A comienzos del siglo XX la farmacología científica estaba aún en sus comienzos. Las industrias instaladas en ciertos países europeos -Suiza y Alemania particularmente- y en EE.UU. encaraban ya la producción de medicamentos en escala amplia, aprovechando los avances del conocimiento científico. En Argentina, aunque con menor grado de desarrollo, las preparaciones farmacéuticas y especialidades medicinales comenzaban a adquirir cierta presencia como actividad económica. En este sentido, en las últimas décadas del siglo XIX existían en nuestro país algunos boticarios que producían “remedios oficiales”, denominación derivada de la oficina de la botica donde se producían de manera artesanal medicamentos por encargo. En las primeras décadas del siglo XX un conjunto considerable de laboratorios internacionales operaba en el país. Sin embargo, lo hacían sobre la base de establecimientos que comenzaron siendo casas comerciales de importación y distribución de productos, por lo que durante años tuvieron gran significación comercial y mucho menos industrial. Se ha constatado que en 1905 nuestro país importaba el 86 % de los medicamentos que consumía.
En ese entonces la regulación existente en cuanto a patentes, Ley de Patentes de Invención n° 111 de 1864, no era exclusiva de la actividad farmacéutica. Pero fue la que rigió hasta la sanción de la Ley de Patentes Farmacéuticas de 1995 que entró en vigencia en el año 2000. Es justamente esta reglamentación la que permitió durante muchas décadas que laboratorios nacionales copiaran la formulación de las composiciones farmacéuticas hechas por laboratorios extranjeros que se hallaban “publicadas suficientemente” tal y como lo indicaba la ley sin pagar patentes de invención. Ello permitió a lo largo del siglo XX que los laboratorios nacionales tuvieran libre acceso a las formulaciones extranjeras y locales, y los habilitó a competir con ventajas en el mercado interno y a nivel regional. Esto trajo aparejado un conjunto de críticas respecto de la innovación en las empresas farmacéuticas de capitales nacionales; sin embargo, no obturó que algunos laboratorios nacionales invirtieran con éxito en I+D. Desde algunos sectores, especialmente los vinculados con los grandes laboratorios extranjeros, se consideró que en el mercado local la mayoría de los laboratorios nacionales competían sin hacerse cargo de los costos y del riesgo de la investigación y el desarrollo.
Al desatarse la Primera Guerra Mundial en 1914 se generaron problemas en el abastecimiento de medicamentos, en este sentido el accionar del recién creado Instituto Bacteriológico es de interés. Este instituto se proveía gratuitamente de glándulas en los mataderos municipales y con ellas fabricaba sueros, vacunas y productos opoterápicos.
En los años veinte la llegada de capitales estadounidenses y alemanes fue importante y tanto unos como otros eran líderes en la producción, la investigación y el desarrollo de la industria farmoquímica a nivel mundial. El capital estadounidense (que hasta 1914 tenía una implantación significativa solo en los frigoríficos) experimentó a partir de la década de 1920 una importante expansión. Se registró una diversificación en las ramas de actividad económica, ampliándose desde las clásicas de bebidas y alimentación a otras más novedosas como la automotriz, la química, la farmacéutica y la de artefactos eléctricos, entre otras.
Por su parte, los capitalistas alemanes consideraron que podían obtener importantes ventajas de tarifa y cambio instalando fábricas alemanas en Argentina. Fue así como entre 1919 y 1928 se fundaron unas noventa sucursales alemanas en nuestro país, entre las cuales se encontraban en el sector farmacéutico Schering, Merck y Bayer. Estas firmas elaboraron y distribuyeron al principio productos semiterminados de ultramar; luego, reinvirtieron las ganancias, aumentaron su capacidad y hacia fines de la década del treinta ya habían colmado la demanda argentina y exportaban a países vecinos. De la década de 1920 data la cámara empresarial más antigua con la que cuenta el sector en Argentina, se trata de la Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEMe) creada en 1925. Además, en esa misma década se produjo insulina por primera vez en el país, tan sólo un año después que en Estados Unidos. Se elaboró en una institución pública: el laboratorio de la Sección Sueroterapia del Departamento Nacional de Higiene, por el Doctor Sordelli y el Doctor Deulefeu. No obstante, desde el comienzo la producción local de insulina se concentró en unas pocas grandes empresas, parte de ellas filiales de firmas extranjeras.
En la década de 1930 laboratorios como Roche, Ciba, Upjohn, Abbot, Johnson y Johnson y Lepetit, entre otros, pasaron a producir localmente el producto final aunque operando casi íntegramente sobre la base de insumos intermedios importados y excipientes complementarios adquiridos localmente. El ritmo del proceso sustitutivo de importaciones de productos medicinales terminados fue relativamente rápido en comparación con otros países de América Latina. Como ya se ha señalado, en 1905 nuestro país importaba el 86 % de los medicamentos que consumía; en 1919 ese porcentaje disminuyó al 23 %, lo que significa que el 77 % restante se producía internamente; ya en 1942 la industria local producía el 96% de las especialidades medicinales que se comercializaban. Sin embargo, la mayor parte de las drogas y principios activos básicos eran de origen extranjero.
Durante los años cuarenta, debido a las exigencias bélicas, la industria farmacéutica internacional sufrió alteraciones sin precedentes en su estructura tecnológica. En ese entonces se produjo la revolución en materia de producción de antibióticos a nivel mundial: se trata de la producción en escala de penicilina. En cuanto a la industria farmoquímica argentina, al promediar la década de 1940 se inició la fabricación de antibióticos a nivel local y en esos años se habían comenzado algunas exportaciones de remedios hacia América Latina.
Con el objeto de regular la producción de medicamentos y en estrecha relación con la política de salud pública impulsada por Ramón Carrillo el Estado peronista creó una serie de normativas. Se promovió con carácter prioritario el objetivo social y la fabricación de medicamentos quedaba subordinada a dicho propósito; por tal motivo, es posible pensar que la política de redistribución marcaba el rumbo de las acciones.
Al mismo tiempo, la creación de Especialidades Medicinales del Estado (EMESTA) en el contexto de la primera presidencia de Perón marcó la intención por producir medicamentos que llegaran a la población a menor costo. La evidencia empírica no permite constatar en qué medida produjo medicamentos, pero sí puede afirmarse que esta entidad distribuía productos de uso frecuente de diferentes laboratorios a un precio menor que el de plaza por lo que actuaba como un regulador. Además, resulta relevante destacar en este mismo sentido que en 1947 el Estado de la provincia de Santa Fe instaló una especie de fábrica de medicamentos que se denominó Laboratorio Industrial Farmacéutico (LIF), establecimiento de producción pública de medicamentos que a pesar de los contextos cambiantes ha seguido funcionando.
A su vez, hacia mediados de la década de 1940 dos laboratorios nacionales, el Instituto Massone y Laboratorios OCEFA, realizaban experimentos en sus departamentos científicos para elaborar antibióticos. Paralelamente, en 1945 los laboratorios E.R. Squibb & Sons Argentina introdujeron en nuestro país las primeras partidas de penicilina producidas con el nuevo método en su casa matriz de Estados Unidos. Dos años más tarde, el gobierno argentino declaró de interés nacional la producción de penicilina y otorgó una serie de franquicias a Squibb para la libre importación de maquinaria e instrumental científico. Esto estuvo en vinculación con el trato cerrado por el gobierno nacional con ese laboratorio extranjero (y también con Lepetit) para realizar la producción local de antibióticos, situación que generó algunos conflictos con los laboratorios nacionales antes mencionados. Ya en 1953 el ingreso de la extranjera Parke–Davis al mercado doméstico de antibióticos complejizó el panorama, pues al ofrecer esta empresa la droga básica a granel a los diversos laboratorios de plaza quedaba obturado el acuerdo que regía para la producción y distribución de antibióticos vigente hasta ese momento.
También es importante destacar que en el transcurso de la Primera y la Segunda Presidencia de Perón el Estado utilizó para la producción de fármacos las instalaciones de las empresas farmacéuticas de origen alemán (Schering, Bayer, Merck, Behring y Laboratorio Químico Biológico) que habían sido expropiadas en 1946. A partir de 1947 quedaron bajo la órbita de la Dirección Nacional de Industrias del Estado (DI.N.I.E). Esto adquiere relevancia en la medida que también contribuyó a la implementación de políticas de regulación de precios y control del mercado con relación a los medicamentos.
Durante el gobierno de Arturo Frondizi, a partir de las leyes de “Radicación de Capitales Extranjeros” 14.780 y de “Promoción Industrial” 14.781 (esta última sancionada a principios de 1959), una cantidad muy importante de laboratorios extranjeros presentaron en solicitud de radicación, de modernización de plantas ya existentes o de introducción de nuevos productos a la línea de medicamentos ya fabricada o de apertura de nuevas instalaciones. En 1964, también durante un gobierno surgido de un proceso eleccionario: la presidencia de Arturo Illia, se sancionaron las leyes números 16.462 y 16.463 conocidas como Ley Oñativia, por haber sido impulsadas por el Ministro Arturo Oñativia. Esta legislación establecía regulaciones sobre drogas, productos químicos, reactivos, formas farmacéuticas, medicamentos, elementos de diagnóstico y todo otro producto de uso y aplicación en la medicina humana. Así, establecía, entre otras cuestiones, la regulación de la importación y exportación de estos bienes, la determinación de los rubros que incidían en los costos para fijar los márgenes de beneficios que se consideraran lícitos, los precios de venta en todo el país de los productos comprendidos en la ley reajustándolos conforme a las oscilaciones del costo real, de oficio o a pedido de parte interesada. Los laboratorios extranjeros reaccionaron desfavorablemente hacia esta normativa, ejerciendo presiones sobre la presidencia de Illia y una vez producido el golpe de Estado de 1966 el gobierno dictatorial dejó sin efecto las regulaciones establecidas.
Asimismo, la Ley Oñativia había establecido la creación del Instituto de Farmacología y Control de Drogas y Medicamentos tomando en cuenta un reclamo del sector en torno al control de la calidad de los remedios por parte del Estado que derivó en el Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología. Además, de 1964 data la creación de otra cámara empresarial que también existe hasta la actualidad, es la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos (CILFA). A su vez, un desprendimiento de ella dio lugar tiempo después a otra entidad cameral denominada COOPERALA que se ha dedicado especialmente a defender los intereses de las pymes farmacéuticas.
Es importante destacar aquí que en las décadas del sesenta y del setenta las compañías farmacéuticas de capital nacional se aprovisionaban de materias primas importándolas fundamentalmente de países que no reconocían patentes de invención como Hungría, Italia y España. Además de continuar el beneficio que otorgaba la aplicación de la mencionada Ley 111 de patentes de invención. Ya al promediar los años ´80 comenzó a consolidarse el ciclo de la concentración y de la extranjerización en la economía de nuestro país. El sector farmacéutico acompañó el fenómeno de la concentración, pero no así el de la extranjerización, pues antiguos laboratorios que fueron consiguiendo en los años siguientes proyección regional y, en algunos casos, internacional permanecieron en manos argentinas; por ejemplo, Laboratorios Roemmers (1921), Laboratorios Bagó (1934) y SIDUS (1938).
En la década del ´80 se produjo una significativa transferencia de líneas de productos de laboratorios multinacionales a laboratorios de capital nacional. Pero, a partir de 1991, cuando el sector se desreguló, tuvo lugar un movimiento inverso cuyo resultado fue que entre 1990 y el 2000 la participación en el mercado de las firmas nacionales se redujera del 56,9 % al 48, 5 % y, en paralelo, la participación de las multinacionales se incrementara del 43,1 % al 51, 5.
La desregulación que se produjo normativamente entre fines de 1989 y fines de 1990, dio como resultado un importante aumento en el precio relativo de los medicamentos y de la rentabilidad del sector farmacéutico. El argumento utilizado por el gobierno de Carlos Menem fue que una ampliación de la oferta local de medicamentos actuaría como disciplinador de las acciones empresarias. Se eliminaron las trabas a la importación y se bajaron los aranceles. A su vez, entre las reformas que se produjeron en los años ´90 se creó la ANMAT en reemplazo del Instituto Nacional de Farmacología y Bromatología, organismo que se ocupa de la regulación de medicamentos, alimentos y tecnología médica y es, por lo tanto, el órgano de contralor del sector.
En este contexto, las firmas farmacéuticas extranjeras presionaron para extender la vida útil de las patentes de invención y para elevar el grado de cobertura que las mismas alcanzaban internacionalmente. En 1996 se reglamentó la Ley 24572 que establecía que las patentes no serían otorgadas antes de los cincos años de la publicación de la norma en el Boletín Oficial, vencido ese plazo de transición se autorizaba a terceros que estuvieran haciendo uso del invento sin autorización del titular a continuar la explotación, abonando una retribución (Licencia Compulsiva Automática). Así, nuestro país pasó a ser el quinto más caro del mundo en el precio de los medicamentos, aumentando la inequidad en materia de salud. Esta situación se mantuvo con pocas oscilaciones hasta la devaluación del 2002. Conforme a valores del 2001, si bien el 97% del consumo correspondía a fabricación nacional, el mercado de medicamentos involucraba altas remesas al extranjero en concepto de importación de insumos así como de pago de regalías, tendencia que no ha sufrido modificaciones trascendentales.
La crisis del 2001 puso en evidencia la urgencia de políticas destinadas a reducir la exclusión social. Los cambios políticos operados a partir de ese momento crearon las condiciones favorables para la sanción de la Ley 25.649 de Promoción de la utilización de medicamentos por su nombre genérico puesta en vigencia en el 2002, cuyo objetivo fue introducir la competencia por precio y no sólo por marca y abrió paso a la proliferación de instituciones/laboratorios de producción o distribución de este tipo de bienes. Un medicamento genérico es la especialidad con la misma forma farmacéutica e igual composición cualitativa y cuantitativa en sustancias medicinales que otra especialidad de referencia, cuyo perfil de eficacia y seguridad está suficientemente establecido por su continuado uso clínico. Además, habiendo demostrado una bioequivalencia con los productos de referencia, su precio es inferior al del producto original. La prescripción por nombre genérico facilita la identificación del grupo químico del medicamento, ampliando la oferta al considerar el nombre del principio activo en lugar de diversas marcas comerciales.
Paralelamente, desde la última década del siglo XX se fueron incrementando las instituciones y laboratorios de producción pública de medicamentos. Esto se presentó incluso como una respuesta a la situación de la crisis económica del 2001 y sus consecuencias sociales. Esta producción se realiza en laboratorios de distintas jurisdicciones que producen o tienen capacidad para elaborar medicamentos. Se trata de Buenos Aires, Córdoba, San Juan, San Luis, Entre Ríos, La Pampa. Misiones, Salta, Mendoza, Formosa, Río Negro, Tucumán y Santa Fe. Cuentan con diversas estructuras y estatus jurídicos y, si bien el nivel de incidencia es menor, el objetivo ha sido generar un mayor y mejor acceso a los medicamentos por parte de la población. Queda puesta de manifiesto, entonces, la tensión entre el mercado y las regulaciones del Estado que cruza la historia de la producción de medicamentos en Argentina; evidenciando elementos de continuidad en políticas públicas puestas en práctica desde el área de salud para el sector farmacéutico.
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Acerca de la autora / Viviana Román
Historiadora (UBA), Magíster en Historia (Universidad Torcuato Di Tella). Profesora Adjunta Regular en la Facultad de Ciencias Económicas (U.B.A.), Profesora Titular en la Universidad Nacional de Tres de Febrero (UNTREF). Directora de Proyectos de Investigación UBACYT y UNTREF. Es autora de diversas publicaciones en revistas nacionales e internacionales, de libros y de capítulos de libros en el área de la Historia Económica y de la Historia de Empresas.
