Un balance de la situación del empleo en el sector público y privado desde la asunción del gobierno de Cambiemos. ¿Son los despidos en el sector privado el primer paso de una reconfiguración de la relación capital / trabajo?
La coalición Cambiemos ha superado airosamente la primera contienda electoral desde que es oficialismo. Una combinación de interpretaciones exageradas de sus debilidades y minimización de sus fortalezas, hacen que dicha performance parezca una “sorpresa”. Afortunadamente, comienza a buscarse una mejor caracterización de la fuerza política en el gobierno lo que, entre otros aspectos, impone rediscutir el carácter de sus políticas. Las páginas que siguen buscan hacer un aporte al diagnóstico sobre las políticas dirigidas al mercado de trabajo en particular, observando la dinámica del empleo y las relaciones laborales en la Argentina macrista. Para ello, con datos del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTEySS), se tomará en cuenta la trayectoria del empleo en el sector público y privado y reparará sobre el rol del Estado como árbitro, donde contribuye a determinar el poder relativo entre trabajo y el capital.
Hasta el momento, los balances políticos y económicos con frecuencia destacan la coherencia de las decisiones actuales de política pública con el cuerpo teórico e ideológico presente durante la Dictadura Cívico-Militar, o se las emparenta con la experiencia “consagratoria” del neoliberalismo durante los años noventa del siglo pasado. En ese sentido, el diagnóstico acerca del “achicamiento del Estado” en la gestión actual, aparece repetido en distintos medios de prensa (desde los comerciales a los populares o alternativos), y debates en el ámbito académico. Dicha afirmación, hace necesaria referencia a otros conceptos que se dan por comprendidos. Probablemente, aquí aparezca un primer problema en torno a la proposición de “achicamiento”: ¿qué factores o variables se están esgrimiendo/analizando? Aunque esta precisión en muchos casos no es explícita, se puede deducir de los propios textos: aparecen referencias concretas al despido de trabajadores del sector público y desmantelamiento de programas. Por tanto, en lo que al mercado de trabajo se refiere, la variable en cuestión sería el número de trabajadores estatales.
¿Un Estado más chico o más “indiferente”?
A pocos días del comienzo de la gestión, las rescisiones de contratos y despidos en el Senado de la Nación y el Programa Argentina Trabaja, junto con las alusiones a la “grasa militante” o los “ñoquis”, impusieron la discusión sobre el tamaño del Estado.
Nada es exagerado en términos de reacción popular cuando se trata de una avanzada en contra del empleo, los salarios y las condiciones de trabajo, como la que se vive por estos días. Sin embargo, debemos precisar hacia dónde reaccionar en cada momento.
La evolución del empleo público total (Estado nacional, provincial y municipal), a partir de 2016 muestra un leve incremento respecto de diciembre de 2015: de 3.090.200 trabajadores y trabajadoras, en mayo pasado el número se elevó a 3.144.800 (un 1.7% más, equivalente a 54.582 trabajadores asalariados, dependientes de organismos públicos). Asimismo, si observamos enero contra mismo mes del año anterior, el incremento de 2016 fue de un 1.4%.
Evolución del empleo público en términos porcentuales. Años 2012-2016
Fuente: elaboración propia en base a datos del MTEySS.
Al mismo tiempo, vale la pena analizar el desenvolvimiento del empleo tomando únicamente el Estado Nacional. Si bien el último dato publicado por el Ministerio de Trabajo es diciembre de 2016, puede verse que la caída provocada por la ola inicial de despidos se recupera a lo largo del año llegando a un valor del 0.2% más bajo (1.400 trabajadores menos). No obstante, dado que entre aquel momento y mayo de 2017 el empleo público total creció en 21.569 trabajadores, no parece alocado suponer que en el ámbito nacional los trabajadores son los mismos que los existentes al final de la gestión kirchnerista, o incluso más.
Por lo tanto, puede afirmarse que la principal diferencia en el empleo público a partir de la gestión macrista no es que comienza a caer sino que ralentiza su ritmo de crecimiento (explicado principalmente por incorporación de trabajadores en el nivel provincial y municipal). Ahora bien, la afirmación de achicamiento del Estado en relación con la dinámica del empleo público no se sostiene ni siquiera en lo referido al ámbito nacional. Una pequeña digresión en este punto: cerrado el año 2016 el consumo público exhibe una participación más alta en el PBI que la que exhibía en 2015 (3% más según datos del Ministerio de Economía) por lo que, a contramano del discurso de propios y extraños, aquí tampoco podría sostenerse la tesis de achicamiento.
Desde luego, el hecho de que no se esté produciendo tal achicamiento no significa que no se den otras transformaciones en torno al contenido del Estado, que afecten su funcionalidad y la del mercado de trabajo.
De lo público a lo privado
La actividad privada arrastraba desde el gobierno kirchnerista una situación delicada: con sus más y sus menos puede hablarse de estancamiento en lo relativo a nuevos puestos de trabajo asalariados formales desde el año 2012. Pocas semanas bastaron para que un nuevo diseño institucional permitiera que aquellas tensiones del mercado de trabajo se tradujeran en desempleo. El gobierno de Cambiemos dio las primeras señales a partir de los despidos, y para muchos ya no se necesitó ver más. Si el sector público despide, favorece las decisiones con las que el sector privado acompaña la destrucción de puestos de trabajo (1).
El panorama de señales puede completarse con decretos del Poder Ejecutivo como el veto de la ley “antidespidos” o la modificación de la ley de las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (se establece que los trabajadores estarán obligados a asistir a comisiones médicas, antes de comenzar un juicio contra la patronal), políticas con un definido cariz antiobrero.
Los resultados están a la vista: en el 2016, con caída del producto de 2,4%, se destruyeron 100.000 empleos privados registrados mientras que, al incorporar los trabajadores no registrados, el valor asciende a aproximadamente 360.000 (INDEC, tercer trimestre de 2016, versus mismo periodo de 2015). Ahora bien, el año 2014 tuvo una caída del PBI muy similar (2,5% según la revisión de las Cuentas Nacionales de 2016). Sin embargo, los despidos fueron 66.000, un número cinco veces menor al registrado en el período actual.
El aumento del desempleo privado se da al mismo tiempo que se verifica un cambio en la intervención del Ministerio de Trabajo ante los conflictos, otorgando mayores libertades para el cese de relaciones laborales. Con indemnizaciones acordadas y retiros voluntarios, las propuestas del Ministerio de Trabajo se centran en dar fluidez a los conflictos, a pesar del avance contra los puestos de trabajo (Observatorio del Derecho Social, 2016).
La cuenta es simple: si el Estado “habilita” los despidos la crisis será la justa razón para el rediseño de las unidades de negocios, la reconversión productiva (modificación de la relación capital-trabajo) o simplemente el ajuste del costo salarial (vía reducción del “stock” de trabajadores). Esto se puede corroborar cruzando en el análisis los despidos y el tamaño de las empresas. Las grandes (1.000 trabajadores o más), que en términos generales se supone que tienen mayores posibilidades de afrontar la merma económica, si bien explican el 17,3% del empleo registrado total, fueron responsables del 43% de los despidos en el empleo formal (Centro de Investigación y Formación de la República Argentina, 2017).
Para finalizar, hace unos meses Sergio Palazzo, titular del gremio de los bancarios, sintetizó muy bien la orientación del Ministerio de Trabajo en relación al acuerdo paritario firmado por el sector: “Triaca como árbitro me hace acordar a William Boo, se pone del lado de los malos”. Es decir, con señales claramente definidas a favor de los intereses del empresariado, coherentes entre el Poder Ejecutivo y los distintos Ministerios, el gobierno puede no avanzar decididamente sobre el empleo público y, al mismo tiempo, no intervenir en lo que suceda con el empleo privado. Así, logran que buena parte de los conflictos pasen por el costado.
Sin embargo, a pesar del escenario económico y político donde los conflictos por el empleo y los salarios se profundizarán, los trabajadores y trabajadoras de nuestro país saben de la construcción de un movimiento obrero y del tenor de las luchas por mejorar sus condiciones de vida. Y no quedan dudas que ante los nuevos rounds que se vienen, nuestras organizaciones recuperarán protagonismo en la contienda.
(1) Asimismo, las decisiones de política económica (devaluación y la apertura de importaciones, entre otras), complejizaron la situación del mercado de trabajo. Para profundizar este punto puede verse la nota de Telechea, “Dime cómo anda el empleo y te diré qué modelo tienes”, publicada en esta misma revista.
Acerca del autor/a / Facundo Barrera Insua
Dr. en Ciencias Sociales, UBA y Licenciado en Economía, UNLP. Es docente del Instituto de Ciencias Sociales y Administración y becario postdoctoral del CONICET con sede en el Laboratorio de Estudios en Sociología y Economía del Trabajo (IdHICS-UNLP).
