¿Existen deudas del Estado con los veteranos de guerra? En cada aniversario el centro de la conmemoración lo ocupan los anuncios de políticas reparadoras. ¿Qué ha pasado entonces con las reivindicaciones de los ex combatientes a lo largo de cuarenta años?
El año pasado, en la víspera del 39º aniversario de la recuperación de Malvinas por parte de las Fuerzas Armadas argentinas, el presidente Alberto Fernández anunció que enviaría al Congreso tres proyectos de leyes en beneficio de las veteranas y los veteranos de la guerra. Al tomar la palabra, Fernández aseguró que “la sociedad argentina y el Estado nacional todavía tienen muchas deudas que pagar a quienes lucharon y protagonizaron aquel conflicto en defensa de los intereses argentinos” y que debía avanzarse “rápidamente en poner a esos héroes en el lugar que les corresponde y no basta con llamarlos héroes, hay que hacerles más fácil la vida después de lo que les tocó vivir y es esa la obligación que tenemos”.
Creo que hay, al menos, tres cuestiones que remarcar sobre los proyectos anunciados. La primera es que no pasaron del anuncio ya que, llegados a diciembre de 2021, nunca fueron presentados. La segunda es el objetivo: uno de ellos implicaba revisar el veto parcial que hizo en diciembre de 2016 el ex presidente Mauricio Macri al régimen de jubilación excepcional para excombatientes que impidió superar las dos jubilaciones mínimas; otro, darle carácter de ley al Programa Nacional de Atención al Veterano de Guerra a cargo del PAMI; y el último, eximir del pago de peajes en rutas y autopistas nacionales a los ex soldados conscriptos y civiles reconocidos como veteranos. La tercera cuestión, y en la que me gustaría hacer hincapié, es ¿por qué, el presidente de la Nación, llegando casi a las cuatro décadas de la caída de Puerto Argentino, afirma que desde la sociedad y el Estado aún tenemos deudas con quienes lucharon en Malvinas?
Este tipo de declaraciones se han convertido en un lugar común, en una forma de dirigirse a los veteranos y las veteranas especialmente, elegida por quienes detentan cargos de poder político, desde legisladores y legisladoras, pasando por quienes ocupan puestos en ministerios, intendencias, gobernaciones y presidencias. Lo que intento señalar no es el grado de veracidad o falsedad de estas declaraciones, sino cómo han funcionado a lo largo de cuarenta años como una verdad autoevidente, obturando la reflexión sobre las formas en que tenemos naturalizada nuestra mirada sobre quienes guerrearon para las armas argentinas en el otoño del 82.
El ¿abandono estatal?
La ausencia y el abandono estatal (dos de las caras de la deuda) operan como un pathos toda vez que una autoridad política toma la palabra para hablar de la veteranía malvinera. Pero también fueron y son parte de los recursos utilizados por las organizaciones de veteranos, excombatientes y otros ex soldados vinculados al conflicto bélico para conseguir mejoras para su sector. Sin embargo, si hacemos un relevamiento de los instrumentos jurídicos producidos para otorgar beneficios y derechos, solamente a nivel del Estado nacional, nos toparemos con que entre 1982 y 2017 se aprobaron 44 leyes y se emitieron 46 decretos y 50 resoluciones y otros similares que afectaron a los veteranos y las veteranas, sus familias y las familias de los caídos en la guerra. Haciendo un ejercicio similar, pero mirando proyectos de las cámaras de senadores y diputados en 2021, nos encontramos con 117 proyectos sobre Malvinas en la cámara baja, de los cuales 32 incluyen a los veteranos como objeto, mientras que en el Senado podemos ver 53 proyectos sobre Malvinas, 10 de los cuales intentan afectar la vida de quienes fueron a la guerra. Por efecto de la efeméride, los números seguramente se duplicarán en 2022.
Este volumen legal -que no incluye todos los proyectos presentados desde 1984 y tampoco las leyes y decretos provinciales- muestra una progresiva y permanente producción estatal que busca saldar esa deuda en diferentes aspectos; desde reconocimientos simbólicos hasta intervenciones sobre la salud, la educación, el trabajo y los ingresos, entre otras condiciones materiales. La productividad crece, pero los argumentos para aprobar leyes y decretos se sostienen sobre los dos elementos señalados por el presidente Fernández: la deuda y la mejora de la vida (basta mirar una fundamentación al azar de cualquiera de los proyectos en torno a los veteranos).
Breve historia de la estabilización de un problema
Con el fin de la guerra en junio de 1982 inició la desmovilización de más de 23.000 hombres y mujeres enviados al Teatro de Operaciones del Atlántico Sur (TOAS) y las bases del Sur, incluyendo soldados, civiles de apoyo, oficiales y suboficiales de las tres Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad. Algunos volvieron a sus asientos de paz, otros a centros de recuperación como el instalado en Campo de Mayo, algunos regresaron a sus regimientos para continuar con el servicio militar y otros más fueron enviados a sus hogares. La vuelta fue diversa, dispar, con experiencias múltiples al igual que los días de guerra. Sin embargo, comenzó allí un proceso nuevo, sin precedentes, que involucraba una pregunta: cómo se debía actuar con esta masa humana, de la cual más del 50% era civil, en un contexto de inestabilidad política, económica y militar que daba luz a un proceso que inexorablemente cambiaría las condiciones previas a la guerra.
La nueva cúpula de la Junta Militar, encabezada por Reynaldo Bignone tras la renuncia de Leopoldo Galtieri, puso a los combatientes entre los problemas a solucionar si quería establecerse una vuelta ordenada y mantener la credibilidad de las Fuerzas Armadas. Para ello basta mirar las Actas de reunión de la Junta Militar donde este tema era recurrente, las órdenes especiales del Ejército que sugerían atención médica, educativa, social, laboral y sobre todo propiciaban campañas de reconocimiento, o las leyes aprobadas como las de resarcimiento ante incapacidades producidas por acciones bélicas o las que posibilitaban que hermanos de soldados caídos en la guerra fueran exentos del Servicio Militar Obligatorio. En estas primeras prácticas se fue estabilizando una manera de pensar a los veteranos o excombatientes como un problema político, un escollo que debía sortearse de la forma más paternalista posible.
Esta situación no se modificó con la vuelta de la democracia, como podemos ver en las presentaciones de proyectos sobre la situación sanitaria o condecoraciones presentadas en diciembre de 1983, o la aprobación de la ley 23.109 en septiembre de 1984, que otorgó beneficios médicos, educativos, habitacionales y laborales a los ex soldados. Estos procesos fueron impulsados y acompañados por las primeras organizaciones de excombatientes, y tuvieron como telón de fondo el debate público sobre los horrores cometidos por el Proceso de Reorganización Nacional, la inestabilidad económica, los levantamientos carapintadas. Considero que este fue un período crítico en la estabilización que intento señalar, ya que la ley de beneficios, si bien aprobada, recién tuvo un decreto de implementación en 1988. En esos cuatro años, las organizaciones de excombatientes habían conformado una Coordinadora Nacional y reclamaban su lugar en la memoria pública, la imagen de jóvenes ex soldados repartiendo calcomanías se multiplicaban en diversas ciudades, las Fuerzas Armadas sufrían un desgranamiento de oficiales y suboficiales jóvenes por su pérdida de prestigio, Alfonsín había denominado héroes de Malvinas a los rebeldes encabezados por Aldo Rico, mientras en las Cámaras legislativas diversos diputados reclamaban que la ley de 1984 fuera implementada.
Por ejemplo, el senador Oraldo Britos, uno de los redactores del proyecto original, reclamó la reglamentación en septiembre de 1985 con palabras muy similares a las del presidente Alberto Fernández: “nuestra sociedad toda está en deuda con los soldados que todo lo brindaron para defender a la patria de los designios del colonialismo inglés (…) un derecho que estos jóvenes se han ganado ofrendando su vida y su salud en defensa de la Nación, y el agradecimiento de ésta debe mostrarse con la misma grandeza que ellos demostraron”. Lejos de ser un caso aislado, este tipo de argumentos se repetiría constantemente en los fundamentos, discursos, considerandos de otras leyes y decretos.
Con la implementación fragmentaria de la ley 23.109 (entre otras cosas nunca se realizó una convocatoria nacional para llevar adelante controles médicos), las décadas posteriores trajeron un sinfín de instrumentos legales: pensiones, programas de salud, becas, protecciones laborales, salarios adicionales, hasta la jubilación anticipada aprobada en 2016 y promulgada con veto parcial. Este crecimiento fue acompañado de uno de sus argumentos más firmes: la necesidad de reintegrar a estas personas que la guerra dejó en los márgenes de la sociedad, lo que se traduce en una deuda pendiente, nunca saldada y probablemente insalvable.
Este argumento es difícil de mover y nos induce a mirar a los y las veteranas, sobre todo a quienes no formaban parte regular de las Fuerzas Armadas, como marginales, como parte de los desclasados argentinos, ubicados en simultáneo en unos bordes extraños. Dentro de la Nación, por seguir la línea de héroes de las gestas nacionales; pero fuera de la sociedad, por la necesidad recurrente de traerlos, reinsertarlos, reintegrarlos. Tal vez sea tiempo de dejar de ubicarlos allí, correrse del facilismo de la víctima siempre al borde de la muerte y la exclusión, sin que eso signifique abandonar el cuidado que el Estado está obligado a brindarles por sus servicios y entrega. Quienes ocupan posiciones de poder y decisión (y los que estudiamos lo que ellos y ellas hacen) no pueden obviar el hecho de que los protagonistas de la guerra conciban un Estado ausente, pero eso no implica reproducir sentidos comunes de largo arrastre. Mirar a la Guerra de Malvinas tras los cuarenta años de producida, sin lugar a dudas nos obliga a romper con todo aquello que obtura el pensamiento sobre lo acontecido antes, durante y después.
Acerca del autor / Daniel Chao
Doctor en Ciencias Sociales (UNER). Docente de la Universidad Nacional del Nordeste e Investigador del CONICET (IIGHI)- UNNE. Autor de ¿Qué hacer con los héroes? Los veteranos de Malvinas como problema de Estado (2021).
