La toma de Guernica nos interpela. De varias maneras, pero especialmente como sociedad, como país, como Nación, como Estado, como pretendida comunidad de origen y destino.
“El destino universal de los bienes no es un adorno discursivo de la doctrina social de la Iglesia. Es una realidad anterior a la propiedad privada”
Papa Francisco a los Movimientos Populares, 9/Jul/2015
El derecho a la vivienda, a un hábitat digno, está consagrado por la Constitución y los diversos tratados internacionales reconocidos por la misma, además de varias constituciones y leyes provinciales. Entre ellas, la ley 14449 de Acceso justo al Hábitat de la Provincia de Buenos Aires.
Esto, enunciado así, parece que no debería generar problemas ni conflictos. Constituciones, leyes, tratados internacionales, todos aprobados mediante mecanismos democráticos y por ende portadores de legitimidad, de consensos mayoritarios además de legalidad.
Pero en la práctica cotidiana, ocurre otra cosa. Esto es así porque las políticas que amplían derechos, que tienden a la construcción de la ciudadanía social, que implica adosar a los derechos políticos el acceso pleno para todos y todas de los derechos económicos, sociales y culturales, generan resistencias en las minorías más privilegiadas de la sociedad. Lo antedicho está acompañado de otro fenómeno que no podemos soslayar: estas minorías ejercen una hegemonía cultural que les permite sumar a sectores subalternos a su cruzada anti ampliación de derechos y de esta manera grandes sectores terminan defendiendo el mérito como la única dimensión a ser tenida en cuenta para el ascenso social.
Como consecuencia, se impone la idea de que nuestras sociedades son desiguales e injustas porque los pobres no se esfuerzan lo suficiente, lo que los convierte en responsables de su pobreza y vulnerabilidad. Y, en el medio, como al pasar, se desliza la crítica a cualquier tipo de intervención del Estado que apunte a ir contra la consolidación de una sociedad desigual. Ni hablar entonces de pretender diseñar políticas que pretendan disminuir la desigualdad.
Lo descrito sintéticamente hasta aquí se ve potenciado por el Aislamiento Social Preventivo y obligatorio (ASPO) que nos trajo la pandemia. Este aislamiento impacta directamente en la vida cotidiana de todos nosotros y en nuestras relaciones sociales. Antes de ello, el otro era alguien a quien veíamos todos los días en nuestra rutina diaria: al ir y venir del trabajo, de la escuela, de la universidad, del club, al salir de noche o de día a pasear, al encontrarnos con amigos o con la familia.
Hoy la idea de salir a la calle, del contacto con el otro cara a cara, en fin, de la ocurrencia de la relación social en general con el resto de los habitantes de la comunidad, ha cambiado. El otro es alguien a quien no vemos personalmente, con quien no nos relacionamos cara a cara, lo que impacta negativamente en la construcción del lazo social. Este lazo, que es el que da sentido a la cohesión de una sociedad y que nos hace sentirnos parte de una comunidad, de un pueblo, de una nación, se resquebraja, se debilita, imponiéndose la idea de burbuja para cuidarnos, para preservar nuestra salud y la de les otres, lo que tiene consecuencias no deseadas respecto a las relaciones personales, pero también laborales y económicas; y por supuesto también con el Estado entendido como condensación de esas relaciones sociales.
Además, no debemos olvidar que las dificultades económicas derivadas de la pandemia han exacerbado algunos problemas que ya estaban presentes en la Argentina, haciendo cada vez más necesaria la aparición de políticas públicas motorizadas por el Estado para resolverlas. Entre esos problemas a los que hacemos referencia, respecto a las dificultades para el acceso real de los sectores más desfavorecidos a los derechos económicos, sociales y culturales, aparece en estos momentos el del acceso a un hábitat digno en el centro de la escena.
No podemos dejar de señalar que la crisis solo puso más en evidencia una problemática que en América Latina en general, y en la Argentina en particular, es central, como el de la vivienda, el acceso a la tierra urbanizable, el derecho a la ciudad para todos y todas.
Lo que a mi juicio tiene que quedar claro es que en este tema en particular no hay solución posible sin la intervención del Estado, en conjunto con las organizaciones sociales y con la participación directa de la comunidad y los privados, pero siempre teniendo en cuenta que ni la propiedad privada ni el mercado son fenómenos presociales y ambos deben ser regulados y controladas en pos de un beneficio mayor: la reducción de la desigualdad. Esta reducción de la desigualdad va a conducir, indudablemente, a la reducción de la pobreza. En este sentido recordemos que el supuesto libre juego del mercado y la preeminencia de la competencia y del mérito generan desigualdades cada vez mayores, cristalizando situaciones extremas de injusticia y exclusión, que hacen imposible la consolidación de una sociedad con lazos firmes capaz de definir un modelo de desarrollo en el que quepan los sueños y las expectativas de todes.
Dicho esto, y para empezar a esbozar una respuesta a la pregunta inicial, tenemos que decir que los más afectados por las crisis y los desastres son los sectores más pobres de la sociedad, los más vulnerables. Esto es una verdad de perogrullo, pero tenemos que decirlo, tenemos que recordarlo, debemos tenerlo en cuenta para poder pensar políticas públicas que beneficien a los sectores más postergados de la sociedad, pero también para reflexionar un poco acerca de cómo nos interpelan estos problemas y cómo son puestos en la agenda pública.
En el caso de la ocupación de tierras en Guernica, se pone de manifiesto esta vulnerabilidad de los mas pobres, y lo que es peor, se pone de manifiesto esta ruptura del lazo social, que trae como consecuencia una mayor segregación y discriminación de los sectores populares.
Las personas, las comunidades, son en un lugar, en un territorio. En él desarrollan su vida social, económica, familiar, laboral. El territorio es el lugar en el que se desarrollan las relaciones sociales, de clase, de explotación, de subordinación, de propiedad, pero también de resistencia. Es el lugar en el que se mezclan la vida, el trabajo, la propiedad, la identidad y la relación con el Estado. Podemos decir que cuando a una persona, o a una comunidad, le arrebatan su territorio se lo despoja también de su historia, de su cultura, y de alguna manera, de su país.
Es en este marco en el que tenemos que analizar las recientes tomas de tierras que se vienen dando en el conurbano bonaerense, cuyo ejemplo más claro es la de Guernica, por su magnitud y por su repercusión mediática.
Viendo las imágenes no hay ninguna forma en la que podamos pensar que esas personas, que esas familias con chicos están ahí porque quieren. Están ahí por desesperación, porque no tienen más remedio, porque les resulta imposible acceder a un alquiler o a un lote propio a valores razonables, no de mercado. En general, porque no tienen garantías para alquilar, porque no tienen trabajo o son trabajadores de la economía popular.
Pero para la “opinión pública”, para “el sentido común” hegemónico creado por los medios y los sectores dominantes, están cometiendo un delito, están profanando la propiedad privada que es puesta en este relato por encima de los derechos que los asisten y que les son reconocidos por la constitución y las leyes de nuestro país, y por eso son estigmatizados y sus acciones judicializables.
Es aquí donde debe aparecer la idea de comunidad de origen y destino, de Nación integrada capaz de pensar en un todos que nos incluya de una manera integral, con un modelo de desarrollo que permita elegir y planificar de manera sostenible para todos y todas en la Argentina, que rompa con el modelo individualista y meritocrático, exacerbado en algunos sectores por el aislamiento.
Este modelo de desarrollo debe contemplar, en primera instancia, políticas que moderen la migración a los grandes conglomerados urbanos, promoviendo la creación de puestos de trabajo en las diferentes provincias a través de polos de desarrollo local, que potencien las riquezas de cada lugar respetando el medio ambiente. Es decir, una política de hábitat integral que apunte a ciudades y conglomerados urbanos “vivibles”, sanos, sostenibles, toda vez que la pandemia nos está indicando entre otras cosas que el modelo de crecimiento desordenado y sin planificación de nuestras ciudades no es sostenible ni sano.
Paralelamente, y frente a la emergencia, se deben implementar políticas de creación de bancos de tierra que permitan generar lotes con servicios promovidos y acompañados desde el Estado, con participación de la comunidad, universidades, iglesias y organizaciones sociales, con la idea de ganarle a la lógica de las tomas y al negocio la especulación inmobiliaria promovido por los desarrolladores privados.
La UNAJ tiene en ese sentido una política activa. Participa del Consejo Comunitario para la Tierra y la Vivienda de Florencio Varela y del Consejo Comunitario de Tierra y Vivienda de Quilmes, en los que convergen representantes de los ejecutivos municipales, concejos deliberantes, Obispado de Quilmes y organizaciones sociales.
Además, se encuentra dictando la segunda cohorte de la Diplomatura de Vinculación en Gestión Comunitaria del Hábitat, fruto del trabajo conjunto con la Pastoral Social del Obispado de Quilmes y que cuenta con apoyo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la Provincia de Buenos Aires. El objetivo principal de esta Diplomatura es brindar a dirigentes barriales, profesionales y organizaciones sociales herramientas teórico prácticas para abordar la problemática del acceso justo al hábitat como forma de generar y operativizar iniciativas que ayuden al bienestar de la comunidad.
En definitiva, no se puede criminalizar la pobreza ni las situaciones de exclusión y vulnerabilidad. Los ocupantes de los terrenos de Guernica son los perdedores de un sistema social, económico y cultural que enriqueció mucho a unos pocos y empobreció a las mayorías. No son criminales. Son compatriotas, son semejantes, son la patria, son el otro.
El derecho a la propiedad no puede estar por encima de los derechos sociales, económicos y culturales de todes.
No si queremos que la patria sea grande y que el pueblo sea feliz.
Acerca del autor / Juan Pastor González
Licenciado en Ciencia Política. Trabajador Nodocente y Docente (UNAJ). Secretario del Consejo Superior y docente de las materias Planificación Social de la carrera de Trabajo Social (UNAJ) y de Formulación y Evaluación de Proyectos (TGU-UNAJ). Doctorando en la Universidad Degli Studi Di Milano Bicocca con el proyecto “Hábitat Popular y organizaciones comunitarias. Hacia un modelo de planificación sostenible de desarrollo urbano”. Coordinador de la Tecnicatura en Gestión Universitaria (UNAJ).
