Ramón Carrillo y las comisiones investigadoras de 1955. El odio es pariente de la sinrazón. Un impulso. ¿O la contracara de la impotencia, el recurso a la potencia del otro?
El odio indignado de una parte de la población contra Perón y su gobierno inundó las calles en septiembre de 1955. El tirano había sido depuesto. La noticia se extendió desde el norte al sur de la ciudad. Los más decididos salieron a las calles para arrasar la simbología peronista con el odio eufórico de los vencedores. No se salvó nada, bustos, banderas, escudos, retratos, carteles, quemados en las hogueras de San Juan antiperonistas. El día 23 aplaudieron con fervor en la Plaza de Mayo. Al mes siguiente el nuevo gobierno encargó la investigación de aquello que de antemano sabían: que Perón dirigía una asociación ilícita para cometer todo tipo de delitos económicos y llenar las arcas de funcionarios venales y corruptos.
Para ello se creó la Comisión Nacional de Investigaciones, con el propósito del “esclarecimiento de los hechos ilícitos e irregularidades cometidos durante el régimen depuesto”. El nuevo organismo dependía directamente del vicepresidente de facto, o sea del Almirante Isaac Rojas, y estaba integrado por cinco miembros, tres de los cuales eran oficiales superiores de cada una de las fuerzas armadas. El único motivo para suplantar a la justicia fue que desconfiaban de los jueces nombrados por el parlamento tras nueve años de peronismo.
A las comisiones específicas que se formaron para la investigación de hechos particulares (60 aproximadamente) se les otorgó amplias facultades represivas. En el ejercicio de sus funciones les era permitido allanar domicilios y practicar detenciones con auxilio de la fuerza pública, secuestrar pruebas, intervenir libros y contabilidades, solicitar registros bancarios, entre otras “legales” atribuciones. Centenares de personas fueron arrancadas de sus domicilios por la policía y llevadas a declarar frente a las comisiones. Miles quedaron cesantes. Otros tantos fueron encarcelados sin proceso. El presidio de Ushuaia, que había sido clausurado por las atrocidades del pasado, cometidas contra radicales y anarquistas, fue reabierto para alojar a los peronistas. Pese a todo, las comisiones no duraron tanto. En mayo de 1956 se dio por cumplida su misión y cada una de las subcomisiones elevó un informe que luego se resumió en el “Libro Negro de la Segunda Tiranía”. Se le decía la segunda, porque la primera —un sentimiento común que compartían los antiperonistas— había sido la de Juan Manuel de Rosas.
La Comisión N° 16 se ocupó de las obras, contrataciones y compras del ministerio de Salud Pública que había conducido Ramón Carrillo. Se trataba del ministerio peronista que mayor cantidad de gastos había hecho en los últimos años. Amparado por una ley del Congreso, el ministro había podido alivianar la burocracia estatal y realizar la construcción de centenares de edificios en los rincones más alejados del país. Era seguro que allí encontrarían todo tipo de maniobras delictivas que probaran la dirección corrupta de Perón.
En los breves meses de su duración la comisión cambió cinco veces de dirección por renuncia de sus presidentes. Según sus propios informes, recibió 316 denuncias, muchas de las cuales fueron dejadas de lado pues “en muchos casos son productos de la imaginación o vehículo para venganzas personales”; en otros casos “se comprobó lo infundado de la denuncia y la imposibilidad material de acreditar los hechos que se referían, por cuyo motivo se ordenó el archivo de las actuaciones”.
En su informe del mes de febrero de 1956 el presidente de la comisión, Julio Martínez Vivot, explica que la comprobación de delitos no es numerosa y que hay pocos detenidos a pesar de que 975 personas fueron citadas a declarar. Pero el presidente se sentía obligado por la función que le habían conferido que era la de descubrir la corrupción, no la de declarar su inexistencia. Entonces recurrió al absurdo para alimentar el odio. Casi a punto de integrar la antología del ridículo político, la comisión informó que:
“las investigaciones no son simples y se tropieza con dificultades para acreditar realmente lo acontecido. La clásica táctica del delincuente de hacer múltiples cómplices, para todos ellos ocultarse entre sí, por su interés común, ha sido usada con frecuencia, perturbando así el propósito de comprobación que se persigue”.
O sea, que el hecho de no encontrar delito luego de varios meses de buscarlo, es la viva comprobación de que el delito existe. Es que son tan delincuentes que no dejan pruebas. La siguiente cita es extensa pero necesaria (las negritas son mías):
“La mayoría de los grandes negociados denunciados, especialmente para mencionar concretos los relativos a construcciones sanitarias y a especialidades medicinales y antibióticos, presentan gravísimas dificultades de prueba, pues se han realizado guardando todas las apariencias legales y, sobre todo, porque las empresas o personas que han tenido que ceder a la coima del funcionario, o que en muchos casos la buscaron para lograr sus propósitos, no pondrán de manifiesto tal circunstancia pues bien saben que son partícipes en el cohecho. Además, no existiendo, como es natural, constancia documentada al respecto. El inconveniente se torna prácticamente insuperable. En múltiples casos se vislumbra que el procedimiento, la concesión o la franquicia debe haber tenido un trámite irregular, una presión o una dádiva, pero generalmente también, no deja de ser una simple presunción que no alcanza a reunir los requisitos conocidos de grave, precisa y concordante. Si aún agregamos, como en materia de construcciones, la existencia de una ley especial, que permite apartarse de las normas precisas de la ley de contabilidad, admitiendo contratos sin concursos ni licitaciones, dentro de un importe general que alcanza a los mil millones de pesos, observamos que fueron los propios legisladores (peronistas) los que facilitaron las posibles irregularidades, y que por eso pienso que, en última instancia, a ellos habrá que responsabilizar por el perjuicio patrimonial del Estado, a quien comprometieron en obras fabulosas de gran imaginación pero de imposible realización total”.
Los grandes negociados denunciados [¿por quién?] no se pueden probar porque han guardado todas las apariencias legales; los que pusieron la coima no confiesan porque son parte del cohecho [les faltó un fiscal que los apretara como corresponde]; cuando se vislumbra que algo debe haber tenido un trámite irregular [el sentido común de algunos fiscales del presente] igual no alcanza la prueba. Y si encima la mayoría parlamentaria los ampara con leyes constitucionales, la cosa resulta imposible. No importa. Pese a todo, la comisión viene a declarar que han habido gravísimas irregularidades y que tiene optimismo que en el futuro “podrá hacer la luz necesaria para esclarecer los delitos que se han denunciado o bien por lo menos, para poner de manifiesto las irregularidades que eran la práctica frecuente del régimen peronista depuesto”. Aunque lo único que hayan podido probar son pequeñas fallas administrativas (vales de nafta, el uso de una ambulancia para hacer una donación, hacer trabajar a enfermos mentales de manera terapéutica, etc.) el odio puede más. Las pruebas son lo de menos porque todo el mundo con sano juicio ya sabe de lo que el régimen ha sido capaz. Así que:
“Si por lo menos no puede mandarse a todos los culpables donde lo merecen, lograremos señalarlos e individualizarlos para el futuro. Mostremos sus lacras para los que creyeron y aún creen en ellos observando la verdadera piel de estos falsos corderos. Especialmente para que las generaciones futuras no se dejen impresionar por cantos de sirenas y recuerden una época nefasta y oprobiosa por la que el país ha pasado y que nunca ha de volver a repetirse, Dios mediante.”
En el informe de mayo, al momento de cerrar las comisiones, se explicitan los delitos cometidos por Ramón Carrillo con las mismas salvedades de obtención de resultados que en el anterior:
“Se han acreditado fallas a la ética e incumplimiento a las obligaciones administrativas, así también actividades políticas aprovechando la función pública, arbitrariedades en el ejercicio de funciones directivas, acumulación indebida de cargos o ejercicio de los mismos sin títulos habilitantes. También se ha comprobado en otros casos la atención irregular de enfermos, la desaparición de efectos de propiedad del Ministerio, traslados y cesantías injustas, motivo de persecuciones políticas o fruto de delaciones; utilización de influencias políticas para obtener beneficios, favoritismo en las designaciones, uso indebido de automotores”.
Nótense los crímenes de Carrillo, que incluyen el gravísimo uso indebido de automotores, luego de ocho meses de investigar con la suma del poder público. Ramón Carrillo murió en el exilio, con pedido de captura y todos sus bienes interdictos. Le allanaron la casa, se robaron sus pertenencias. El negro Carrillo pasó a la historia con honores, a Martínez Vivot no lo recuerda nadie. Como ahora, el odio les sobraba, les faltaban las pruebas.
Fuente: Documentación Autores y Cómplices de las Irregularidades Cometidas durante la Segunda Tiranía – Comisión Nacional de Investigaciones Vicepresidencia de la Nación – Tomo 1 – año 1958 – páginas 991 a 997).
Acerca del Autor / Ernesto Salas
Licenciado en Historia (UBA). Coordinador de la Editorial UNAJ. Es autor de los libros: La Resistencia Peronista: La toma del frigorífico Lisandro de la Torre (1990), Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista (2003); Norberto Habegger. Cristiano, descamisado, montonero (2011, junto a Flora Castro), De resistencia y lucha armada (2014); Arturo Jauretche. Sobre su vida y obra (Comp.) (2015) y ¡Viva Yrigoyen! ¡Viva la revolución! (2017, junto a Charo López Marsano).
