Notas

EL COVID-19 Y LOS PUEBLOS ORIGINARIOS

La relativa igualdad

Por Micaela Martínez y Adrián Muracciole

La desigualdad social propia del capitalismo hace que la pandemia afecte de manera despareja a distintos grupos humanos. Un punto de vista federal acerca de las políticas publicas y el Covid-19  en torno a las comunidades de los pueblos índigenas de Formosa

 

 

“Viene bajando el obrero 
Casi arrastrando sus pasos
Por el peso del sufrir
Mira que es mucho sufrir
Mira que pesa el sufrir…”

Alí Primera

 

La pandemia ha dejado al descubierto cuestiones que desatan toda clase de debates: las políticas públicas, las ausencias, el mercado, la vacuna, la muerte, la cuarentena, el comunismo, la economía. En esta nueva normalidad, que aún no se ha instaurado del todo y de la que tampoco sabemos mucho, nos hemos vuelto especialistas en diferenciar “aislamiento” de “cuarentena” y “distanciamiento social”     

Lo más probable es que mientras escribimos esto los datos vuelvan a modificarse, ciertas provincias vuelvan a aislarse mientras otras deciden salir a la calle. En tiempos de epidemia todo cambia tan rápido que incluso aprendimos a dejar de pensar en los días como la única forma de organizar rutinas de trabajo, para pasar a pensarnos y organizarnos en un tiempo diferente: cuarentena, cuatrimestres y recordatorios de zoom meeting. 

En esta vorágine, proponemos desandar algunos caminos que nos permitan pensar nuestra provincia, Formosa, y transmitir nuestra experiencia local, desde lo que ocurre en el resto del mundo.  

En medio de todo este cambalache, hay cosas que no cambiaron y a las que nos urge nombrar para darles entidad política. A sabiendas que en el bazar de los discursos preformados cada persona elegirá el poncho que mejor le quede: Neoliberales justificando desigualdades; darwinismo social; socialismo; peronismo. Caminamos en un gran Mercadito que repite a coro: “¿Qué anda buscando? Pregunte sin compromiso que se lo conseguimos”.

No es ninguna novedad que en esta pandemia, como sucede con todos los males sociales del capitalismo, los sectores vulnerables tienen más probabilidades de contagiarse y morir. Y sin embargo, lo que nos resulta alarmante es que los datos de esta desigualdad sean de acceso público sin por ello provocar transformaciones estructurales en los Estados ni grandes movilizaciones sociales de protesta. 

En Inglaterra, cuna del liberalismo, entre los habitantes de los barrios más pobres la mortalidad por COVID-19 es 112% mayor a la que existe en los barrios más ricos; en España los pobres tienen cinco veces más posibilidades de contagiarse que los ricos. En Estados Unidos, se reproduce la misma situación, por cada muerto en Manhattan hay dos en Brooklyn. La principal diferencia es el racismo sistémico. En un Estado de fuerte tradición segregacionista como Mississippi la muerte entre los afroamericanos es 155% superior a la de la población blanca.

Y si hablamos de liberalismo y desigualdad, en Argentina no podemos dejar de mencionar a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En la capital, los contagios son 13 veces más altos en las villas que en el resto de la ciudad, así como la tasa de muertes en barrios vulnerables es un 388% más alta.

Las causas de estas situaciones son comunes en todos los casos. Se caracterizan por la falta de acceso a políticas públicas que sufren algunos grupos sociales. Los sectores populares, que son en general los que realizan la mayoría de los servicios esenciales, no han sido provistos por las empresas del equipamiento necesario para su protección contra la enfermedad. Otra situación que agrava las desigualdades es el tipo de atención sanitaria en el marco de sistemas de salud fuertemente privatizados o desarticulados. Por último, en el mundo globalizado, las ayudas financieras son mayormente apropiadas, de manera directa o indirecta, por las grandes corporaciones mediante el lobby, las prácticas abusivas, o más crudamente por la existencia de programas que las protegen explícitamente.

¿Por qué Inglaterra, Estados Unidos y en menor medida Buenos Aires no tienen problemas de mostrar/hacer visibles  sus estadísticas? ¿Por qué esto no nos moviliza? ¿Cuáles son las razones de esta naturalización?  Nos preguntamos, por otra parte, acerca de las razones por las que no conseguimos datos oficiales de esta desigualdad manifiesta para países como Perú, Chile, Ecuador o Brasil.      

Nuestra hipótesis explicativa se centra en la construcción de hegemonía, en la capacidad de articular consensos que tienen las políticas de la derecha, o de reprimir  cuando no los logra. 

La no divulgación de los datos desagregados por parte de algunos países, creemos que refleja la existencia de una desigualdad extrema sobre la que no existe consenso social. En este sentido los países centrales muestran abiertamente sus estadísticas, no porque sean mejores ni porque sean menos desiguales, sino porque su desigualdad está legitimada socialmente. Las élites económicas lograron consenso social al imponer su proyecto hegemónico a diferencia de lo que sucedió en Latinoamérica, una tierra cuya historia está signada por golpes de Estado, represión y democracias limitadas.

     En Perú, más de 6.000.000 de personas se autoidentifican como descendientes de pueblos indígenas. De ellos 4.300.000 hablan alguno de los 47 idiomas presentes en el país. Los datos oficiales sobre el Covid-19 indican que hay más de 384.000 infectados y más de 18.000 muertos sin hacer referencia alguna al componente étnico. Los muertos, muertos están, claro. ¿Pero a quién le tocó entregar los cuerpos en esta pandemia? Ante la pregunta, la única respuesta que conseguimos es la de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica que el 23 de junio informaba de más de 3.000 infectados y 369 fallecidos en esa zona. Los escasos datos hacen imposible evaluar la existencia o no de desigualdad en el acceso a los medios de cuidado contra el Covid-19.

En Brasil, más de 900.000 indígenas habitan unos de 690 territorios. Si allí poco se sabe acerca de cómo afrontar la enfermedad, mucho menos de la cantidad de contagiados y muertos.

Según la CEPAL, el 62% de la población boliviana es indígena. Sin embargo, no tenemos información acerca de cuántos indígenas contagiados hay entre los más de 69.000 infectados de ese país y los 2.500 muertos, entre los cuales se cuentan varios cadáveres abandonados en las calles en estado de putrefacción. Para muchas muertes ni siquiera se ha confirmado la causa  por falta de testeo.

La ausencia de datos ciertos sobre la situación de los pueblos indígenas en América Latina es una nueva muestra de invisibilización de lo que ocurre en nuestros territorios. 

Si bien las diferencias étnicas y económicas son preexistentes al nuevo virus, las políticas públicas o su ausencia, como hemos mostrado, dejan a sectores de la sociedad a su entera suerte para combatirlo.

El gobierno de la provincia de Formosa ha sido tajante desde el inicio: cierre de límites, control estricto de ingresos, corredores sanitarios y organización comunitaria que, con los propios vaivenes de la duración de la cuarentena, ha acompañado las medidas del gobierno provincial. Específicamente haciendo referencia a los pueblos indígenas, aún no se ha registrado ningún caso en las comunidades. En las tierras de propiedad comunitaria notamos una gran preocupación por el ingreso de “criollos” proveedores de alimentos y un relajamiento      relativo cuando se trata de miembros de los diferentes grupos familiares ampliados que viven del otro lado de la línea imaginaria que separa Formosa de Salta, o del río Bermejo que separa los departamentos del oeste y el Chaco.

Gran parte de las comunidades indígenas se han integrado en los Consejos de Emergencias de las distintas localidades de la provincia. En ellos participan médicos, personal de seguridad, autoridades políticas y tradicionales, docentes indígenas y diversos referentes. Allí se van tomando decisiones para el ingreso ordenado a las tierras comunales, el control de los comerciantes e incluso la prohibición de la circulación por sendas. Las comisiones y los grupos organizados se nutren de las estrategias sanitarias del Consejo de Emergencia Provincial y las reeditan a sus realidades. 

Ningún Estado sabe de antemano cómo actuar frente a una pandemia específica como la del Covid-19; cómo cuidar, sostener y rearmarse para construir una “nueva normalidad”. En Argentina, las primeras decisiones se tomaron pensando en universos indiferenciados de personas a las que le cabrían las mismas reglas, adecuadas o no. Pequeños desajustes del federalismo que, como en el movimiento de un péndulo, decreto a decreto, fueron buscando volver a su posición de equilibrio. Por ejemplo, el desajuste de las condiciones de inscripción al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) pensadas para ciudadanos y ciudadanas con una computadora personal, acceso a Internet y CBU o en caso contrario, oficina de correo o cajero cercano. La vuelta al equilibrio llegó de la mano del Estado Provincial que, atento a lo que sucedía en comunidades del interior, se hizo eco de los cuestionamientos a los requisitos excluyentes de acceso buscando una solución federal en nuestro territorio.

Otra oscilación sucedió en mayo, cuando una nueva fase de la cuarentena permitió la reapertura de templos y lugares de culto junto a otras flexibilizaciones. El Consejo Provincial de Emergencias Covid-19 de Formosa estaba atiborrado de notas, pedidos y consultas de las comunidades indígenas sobre si ya podían realizarse celebraciones religiosas, y es que, en el contexto de las comunidades pensar mantener un banco de distancia, tener una puerta de ingreso y otra de salida, rezarle a una imagen o realizar una plegaria individual es comparable a proponer la construcción de una casa que no puede ser habitada. La solución, conversada y consensuada con el Consejo de Emergencia Provincial y las organizaciones locales, fue sencilla: por ahora no abrirlos. Casi en un homenaje a nuestro slogan de campaña: “Es con todos” o no es.

Acerca de la autora / Micaela Martínez

 

Técnica territorial de la Dirección de Asuntos Estratégicos de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Gobierno de Formosa.

Acerca del autor / Adrián Muracciole

 

Magister en Ciencias Sociales. Concejal de la Ciudad de Formosa (FDT)

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