A pesar de los esfuerzos desplegados por docentes y escuelas miles de estudiantes de los distintos niveles del sistema educativo provincial se alejaron de la escuela este año producto de la la pandemia del Covid19 y no desarrollaron actividades escolares de ningún tipo por falta de conectividad o dispositivos personales, por tener que trabajar o no contar en el hogar con quien los acompañe para sostener la continuidad pedagógica.
Frente a la interrupción de esas trayectorias educativas, el gobierno bonaerense desplegó el Programa de Acompañamiento a las Trayectorias Escolares y Revinculación (ATR) para volver a acercar a la escuela a trescientos ochenta mil estudiantes. El programa se lleva a cabo a través de docentes y futuros docentes que se integran voluntariamente para recorrer los domicilios de los estudiantes junto a referentes de las escuelas para detectar, primero, el contexto en el que se encuentran los estudiantes y, luego, establecer días y horarios de visita con el fin de retomar el vínculo a través de propuestas pedagógicas preparadas por los equipos docentes. En Florencio Varela, en este momento, la totalidad de las escuelas de Nivel Primario y Secundario están llevando a cabo esta tarea de revinculación restituyendo el derecho social a la Educación de miles de chicos y chicas en edad escolar.
La Ley de Educación Nacional n° 26.206 y la Ley Provincial de Educación n° 13.688 definen como indelegable el rol del Estado de garantizar el Derecho Social a la Educación, en condiciones de Igualdad. Sin embargo, resulta evidente que es el modelo de acumulación del capital, el “pacto distributivo”, el “pacto funcional” y el “pacto de dominación”, o pacto político, como lo plantea Oscar Oszlak en “El rol del Estado: Micro, Meso, Macro”, el que determina que esta condición se cumpla para las mayorías populares, como medio para la construcción de la ciudadanía, la incorporación al mundo del trabajo, la formación y preparación para la continuidad de los estudios y la capacitación, luego de la escolaridad obligatoria. De hecho, el contexto de origen de las leyes mencionadas es el de un Estado concebido como protector de los derechos sociales y garante de la inclusión social.
En este sentido, el Programa ATR es un ejemplo de que “las decisiones y acciones estatales reflejan orientaciones de política” que, simultáneamente, permiten visibilizar la correlación de fuerzas, las relaciones de poder en la sociedad. En la actualidad las políticas públicas se encuentran orientadas a morigerar los estragos económicos y sociales que se profundizaron con la pandemia, coincidiendo con el reciente cambio de gobierno en la Provincia de Buenos Aires.
Lo que el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio pone de relieve es que la desigualdad económica es proporcional a la desigualdad educativa. Hoy las políticas públicas tienen como objetivo reparar esas desigualdades. El Estado asume el conjunto de responsabilidades para la restitución de un derecho cuya vulneración afecta a casi medio millón de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en la provincia. Y ello porque la concepción del Rol del Estado de las actuales autoridades de gobierno es diametralmente opuesta a la de quienes fueron derrotados electoralmente en el 2019.
Bien vale recordar que en el período 2015/2019 los programas Conectar Igualdad y el Plan Nacional de Conectividad fueron interrumpidos y que la inversión en educación del 6,3% del Producto Interno Bruto se redujo drásticamente en dos puntos. La consecuencia fue que los diferentes programas socioculturales y socioeducativos orientados al fortalecimiento, continuidad y enriquecimiento de las trayectorias escolares de todo el país, y en particular del sistema educativo bonaerense, fueron extinguiéndose ante la ausencia de inversión y la sub ejecución del presupuesto previsto.
Como subraya Oszlak, “Estado y Sociedad definen quién es el responsable de hacer qué”. O es el gobierno el que se “hace cargo” de las políticas públicas, su financiamiento y el ejercicio de los derechos, o se delega en el “mercado” la respuesta a las necesidades sociales, lo que equivale a sepultarlas sin atenderlas en el mejor de los casos, o a reprimir por la fuerza el conflicto social que se origina en la disputa por el acceso a los derechos no garantizados.
Ahora bien, ¿qué sucederá con esta política pública, el “rol del Estado”, el Programa ATR y su impacto en las trayectorias escolares? Aún no es mensurable ya que el programa se encuentra en desarrollo y culmina el 15 de diciembre próximo.
No obstante, esta reflexión intenta “identificar modificaciones en los roles de las instituciones estatales, entendidos en términos de cambios verificados en la forma, alcance y magnitud de su intervención respecto del pasado, así como en las consecuencias que han tenido esas modalidades de actuación sobre la capacidad de las instituciones estatales” (Oszlak, 2011) En este caso, las instituciones escolares, sus trabajadores y trabajadoras, como los protagonistas en la reconstrucción del vínculo pedagógico que interrumpió la pandemia. Por eso, cabe la pregunta: ¿Cuáles son las tomas de posición asumidas por quienes representan el Estado en las instituciones educativas? ¿son éstas concordantes con “los contenidos y orientaciones de las políticas públicas”, en este caso, con el Programa ATR?
La respuesta es afirmativa. Si bien los resultados de las tareas de vinculación se podrán identificar en el mediano plazo, en el momento de regreso a la presencialidad en las aulas, la totalidad de las escuelas de Nivel Primario y Secundario de nuestro distrito han desarrollado la instancia de encuentro entre equipos de conducción, equipos de orientación escolar y revinculadores asignados para realizar los mapeos de domicilios, preparación de actividades con un Currículum Prioritario, identificación de los obstáculos y dificultades para la Continuidad Pedagógica, etc. Una serie de estrategias que, de acuerdo a las características propias de las localidades, se adecuan a la necesidad de revinculación de cada uno de los estudiantes. A lo largo de dos semanas de intenso trabajo en territorio, directivos, maestros, profesores y preceptores han salido a la búsqueda y contacto con niños, niñas, adolescentes y jóvenes con los que se había perdido el vínculo por completo durante el transcurso del A.S.P.O.
En este sentido, la interrupción de las trayectorias escolares durante la pandemia, como parte de la “agenda social problemática”, fue atendida con exclusividad por las instituciones educativas y sus trabajadores y trabajadoras. El Programa ATR, se constituyó en un dispositivo necesario, construido como política estatal desde el actual gobierno provincial como una respuesta a la visibilización por parte de los docentes de la inmensa cantidad de situaciones de vulneración del derecho social a la educación.
Por último, es importante circunscribir el lugar de los sujetos destinatarios de esta política pública. Tal como afirma Hernán Santarsiero, “la incorporación del lenguaje de los derechos sociales tensiona, justamente, el marco de legitimidad del capitalismo como sistema productor de desigualdad.” Desigualdad de la que son víctimas los estudiantes que viven por debajo de la línea de pobreza y la línea de indigencia.
Plantear el derecho social a la educación en el contexto de un modelo de acumulación capitalista de matriz neoliberal implica desafiar la lógica de la focalización de las políticas compensatorias de las desigualdades con una perspectiva que incorpore “aspectos universales de la condición humana” (Heller, 1996).
Entendemos desde estas reflexiones que uno de estos aspectos universales y condición de promoción social posible se configura en la oportunidad de acceso a los bienes culturales, la construcción del conocimiento, la producción y acceso a saberes significativos y el ejercicio de la ciudadanía. Por consiguiente, “… La atención que merecen las necesidades humanas dentro de una matriz política estatal […] debe ser regulada desde las garantías materiales y éticas que los estados modernos deben guardar según los criterios que impone la autonomía personal como la hemos entendido hasta aquí” (Heller, 1996).
Finalmente, creemos que el Programa ATR, si bien no transforma las condiciones materiales para el acceso a la educación en los hogares de los estudiantes, establece un punto de partida para el regreso a la presencialidad en las aulas con el que se visibiliza a todos y todas en su condición de sujetos de derecho reconocidos en su dimensión integral, en la que aprender es una parte constitutiva de las necesidades humanas que el Estado debe garantizar, reconociendo que el origen de estas necesidades y la interrupción de las trayectorias escolares en contexto de Pandemia está estrechamente ligado al régimen de acumulación del capital.
Bibliografía:
Agnes Heller (1996), Una revisión de la teoría de las necesidades, Barcelona, Ed. Paidós.
Acerca del autor / Ignacio Concetti
Director de Escuela Secundaria en la zona rural de Florencio Varela. Profesor de Lengua y Literatura en el nivel medio por 15 años. Delegado gremial durante 20 años. Secretario de DDHH del SUTEBA Florencio Varela durante dos mandatos. Secretario General de la CTA Florencio Varela entre 2010 y 2018. Ex integrante del Consejo Comunitario para la Tierra y la Vivienda del Municipio de Florencio Varela y del Consejo Provincial de Hábitat Social (mandato cumplido) en representación de la CTA de la Provincia de Buenos Aires.
