Los beneficios, las tensiones y las dificultades de constituir un acuerdo político, económico y social, una tarea insoslayable de la agenda para la gobernabilidad del nuevo presidente.
Alberto Fernández va a asumir como Presidente de la Nación en medio de un reordenamiento del mapa del poder político y económico, que configura un complejo escenario sobre el cual deberá gobernar. En este contexto, nos proponemos hacer foco en el análisis de la convocatoria a un Acuerdo Económico y Social, ya no como un elemento de campaña sino como un instrumento estratégico para la gobernanza del tiempo que viene.
El presidente electo cuenta con el apoyo y la convergencia de amplios sectores de la realidad nacional. Una coalición social y económica construida alrededor del Frente de Todos, que incluye desde la “liga de gobernadores” (con poder territorial consolidado en las urnas), hasta casi todas las expresiones del peronismo; la CGT (en vías de unificación) y las CTA; sectores religiosos y casi todos los movimientos sociales con mayor representatividad y capacidad movilizadora; la UIA y las Pymes. Todos estos elementos constituyen una plataforma de peso para lanzarse al desafío de construir una agenda diferente. Pero evidentemente con esto no alcanza. Los resultados del 27 de octubre muestran también un futuro frente opositor sólido y con recursos suficientes para condicionar al nuevo gobierno.
En otros términos, la oposición se despide del gobierno nacional con varios elementos que le pueden otorgar no sólo supervivencia política (en caso que el gobierno de Alberto Fernández logre encauzar el rumbo el económico), sino posibilidad de alternancia en caso que la economía no logre salir de la crisis en la que se encuentra y/o no se mantenga la unidad política del Frente de Todos. Hablamos de un espacio opositor con instancias importantes de gobierno respaldado en el 40 % de los votos de la última elección; una identidad definida y consolidada, con capacidad de movilización; con liderazgo, más allá de sus posibilidades electorales futuras; con despliegue y presencia territorial. Cuenta además con una serie de dirigentes, con experiencia y buena imagen para un sector de la sociedad, capaces de protagonizar un proceso de recambio de figuras y renovación de ideas. Y con la posibilidad cierta de contar a su favor con los medios de comunicación que decidan continuar con el posicionamiento ideológico y táctico de estos últimos años. Si a esto le sumamos la dificultad de salida de la crisis, agregada a importantes actores internacionales que pueden funcionar dándole soporte, como el FMI, el eje geopolítico Trump y Bolsonaro, nadie podría hablar seriamente del fin de la experiencia Cambiemos.
En este contexto, centramos nuestro análisis en el Acuerdo Económico y Social como un instrumento desde el cual se busca intervenir en la escena política arriba caracterizada. Desde nuestra perspectiva, el dispositivo del Acuerdo encuentra su sentido estratégico en su capacidad “instituyente” más que en la posibilidad de transformarse en un espacio institucional de construcción de consensos. Es decir, en su capacidad de operar sobre este escenario y el “sentido común”, más que la de posibilitar un marco de acuerdo sobre reglas y objetivos. No le quitamos valor a esto último, pero creemos que el Acuerdo podría tener otros objetivos que no aparecen en su planteo inicial. Especialmente hacia el campo de lo económico y lo político.
Los trazos gruesos de un acuerdo, que requiere pinceladas finas.
En el marco de la crisis, el Acuerdo Económico y Social resulta un instrumento importante para la gobernabilidad. El mismo requiere establecer una relación compleja con diversos sectores, lo que supone instancias de negociación y acuerdo, pero también conflicto y tensión. Pasando de las simplificaciones de campaña (“el campo nacional y popular” contra el “neoliberalismo”), a la complejidad de la gobernabilidad y la gestión, con sus grises, sus matices, sus elementos contradictorios y su diversidad de consideraciones.
Si bien esto implica un acuerdo amplio, deberá ser el nuevo gobierno quien instale la agenda y tome la iniciativa, la legitime frente a estos sectores e incluso desarrolle un conjunto de regulaciones e intervenciones que se traduzcan en cierto “disciplinamiento” de algunos de estos actores. Estamos hablando principalmente del sector financiero, los acreedores privados y el FMI, las energéticas y las concesionarias de servicios públicos, y los sectores más concentrados del agro. Ello permitirá obtener los recursos y generar las condiciones que den sostenibilidad al esquema en su conjunto.
Resulta fundamental, como sostiene el presidente electo, el retorno a un modelo productivo con eje en un tipo de cambio real, competitivo y estable, por el impacto que éste tiene sobre el mercado de trabajo, el empleo, el nivel de actividad y las exportaciones. A su vez, y como parte de este esquema, se abren posibilidades para intervenir sobre las urgencias, como el hambre y la pobreza, sobre el aumento en los ingresos de los sectores más vulnerables (jubilados y AUH), sobre los precios (con instrumentos de control más sofisticados) y, a su vez, ensayando un “gradualismo” redistributivo, es decir, una recuperación administrada, gradual pero constante, de salarios, ingresos de sectores medios y del nivel de actividad interno (regulados en función de las proximidades de ocurrencia de la restricción externa, como referencia que oriente los ritmos de esta recuperación administrada de salarios e ingresos). Dicho de otro modo, darle viabilidad política desde la coalición ganadora a esta lógica de reconstrucción de los ingresos vía gestión de la puja distributiva.
Ahora bien, esta operación en la administración de conflictos, alrededor de intereses sectoriales y demandas específicas (que cualquier gestión enfrenta, más allá de llamar o no a un acuerdo social), requiere fortaleza desde el gobierno y capacidad negociadora para establecer “puentes” que permitan expandir la base de sustentación en lo social y lo político, incluyendo a la futura coalición opositora (el 40% del electorado). En otras palabras: “correr la grieta para ensanchar el campo propio”.
La reconstrucción de un nuevo sentido y la reconfiguración del espacio político.
Como decíamos anteriormente, el dispositivo del Acuerdo tiene capacidad de operar sobre la realidad y el “sentido común”, además de posibilitar un escenario de consensos sobre reglas y objetivos. Esto puede verse, por un lado, en la necesidad de trabajar por la consolidación de un sentido mayoritario que exprese un “sentir de lo nacional”. En otras palabras, la instalación de conceptos como “el proyecto argentino”, “ponernos de acuerdo en cinco ideas”, “tirar todos para el mismo lado”, “políticas de Estado que perduren en el tiempo”, etc.; donde la discusión sobre el contenido de estos significantes es central en la demarcación de un rumbo de gobierno, pero especialmente en la capacidad de ordenar hacia “afuera” y hacia “adentro” los conflictos que inevitablemente van a surgir.
La fuerza para negociar con el FMI y los acreedores privados puede encontrar su potencia en este lugar, así como la discusión por ingresos, tarifas, retenciones, tipo de cambio, precios, y pobreza. Pero, sobre todo, la posibilidad de instalar contenidos propios que definan un proyecto nacional, que centrifuguen hacia el espacio de gobierno la mayor cantidad de intereses y sectores sociales; sumado a un proceso de desactivación de “odios” del otro lado de la grieta, interviniendo con inteligencia en el propio reordenamiento opositor. Es decir, dando contenido y sentido de gobierno al triunfo electoral.
Por otra parte, el dispositivo del Acuerdo puede ser un elemento de peso para la reconfiguración del espacio político que va a gobernar el país a partir de diciembre. Creemos que puede ser intención del futuro presidente buscar un reordenamiento de la expresión electoral (Frente de Todos), instalando un modelo, donde convivan distintas expresiones, que profundizan su carácter pluralista, en un marco institucional que garantice dinámica interna y unidad de funcionamiento. Y en esto consideramos que el “acuerdo” también tiene una función: enmarcar a la mayoría de los actores económicos y/o sociales en un compromiso que inevitablemente requiere de su expresión y conducción política. Y no hablamos solamente de engrosar el Frente de Todos, sino que el Acuerdo podría transformarse en la plataforma desde la cual el futuro presidente ejerza la conducción de un espacio económico y social mucho más amplio que su base electoral.
Del Acuerdo a las políticas públicas, un camino sinuoso.
El posible Acuerdo aparece como un escenario de definición de objetivos. Pero consideramos que eso no es suficiente y que podría aprovecharse este momento de acumulación de poder en el Estado para definir, además de los aspectos macro, la construcción de instrumentos de políticas públicas que permitan intervenir exitosamente.
En otros términos, las definiciones sobre los grandes objetivos y el comportamiento macro de la economía no resuelven por sí sólos los desafíos que nos impone el carácter heterogéneo de nuestra estructura productiva: la persistencia de informalidad en el empleo (casi) inmune a procesos de crecimientos sostenido en el tiempo; el hambre y la pobreza estructural; el proceso inflacionario y la concentración de la oferta alimentaria; la administración del tipo de cambio y el control en el flujo de las divisas; el fomento a la exportación y el control sobre lo que importamos; la relación educación y trabajo; un plan de infraestructura integral; entre otras cuestiones sobre las que acordaran objetivos en la mesa del acuerdo.
Lo que en un momento se definió (acertadamente) como sintonía fina, vuelve a cobrar relevancia a la luz de los logros (buenos y malos) en la gestión de estas problemáticas en experiencias anteriores. Pero principalmente si se pretende retomar, desde ahora y por mucho tiempo, el camino hacia un modelo nacional de desarrollo con inclusión social.
Acerca de los autores / Pablo Granvosky y Salvador Tiranti
Pablo Granvosky es Doctor en Ciencias Sociales (UBA) y Magíster en Ciencias Sociales del Trabajo (UBA). Docente en UNLaM y UBA y Coordinador del Observatorio de Educación y Trabajo de la Fundación UOCRA.
Salvador Tiranti es Doctorando en Ciencias Sociales (FLACSO/Arg.) Magister en Políticas Públicas (FLACSO/Arg.) y Lic. Educación (UNQ). Es investigador y Docente del Área de Estado y Política Publicas (FLACSO/Arg.)
