El estallido social de octubre 2019 dejó a Chile en camino a una nueva Constitución que va a reemplazar a la diseñada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1989). Las protestas ciudadanas, las movilizaciones sociales y la ola de violencia experimentadas durante estos meses tienen la posibilidad de ser canalizadas institucionalmente a partir de mayo 2021 en un Convención Constituyente que tendrá por objetivo la redacción de un nuevo pacto social.
Si bien en la política comparada latinoamericanista Chile era considerado uno de los países más estables y con el sistema de partidos más institucionalizado de la región, esta caracterización escondía la crisis de representación intensa que se evidenciaba en las bajas tasas de participación electoral (46.7% en 2017; 35% en 2016; 49% en 2013 y 43% en 2012)y en la profunda desconfianza con los partidos políticos y el Congreso. Esta orfandad de representación está sin dudas entre las causas profundas de las protestas y movilizaciones de 2019. La otra causa más mencionada en los análisis está relacionada con la desigualdad socioeconómica, pero en este caso el impacto es más complejo de ilustrar empíricamente ya que en los últimos treinta años se observaba una disminución de la desigualdad.
La desigualdad socioeconómica ha generado demandas de reformas que, a pesar de su diversidad, tienen en común que chocan contra la estructura institucional en pie desde la dictadura. Así, varios de los ordenamientos normativos de la Constitución de 1980 volvían inconstitucionales a algunas reformas del rol del estado y determinaban mayorías calificadas para cambios de las llamadas Leyes Orgánicas Constitucionales que impedían que se modificaran normativas en materias variadas como educación, sistema electoral, descentralización, Banco Central, fuerzas armadas y otras más. Del mismo modo, el sistema electoral binominal, otro aspecto central heredado de la dictadura, sobrerrepresentaba a la derecha e incentivaba pactos electorales y de gobierno que terminaban desdibujando las diferencias partidarias y las opciones de representación.
De este modo, es evidente que las instituciones vigentes no logran canalizar las demandas sociales existentes. En lo que parece una remake del siglo XXI de El orden político de las sociedades en cambio de Samuel Huntington (1968), las instituciones políticas no pueden articular ni encauzar las demandas sociales que, desbordando el sistema de gobierno, llegan a las calles de todo el país. En suma, las causas de este “desorden”, para seguir usando la terminología Huntingtoniana, la socioeconómica y la política, son fenómenos que se desarrollan en períodos extensos de tiempo y que terminan de dar forma al sustento que ayuda a entender los motivos detrás del estallido.
Estamos frente a un fenómeno que irrumpe de manera pero cuyas raíces, sus causas son históricas. Paul Pierson (2003) nos invita a pensar en la temporalidad de las estructuras causales de los acontecimientos sociales a través de analogías con fenómenos naturales. Así, estructuras de causa larga y efecto largo son presentadas como fenómenos de calentamiento global, las de causa corta y efecto corto son huracanes. Las más usadas en la ciencia política mainstream de la elección racional, las de causa corta y efecto largo, se asimilan al meteorito que culminó con la extinción de los dinosaurios, mientras que las de causa larga y efecto corto serían como los terremotos.
Parece un chiste del destino que en el país de los terremotos haya ocurrido un fenómeno social que responde a este último formato de causas históricas que terminan gatillando una oleada inesperada de protestas y movilizaciones. De hecho, en las primeras crónicas del estallido social se evidenció que había sorprendido más el cuándo que el por qué. Si bien excede el análisis de estas páginas, es posible entender el cuándo a partir de la escalada de violencia gatillada por la represión con la cual el gobierno intentó manejar la evasión del transporte público, del subterráneo en particular, organizada por estudiantes secundarios como forma de protesta por el aumento de la tarifa.
La posibilidad de encauzar las demandas sociales por vía constitucional llegó a poco más de un mes de empezadas las protestas, cuando la vía represiva ya había mostrado sus límites y fallado en recuperar el orden público. Así, la apertura de los partidos a permitir que la ciudadanía decidiera si cambiar la constitución o no, y bajo qué modalidad realizar la constituyente, buscaba canalizar el descontento social en un nuevo pacto social. Esta solución institucional tiene como antecedente el intento de reforma constitucional empujado por la Presidenta Michelle Bachelet en su segundo mandato (2014-2018), de donde surgieron las Bases Ciudadanas para la Nueva Constitución, a partir del resultado de la Etapa Participativa del Proceso Constituyente.
Asimismo, es posible encontrar otro antecedente en la renovación de la derecha en lo relativo a un cierto distanciamiento de la dictadura, inédito en el sector. En una encuesta representativa que realizamos a las élites dirigentes de Chile Vamos en 2017, encontramos que los partidos tradicionales, UDI y RN, presentaban un apego a la Constitución de Pinochet que no se correspondía con el del partido nuevo, Evópoli (Alenda; Le Foulon; Suárez Cao, 2019). Pero no solo en el tema de la Constitución se observaban distintos niveles de apoyo, también en lo relativo al modelo neoliberal: un tercio de la dirigencia de la coalición estaba de acuerdo con aumentar la carga tributaria personal para costear políticas del ámbito de la protección social, alejándose así del modelo de Estado subsidiario, que sólo admite el financiamiento de políticas sociales con los ingresos actuales del Estado sin aumentar la presión impositiva. De esta manera, era posible encontrar ya en la derecha de 2017 una cierta apertura no solo al cambio constitucional sino también al modelo de Estado. Esto ayuda a entender también la popularidad de liderazgos de derecha que denominamos solidarios a un año de las próximas elecciones presidenciales en noviembre 2021 (Alenda; Suárez Cao; Le Foulón, 2020).
Estos antecedentes echan luz sobre el 78% de votantes que optaron por cambiar la Constitución en el plebiscito del 25 de octubre de 2020. Es erróneo asimilar la totalidad de ese porcentaje con el voto opositor ya que hubo importantes figuras de la derecha que hicieron campaña por el Apruebo. La verdadera correlación de fuerzas se verá el 11 de abril de 2021 cuando, en simultáneo con elecciones municipales y las contiendas inaugurales de gobernador/a regional, se elijan delegados y delegadas a la Convención Constitucional que tendrá como máximo un año para redactar el nuevo pacto social.
Esta Convención Constitucional será novedosa. Gracias a las organizaciones de mujeres que empujaron un proyecto de sistema electoral que asegura la integración paritaria, Chile tendrá la primera Constitución del mundo escrita por hombres y mujeres en proporciones equilibradas. Otras organizaciones y movimientos sociales se encuentran aún impulsando reformas para promover las candidaturas independientes y los escaños reservados para los pueblos originarios. El rol de los actores no partidarios en todo el proceso constituyente marca la profunda desconfianza social con las instituciones tradicionales de la democracia y enfatizan esta característica de “sociedad de los movimientos sociales”.
En tanto la historia se repite, conviene recordar que los movimientos y las organizaciones sociales fueron claves a la hora de acabar con la dictadura de Pinochet, pero las autoridades civiles una vez en el gobierno desactivaron la militancia y organización popular con la excusa que se había alcanzado el objetivo democratizador (Payle, 2001). Si algo han aprendido los movimientos sociales en este siglo es que su participación en el estallido social no se termina con la elección de una Convención Constituyente. Por este motivo, además de presionar por la inscripción de listas extrapartidarias, numerosas organizaciones de la sociedad civil están impulsando mecanismos de participación ciudadana con miras a proveer insumos a la asamblea constitucional. Porque esta vez, para bien o para mal, las organizaciones sociales no dejarán en manos de la élite política los destinos de Chile.
BIBLIOGRAFÍA
Stéphanie Alenda; Carmen Le Foulon y Julieta Suárez Cao (2019) “La batalla por las ideas en tiempos post-ideológicos: Adaptaciones y permanencias ideológicas en la nueva centro-derecha chilena”, Revista de Sociología e Política 27(70): 11-26.
Stéphanie Alenda; Julieta Suárez Cao y Carmen Le Foulon (2020) “La derecha chilena en la encrucijada: repensar la relación entre Estado y mercado”, Revista CIDOB d’Afers Internacionals (en prensa).
Julia Palye (2001) Marketing Democracy: Power and Social Movements in Post-Dictatorship Chile. Berkeley: University of California Press.
Paul Pierson (2003) “Big, Slow Moving, and … Invisible”. En James Mahoney y Dieter Rueschemeyer (eds.) Comparative Historical Analysis in the Social Sciences. Nueva York: Cambridge University Press.
Acerca de la autora / Julieta Suárez Cao
Profesora Asociada en el Instituto de Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica de Chile, es Doctora en Ciencia Política por la Universidad de Northwestern (EEUU) y Licenciada en Ciencia Política por la Universidad de Buenos Aires. Es coordinadora de la Red de Politólogas y participó en el diseño de la ley de paridad para la futura convención constituyente en Chile. Correo electrónico: julieta.suarez@uc.cl.
