Un avance en el rol institucional de la Universidad frente situaciones de violencia de género, discriminación, desigualdades, división sexual del trabajo, etnocentrismo y capacitismo
La jerarquización de áreas de géneros y/o derechos humanos ha constituido una reivindicación histórica del feminismo universitario, que fue cobrando encarnadura institucional a partir de la creación de la Red Universitaria de Género (2015), de la Red Interuniversitaria de Derechos Humanos (RIDDHH) y –de modo mediado– del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad (2019). Ahora bien, cada genealogía territorial y universitaria, sin embargo, revela problemáticas singulares que más tarde traducen las iniciativas federales en derroteros específicos. Observemos algunos datos sobre violencia y desigualdades en Florencio Varela y la UNAJ.
Violencia
En diciembre de 2016, Paula Martínez, joven ciudadana varelense, denunció que fue drogada, secuestrada y violada grupalmente cuando asistió a un cumpleaños. A la espera del juicio, se suicidó en diciembre pasado. En enero de 2018, murió Mónica Garnica Lujan, estudiante de UNAJ. Su pareja la había rociado con alcohol, produciéndole quemaduras en el 70% de su cuerpo. Días después, Ana, una estudiante transgénero recibió una espantosa golpiza que la dejó en grave estado de salud. Lucas González, joven varelense de 17 años, fue baleado junto a sus amigos por la policía de la Ciudad de Buenos Aires en noviembre pasado, cuando salía de su práctica deportiva en el Club Barracas Central. Murió días después en el Hospital El Cruce.
Estos hechos resultan expresivos de la realidad social argentina y latinoamericana donde se inserta también la varelense, que aún así tiene sus particularidades.
Los casos de Mónica, Paula y la estudiante trans se comprenden bien mediante el informe del Ministerio de Seguridad bonaerense de marzo de 2018. En esa oportunidad, el Ministerio publicó las cifras de denuncias por violencia de género que tuvieron lugar el Día Internacional de la Mujer. El informe indica que ese día se efectuaron 433 denuncias por violencia de género en toda la Provincia y que el partido que acusó mayor cantidad fue Florencio Varela (32 casos). La ex subsecretaria de Seguridad de Varela, Laura Vivas, había informado extraoficialmente, en 2014, la estadística de 8 a 10 denuncias diarias. Es cierto que el aumento de estas de 2014 a 2018 puede simplemente estar indicando una mayor concientización de la población femenina y LGBTTIQ varelense. Pero la suba no puede ignorarse.
En cuanto al caso de Lucas, los resultados de una investigación del Observatorio de Violencias Sociales (OViSoc-UNAJ), realizada durante el período 2018-2020 por Gabriela Rodríguez y Gabriela Sghezzo, y abocada a observar la violencia policial contra lxs jóvenes estudiantes de la UNAJ, también nos presenta un panorama general. Tras una encuesta realizada en 2019 a más de 300 estudiantes de nuestra universidad, el estudio arroja que el 46% de lxs encuestadxs dijo haber experimentado algún tipo de violencia policial durante el último año. Quienes más sufren este tipo de violencia son lxs estudiantes más jóvenes, de hasta 29 años (48%). Respecto de un informe similar realizado en 2018, se registraba un aumento del 9 % interanual.
La situación se agrava si el corte es de género: el 57% del total de los varones dice haber experimentado algún tipo de violencia policial durante 2019. La estadística confirma que no se habla en vano cuando se sostiene que los varones jóvenes del conurbano o de barrios humildes son el objeto privilegiado de la violencia policial.
Ahora bien, en contra de los patrones generalizadamente esperados en relación con otras estadísticas, resulta sorprendente que entre las mujeres el porcentaje llegue al 39%. Según Gabriela Rodriguez, este porcentaje “podría deberse al creciente protagonismo de las mujeres en el espacio público, sobre todo en tanto sujeto político que reclama por derechos concretos y específicos”. Sin embargo,el estudio también admite otras vías de indagación posibles. Hacia futuro, valdría la pena preguntarse qué diferencias existen entre este tipo de agravios institucionales y los que reciben las estudiantes que ejercen la prostitución .
Las violencias mencionadas no se solucionan con cárcel o castigos. La violencia de género tiene por causa, bastante incontestable a estas alturas, un sistema simbólico que jerarquiza valorativamente lo masculino y heterosexual por encima de lo femenino, LGBT+. La violencia policial hacia jóvenes por su origen social, modo de vestir, color de piel, tiene por causa una construcción absolutamente ficcional de que la “inseguridad” la originan ellos, cuando en realidad son quienes más padecen violencias y falta de oportunidades.
Para desmontar estas ideas instaladas no puede más que llevarse adelante la tarea de la educación sexual integral y la formación de la ciudadanía en una perspectiva seria de derechos y género. Y por eso, desde el Programa de Estudios de Género (PEG) y desde el Programa de Derechos Humanos, nos hemos embarcado en la tarea de capacitar a nuestra ciudadanía (Ley Micaela, Capacitaciones en DDHH, Diplomatura en Género y Salud, Diplomatura en ESI, Cursos de formación docente en ambas temáticas).
Por supuesto, también la universidad debe actuar ante la violencia concreta. De allí que existe un Equipo Técnico de Intervención (ETI) que aplica el “Protocolo de actuación ante situaciones de violencia de género o discriminación por género” de la UNAJ, procurando distintas estrategias de reparación que eluden la punición siempre que es posible.
Estas políticas resultan fundamentales, pero con ellas no alcanza para una comunidad igualitaria. Las desventajas que atraviesan los distintos colectivos en nuestras sociedades también se experimentan en la UNAJ. En la universidad también se incurre en exclusiones, estigmatizaciones e invisibilizaciones de género o por orientación sexual, capacitistas, etnocentristas, racistas y gordofóbicas.
Desigualdades económicas y división sexual del trabajo
El “Diagnóstico de la situación de las mujeres rurales y urbanas, y disidencias en el contexto de COVID-19”, publicado en julio de 2020 por el MinCyT, vuelve sobre un problema ahora profundizado con la pandemia: las mujeres (categoría que incluye en el informe a la población cis, trans, urbana, migrante y/u originaria) se empobrecieron más que los varones. Hay distintos motivos, pero fundamentalmente se trata de que las mujeres y la población trans son quienes mayoritariamente pueblan las ramas del empleo informal y/o precarizado, que fue el primero en caer en desgracia en 2020. Las personas brutalmente excluidas del mercado laboral (como es el caso del colectivo trans, especialmente el femenino) perdieron su única o principal fuente de ingresos con la prohibición de la circulación. Además las tareas de cuidado se intensificaron y, como es de esperarse, fueron las mujeres quienes las tomaron a cargo mayoritariamente.
El problema de la división sexual del trabajo y el trabajo no remunerado o mal reconocido de las mujeres se observa en la universidad de modo patente desde hace ya varios años. En su tesis de licenciatura en Relaciones del Trabajo, Ruth Becker se dedica a mostrar cómo esta división sexual de actividades se refleja en la generización por carreras de la UNAJ. El Instituto de Ingeniería y Agronomía se encuentra altamente masculinizado, con un 80% de estudiantes varones, mientras que el Instituto de Ciencias de la Salud está compuesto por un 78,6% de estudiantes mujeres, y el de Ciencias Sociales por un 69,5% de mujeres y un 30,5% de varones.
En cuanto a la administración del tiempo, entre estudio, trabajo formal, cuidados y ocio, una investigaciòn realizada por el PEG en 2015, en el que se realizaron entrevistas en profundidad a estudiantes, demuestra que, pese a la incorporación de la perspectiva de género por parte de muchas estudiantes (un aprendizaje que adjudican al pasaje por la universidad), esto no impacta inmediatamente en una reorganización más equitativa de las tareas de cuidado con los varones – jefes de hogar (Losiggio, Otero, Pérez y Solana, 2018).
Otra investigación realizada en el marco del PEG por Leticia Cerezo, Cecilia Cross, María Pozzio y Alejandra Almirón y basada en una encuesta a 398 estudiantes de la UNAJ, permite observar la experiencia universitaria de nuestras estudiantes en términos de “pobreza de tiempo”: las mujeres son quienes más horas dedican a la limpieza, cuidado de personas y apoyo escolar (en ocasiones duplicando o triplicando la dedicación a estas tareas por parte de los varones).
En una palabra, las mujeres que estudian tienen menos tiempo o un tiempo de peor calidad que los varones para dedicarle al estudio; esto sin dudas dificulta las trayectorias educativas. Las universidades debemos dar respuestas a las exclusiones del mercado laboral, la división sexual del trabajo, la feminización y privatización de los cuidados, mediante políticas como la adecuación a la Ley de cupo trans, la oferta de lactarios, las ayudas económicas para los cuidados (como las Becas Madres y Padres) o los espacios de primera infancia y programas de incentivo a los estudios superiores con perspectiva de género que apunten a la desgenerización de las carreras.
Etnocentrismo, capacitismo
Vayamos a la cuestión de la diversidad cultural. La Guía para la comunicación no excluyente, que co-editamos junto a Mónica Garbarini y Ernesto Benítez y que fue aprobada por el Consejo Superior de la UNAJ el último diciembre, sugiere que nuestro lenguaje cotidiano –más allá del masculino genérico sobre el que existe un extenso debate– está plagado de metáforas y alusiones sumamente discriminatorias; de expresiones –bienintencionadas muchas veces– que recurren a discapacidades, fisonomías físicas o nacionalidades como términos peyorativos. En otras ocasiones, lxs hablantes de la lengua hegemónica (en nuestro caso, el español), la entienden como universal y pierden de vista la pluralidad de lenguas existentes en los distintos ámbitos sociales.
Por caso, el guaraní y la Lengua de Señas Argentina (LSA) tienen una relevancia absolutamente invisibilizada en nuestras prácticas académicas cotidianas, tal como lo ha estudiado Libertad Fructuoso, profesora del Instituto de Estudios Iniciales, en el marco de un UNAJ-Investiga 2017-2020. Según lo estudia Fructuoso, la LSA y el guaraní constituyen la primera o segunda lengua de un atendible porcentaje de estudiantes de UNAJ. La universidad puede reforzar exclusiones si no toma en cuenta la diversidad lingüística. Frente a esta situación y tal como lo viene planteando el Programa para el Fortalecimiento de la Lectura y la Escritura (PROFLE) se vuelve urgente y necesario un acompañamiento de los procesos académicos que comprenda verdaderamente las dificultades gramaticales que el español presenta (entre otros casos) a lxs hablantes de otras lenguas.
Asimismo, el Departamento de Orientación Educativa viene trabajando intensamente en la inclusión de personas con discapacidades, procurando facilitar materiales y accesibilidad a la aulas; proveyendo interpretaciones del español a la LSA y, en el contexto actual, de barbijos con visores transparentes para permitir la lectura de labios.
Se trata ahora de reforzar, centralizar, articular y jerarquizar estas acciones.
Para finalizar…
La universidad debe otorgar un lugar privilegiado a la sensibilización ciudadana sobre derechos, la visibilización de microviolencias, la reparación de colectivos hasta hoy excluidos. Si bien ella no se encuentra exenta de las violencias y desigualdades sociales, es aquí donde se han producido los diagnósticos que argumentan con sobradas pruebas la necesidad histórica de dar respuestas. La voluntad de revertir esas injusticias se concreta hoy en la creación de la Dirección de Género, Diversidad y Derechos Humanos.
Acerca de la autora / Daniela Losiggio
Directora de Género, Diversidad y Derechos Humanos de la UNAJ. Docente en UNAJ y UBA e Investigadora Asistente del CONICET
