Análisis crítico del fallo del Partido Judicial contra Cristina Fernández de Kirchner
La reciente sentencia de la Corte Suprema de Justicia en el caso de Cristina Fernández de Kirchner (CFK) trasciende el mero ámbito jurídico para convertirse en un hito de grave repercusión política e institucional. Desde una perspectiva técnico-legal, el fallo exhibe deficiencias estructurales que socavan su legitimidad. La fiscalía, en su acusación original, había esgrimido la figura de “asociación ilícita”, cargo que fue desestimado por insuficiencia probatoria. Sin embargo, en un giro interpretativo de dudosa solvencia jurídica, el tribunal optó por condenar a la ex mandataria bajo el concepto de responsabilidad objetiva, imputándole no la comisión directa de actos ilícitos, sino un supuesto desconocimiento de los mismos. Esta construcción normativa no solo carece de sustento en la tradición penal argentina —que exige la demostración de dolo o culpa—, sino que instaura un precedente peligroso: la criminalización de la función pública por omisión, sin prueba fehaciente de participación activa en los hechos investigados.
De esta forma, el fallo adolece de múltiples irregularidades que comprometen su validez:
- Ausencia de prueba directa: No se aportaron elementos concretos que vincularan a CFK con maniobras corruptas, sino que se recurrió a una presunción de responsabilidad derivada de su cargo. Esto viola el principio básico in dubio pro reo y el estándar probatorio exigido por el derecho penal moderno.
- Parcialidad judicial: El proceso estuvo marcado por denuncias de sesgo político, incluyendo la intervención de jueces con historial de antagonismo hacia el peronismo, y en especial contra la imputada.
- Retroactividad normativa: La aplicación de la “responsabilidad objetiva” como categoría penal no tiene arraigo en la legislación argentina y equivale a una interpretación extensiva contraria al principio de legalidad (art. 18 CN).
Estas anomalías convierten la sentencia en un acto de lawfare o “guerra jurídica”, donde el sistema judicial se instrumentaliza para fines políticos. La condena a CFK no puede disociarse del contexto de polarización y avance autoritario que caracteriza a la Argentina actual. El fallo se inscribe en una estrategia coordinada entre:
- Sectores del poder judicial: Históricamente permeables a presiones de élites económicas y mediáticas, como lo demuestran casos como el de Milagro Sala o los procesamientos a dirigentes sociales.
- Medios poderosos de comunicación: Que construyeron un relato de “corrupción sistémica” sin contrastar pruebas, alimentando un clima de linchamiento público.
- Fuerzas políticas de derecha: Desde el establishment tradicional hasta el libertarismo de Javier Milei, que ha convertido la “batalla cultural” contra el peronismo en un eje de su proyecto de poder.
- Este entramado busca, mediante la judicialización de la política, excluir a referentes disidentes del espacio público. No es casual que la sentencia coincida con el recrudecimiento de la persecución a sindicatos, movimientos sociales y medios críticos al gobierno de Milei.
Consecuencias institucionales: La democracia bajo asedio
El fallo no fortalece la justicia; la subordina a intereses espurios. Sus implicancias son profundas:
- Erosión de la división de poderes: La Corte Suprema, reducida a tres miembros y con integrantes cuestionados, actúa como brazo ejecutor de un proyecto de la derecha.
- Criminalización de la política: Se sientan bases para imputar a cualquier funcionario por “no prevenir” delitos, incluso sin participación activa. Esto desincentiva el ejercicio de cargos públicos.
- Fractura social: La percepción de justicia selectiva —donde un sector es perseguido mientras quedan impunes casos como los de Mauricio Macri en las escuchas ilegales o los empresarios beneficiados por la deuda externa— alimenta la desconfianza en el sistema.
La responsabilidad histórica: Defender el Estado de derecho
Rechazar este fallo no es solo una cuestión de solidaridad con CFK, sino un imperativo democrático. La sentencia consagra un modelo regresivo donde:
Se invierten las cargas probatorias, obligando al acusado a demostrar su inocencia.
Se politiza la justicia, transformándola en herramienta de persecución.
Se debilita el sistema de frenos y contrapesos, esencial para evitar el autoritarismo.
Obviamente, en este juego de relaciones de fuerza, la oposición y, básicamente, el peronismo deben articular respuestas en clave de resistencia. Y estas pasan por diversas posiciones, acciones y espacios. Desde lo Jurídico como apelar a instancias internacionales (CIDH, ONU) para denunciar el lawfare, lo Político con la exigencia una reforma judicial democrática que termine con los jueces “a dedo” y garantice independencia, lo Social hasta lograr que pacíficamente millones de argentinos se movilicen para evitar que la justicia se convierta en un tribunal de excepción, lo Cultural para desarmar el relato mileista en todos los terrenos (mediáticos, redes, personales) y finalmente en lo Electoral, con la concreción de un poderoso frente anti Milei que canalice las broncas, urgencias y deseos de mejor calidad de vida de los argentinos.
Conclusión: Un llamado a la defensa de la democracia sustantiva
Lo que está en juego no es el destino de una líder, sino el tipo de país que queremos construir. Este fallo es parte de un proyecto más amplio: la restauración conservadora que, mediante instrumentos legales, busca reinstalar privilegios de clase y anular oposiciones convencidas. Ante esto, la respuesta debe ser contundente: ni impunidad para corruptos, ni justicia politizada para silenciar opositores. La única salida es fortalecer una democracia donde la justicia sea igual para todos, no un arma de guerra.
Acerca del autor / Osvaldo Nemirovsci

Diputado Nacional mandato cumplido – PJ Rio Negro