Economía

EL VALOR DE LOS SERVICIOS DE ENERGÍA

Sobre el debate tarifario

Por Daniel Novak

En las últimas semanas la cuestión de las tarifas eléctricas dio lugar a una serie de manifestaciones oficiales controvertidas aprovechadas por los medios hegemónicos para desgastar la gestión gubernamental. Esta nota se propone separar la paja del trigo en un tema bastante sensible, no sólo para el oficialismo sino, por sobre todas las cosas, para el funcionamiento de la economía y para la necesidad de la comunidad en general.

Para ello es importante partir de ciertas restricciones que derivan de las condiciones actuales en la provisión de servicios energéticos en nuestro país, que desde la década de los 90s se encuentra privatizada, tanto en la generación como en la distribución de los servicios. Modificar esta situación llevaría meses o años de discusión, sin garantía de que haya una solución viable política y legalmente hablando.

En este restringido escenario, el Estado, y cualquier gobierno que lo administre, no tendrá más remedio en el corto plazo que negociar con los concesionarios privados tarifas con una tasa de rentabilidad “razonable” a su inversión para que presten el servicio de la manera más digna posible a los usuarios, pero velando para que esa tasa de rentabilidad se aplique prioritariamente a la inversión que el mantenimiento del servicio requiere y no sea sólo para convalidar la remesa de ganancias al exterior.

Esta afirmación amerita una digresión. Los servicios de energía en nuestro país los prestan empresas privadas de capitales locales y extranjeros desde su privatización en los 90s. Como toda empresa privada, el objetivo principal es obtener una ganancia por su actividad, cuyo piso es el rendimiento de las inversiones financieras alternativas y su techo ninguno. En nuestro país, las inversiones financieras alternativas son los rendimientos de los títulos públicos emitidos en dólares, incluido obviamente el riesgo país; eso en la Argentina de hoy nos es menos del 15% anual en dólares. Si no se obtiene esa ganancia, en lugar de invertir más en el servicio energético les resulta preferible hacer las colocaciones financieras alternativas que tienen menos complicaciones.

Para colmo, la distinción entre capitales locales y extranjeros no es demasiado relevante a los efectos del destino de las ganancias. En efecto, luego de la instauración durante la última dictadura cívico-militar genocida del esquema de valorización dolarizada de las inversiones, productivas o financieras, ya no importa el origen de los capitales porque, siendo locales o extranjeros, calculan sus proyectos en dólares y tratan de remesar sus ganancias al exterior con el argumento de la inestabilidad de nuestra economía.

DOS MODELOS OPUESTOS

Durante la gestión neoliberal de Cambiemos se instaló la filosofía de que la energía debía ser pagada por los usuarios al valor de lo que cuesta producirla y distribuirla, incluida la remesa de utilidades al exterior sin límites y sin importar la capacidad de pago de esos usuarios. Los fundamentos de esta concepción, además de la supina muestra de insensibilidad social que involucra, se fundamenta en principios económicos ortodoxos que entienden, como creía Adam Smith, que el afán de lucro genera la asignación de recursos más eficiente en la economía.

Sin embargo, en este escenario heredado de la energía privatizada, o se les asegura a los concesionarios una rentabilidad “razonable” o el servicio se resiente progresivamente por falta de inversiones. Y para asegurar esa rentabilidad hay sólo dos vías, o alguna combinación entre ambas: una es que, efectivamente, los usuarios paguemos la energía por lo que cuesta producirla y distribuirla, incluida la rentabilidad de los concesionarios; la otra es que los usuarios paguemos menos y la diferencia la aporte el Estado mediante subsidios que pagamos entre todos, con los impuestos o agravando el déficit fiscal.

Teniendo en cuenta que, después de casi dos años de congelamiento el aumento de tarifas para compensar el incremento de costos no podría ser inferior al 40%, la primera alternativa es impensable para amplios sectores de la población que no están en condiciones de afrontar un gasto de esa magnitud, sobre todo en un país que presenta 42% de personas por debajo de la línea de pobreza, en gran medida como consecuencia del mismo ajuste tarifario macrista.

La otra variante implica subsidios estatales para que la energía se distribuya a valores inferiores a sus costos, que este año representan hasta ahora una carga fiscal de más de $ 500.000 millones. Si continuara el congelamiento de las tarifas esa carga podría llegar a algo más de 600 mil millones y con el ajuste del 9% acordado ahora sólo ahorraría al Estado poco más de 20 mil millones, con el agravante de que no se sabe aún de dónde saldrían los recursos para ese incremento sin afectar el resultado presupuestario aprobado por el Congreso.

Si bien la actual gestión de gobierno hizo muy bien en congelar inicialmente las tarifas para frenar el aumento de la pobreza derivado de la decisión neoliberal de dolarizarlas y reducir los subsidios, está claro que esta situación es insostenible a futuro sin afectar la calidad del servicio; e igualmente insostenible es actualizarlas por debajo de la evolución de los costos. 

A QUIÉN SUBSIDIAR

Para evitar el impacto social que esto provocaría, la pregunta clave es: ¿a quién hay que subsidiar? La respuesta debería ser obvia: habría que subsidiar sólo a quienes no tienen capacidad económica para afrontar el costo pleno de la energía. Sin embargo, esto no se entiende del todo y hay quienes creen que el subsidio tiene que ser parejo bajando el precio de la energía para todos los usuarios. 

Por supuesto que los sectores de bajos o nulos ingresos se ven favorecidos, pero también quienes no lo necesitan, con un agravante: estos sectores más solventes utilizan la tarifa más baja para consumir en exceso con relación a sus necesidades, comprando más aparatos de aire acondicionado o climatizando sus piscinas y acarreando crisis de disponibilidad de energía en momentos críticos, con cortes de suministro recurrentes como hemos vivido. No se es más progresista planteando que las tarifas tienen que seguir congeladas o ajustándose por debajo de la inflación. 

Para salir de este atolladero no queda más alternativa que empezar a actualizar las tarifas, pero cuidando a los sectores que no pueden afrontarlo, sin volver al error de subsidiar a quienes no lo necesitan, no sólo por el innecesario costo fiscal que implica sino además para no incentivar el consumo excesivo. La alternativa fiscal y socialmente sustentable pasa por segmentar los subsidios en función de la capacidad adquisitiva de los usuarios.

Haciendo un ejercicio hipotético, si el aumento del 9% se aplicara sólo a los usuarios domiciliarios y PyMEs de bajo consumo, y al resto se le aplicara el ajuste del 40%, el aumento de la carga fiscal adicional se reduciría en más del 70%. La forma de aplicar esta variante sería subsidiando a ese segmento el 75% del incremento total de 40% en las tarifas.

CONCLUSIONES

Las conclusiones de este análisis tienen dos horizontes, uno de largo plazo y el otro para el corto plazo.

Para el largo plazo resulta evidente que, después de más de dos décadas de experiencia, este modelo privatizador de las 90s reclama una revisión integral. Pero también es obvio que eso no se modifica de un día para otro y las decisiones tarifarias no pueden esperar a que se resuelva este tema de fondo, cuestión que además generará largos debates sobre las alternativas y sus costos. Porque, ¿qué significa salir del modelo privatizador de los 90s? ¿Volver a empresas estatales de energía? ¿Y cómo: expropiando Edenor, Edesur, Edelap y Metrogas? ¿Con qué recursos fiscales? ¿O sólo cambiando las condiciones de las concesiones, asumiendo los juicios que eso implicaría? ¿Están dadas las condiciones políticas y legales (judiciales) para encarar esto ahora? La única alternativa para una cosa de esta envergadura parecería ser reactivar la idea del Consejo Económico Social que alguna vez anunció el Presidente y meter este crucial tema en su agenda estratégica.

La conclusión de corto plazo comienza por decir qué no hay que hacer: 1) no hay que volver a hacer la atrocidad que hizo Cambiemos de liberar y dolarizar las tarifas, que perjudican a más de la mitad de la población sin una contrapartida clara de mejora equivalente en los servicios, y 2) no hay que seguir con el congelamiento ni tratar de instaurar un sistema irracional de ajustes, con subsidios parejos e indiscriminados para todos los usuarios, que dilapidan recursos fiscales para favorecer a sectores sociales que no lo necesitan.

Lo que habría que hacer es, primero, discutir firmemente con las empresas concesionarias la verdadera incidencia de los costos en la producción y distribución del servicio para que el ajuste de tarifas sea realista y racional y, segundo, direccionar los subsidios sólo hacia quienes lo necesitan y de manera segmentada, de tal modo que para los sectores de menores o nulos ingresos compense totalmente el ajuste tarifario y para el resto sólo parcialmente.

Acerca del autor / Daniel Enrique Novak

Daniel NovakLicenciado en Economía. Coordinador de la carrera de Licenciatura en Economía de la UNAJ y Profesor asociado en Economía de la misma universidad. Fue  Secretario de Industria y Desarrollo Productivo de Florencio Varela, Coordinador de Desarrollo Inclusivo del PNUD (2004/14), Subsecretario de Coordinación Económica de la Nación (2002/2004) y Consultor Económico de Empresas Industriales (1990/2001).

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