiva, este colectivo de trabajadoras y trabajadores sería cada vez más vulnerado, por lo que es menester que el Estado siga fortaleciéndolas para que la brecha de desigualdad se vaya achicando y se dé estricto cumplimiento a lo normado por Art. 14, 14 bis y 16 de nuestra Carta Magna.
BIBLIOGRAFÍA
Francisco Rey Marcos, 2020. ¿Grupos Vulnerados o Vulnerables?
https://elpais.com/elpais/2020/04/09/planeta_futuro/1586425616_757834.html
Ministerio de Trabajo, E. y. (s.f.). argentina.gob.ar. Recuperado el 08 de Marzo de 2023, de https://www.argentina.gob.ar/trabajo/casasparticulares/trabajadora
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https://www.undp.org/es/latin-america/publication/los-impactos-del-covid-19/
Ministerio de Desarrollo Productivo (2020). Hacia una visión compartida sobre la perspectiva de género en las políticas de desarrollo productivo. https://www.argentina.gob.ar/sites/default/files/programa_webinar_mujeres_md p.pdf.
INDEC, 2022. Dirección de Mapeo Federal del Cuidado en base a EPH II Trimestre de 2022.
Acerca de la autora / Analía Apollonio
Abogada
Jefa de la Agencia Territorial de La Matanza MTEySS desde 2012 hasta la actualidad.
Asistente del cuerpo de abogados del estado y letrada apoderada del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social desde el 2014.
Diplomatura en Gestión de los Recursos Humanos en el Sector Público (2022)
Docente del INAP y del Ministerio de Trabajo de la Nación.
