Se acaban de realizar las elecciones presidenciales en Colombia con un resultado inédito. Ganó, por primera vez en la historia del país, un candidato considerado de “izquierda”, una categoría que en América Latina es por lo menos difusa.
El triunfo de Gustavo Petro tiene por lo menos dos aristas principales para analizar. La primera, si es parte de la nueva oleada progresista en la región, que se suma a los triunfos del Frente de Todos en la Argentina, el del MAS en Bolivia, Apruebo Dignidad en Chile, Perú Libre en el Perú. La otra, es si su arribo a la presidencia de Colombia es simplemente parte de la seguidilla de derrotas de los oficialismos que se viene dando en la región desde el año 2018.
En el primero de los casos, la enumeración de las fuerzas políticas que ganaron las elecciones y que gobiernan Chile, Argentina, Bolivia y Perú no es ociosa. Lo que se pretende remarcar, en primer lugar, es que son todas coaliciones de fuerzas progresistas, es decir fuerzas políticas que articulan demandas y programas que tienen coincidencias básicas en lo que respecta a la oposición y crítica a los gobiernos neoliberales, pero integradas por organizaciones con agendas políticas distintas en varios temas. La segunda, es que a diferencia de los gobiernos populares surgidos en la primera década del siglo XXI, no parecen surgir liderazgos fuertes al estilo de Hugo Chávez, Lula, Néstor Kirchner y Evo Morales.
Esta no es una cuestión menor para analizar la etapa que comienza con el triunfo de Gustavo Petro, ya que Colombia es un caso particular dentro de la heterogeneidad estructural que diferencia a los países de la región, más allá del origen común y de un destino de unidad que siempre está por construirse.
Colombia nunca fue gobernada por alguna fuerza progresista en sus más de 200 años de vida independiente. Su historia acompañó la de Latinoamérica en líneas generales hasta mediados del siglo XX. En 1948 es asesinado Jorge Eliécer Gaitán, candidato a presidente por el partido liberal, hecho que provoca una reacción popular conocida como el Bogotazo. Este crimen marca un clivaje en la historia del país, dando comienzo a una etapa conocida como La Violencia, caracterizada por un avance del partido conservador que provoca la huida de parte de los militantes del partido liberal quienes junto a campesinos conforman las llamadas autodefensas frente a los ataques de los gobiernos conservadores de entonces. Una de las cuestiones básicas que subyace en este periodo es la tenencia de la tierra, ya que los ataques de militares y paramilitares ligados a los conservadores enmascararon un proceso de desapoderamiento de la tierra a los campesinos y la consecuente aparición de grandes terratenientes ligados al poder conservador.
En resumen, la muerte de Gaitán, nunca aclarada debidamente, provoca la obturación de un proceso popular que podría haberle dado un giro de corte populista o progresista a la política colombiana, que desemboca en 1957 en un pacto entre los partidos Conservador y Liberal para sacar del gobierno al dictador Gustavo Rojas Pinilla. Este pacto se llamó Frente Nacional y permitió que ambos partidos se turnaran en el poder durante veinte años. Si bien este acuerdo dio estabilidad y continuidad al sistema democrático, corrió el eje del sistema político de Colombia a la derecha y le quitó competitividad, ya que las expresiones de izquierda fueron perseguidas, lo que hizo que las viejas autodefensas liberales campesinas confluyeran con grupos guevaristas y marxistas quienes, impedidos de participación política, eligieron el camino de la lucha armada. Esta situación le da otra característica importante al sistema político y social de Colombia, porque en el enfrentamiento con la guerrilla, el Estado tomó diversos caminos, que combinaron el accionar de fuerzas regulares del ejército con grupos paramilitares que actuaron fuera de la ley, siempre con el apoyo de Estados Unidos.
Roto el pacto en 1978 el sistema político no cambió demasiado, los presidentes siguieron surgiendo de las familias y de los partidos tradicionales, mientras los partidos y la oposición de izquierda o progresista continuaron siendo perseguidos y asesinados. Un ejemplo de ello fue el que se conoció como genocidio de la Unión Patriótica, partido conformado por ex guerrilleros y militantes de izquierda en 1985, que dejó un saldo de más de 4000 personas vinculadas a esta partido asesinadas, secuestradas o desaparecidas. En 2002 comienza una etapa hegemonizada por la influencia de Álvaro Uribe Vélez, que profundizó las políticas neoliberales y fortaleció el alineamiento con Estados Unidos. Es de hacer notar que Colombia cuenta en este momento con ocho bases norteamericanas en su territorio, y es reconocida como aliado estratégico extra OTAN.
En resumen, este es, a grandes rasgos y de manera muy simplificada, el derrotero de la política y la historia de Colombia que conforman el marco en el que van a asumir Gustavo Petro y Francia Márquez el gobierno. Un país muy desigual, en el que el debate político fue silenciado y la disidencia de izquierda estigmatizada, perseguida y reprimida violentamente durante décadas. Un país con la riqueza muy mal distribuida, con una enorme cantidad de desplazados, ya que con motivo del conflicto armado (guerrilla, fuerzas armadas, paramilitares y narcotráfico) la tenencia de la tierra siguió concentrándose como resultado del despojo y la desposesión de los sectores campesinos. Un país con grandes diferencias entre el centro más desarrollado, la costa y la selva, que se refleja en los resultados electorales: el voto a Petro/Francia se concentra justamente en la periferia del país, el centro rico votó mayoritariamente a candidatos de derecha. Un país que votó dividido: el triunfo histórico de las fuerzas progresistas se da en una segunda vuelta con un porcentaje del 50,44 % del 58 % de los habilitados para votar. Es decir, sin ser aguafiestas, estamos hablando de un triunfo nunca visto, pero no de una mayoría consolidada que permita vislumbrar en el corto plazo el poder político para sostener los cambios que seguramente algunos de los integrantes de la coalición Pacto Histórico querrán ver en lo inmediato.
Aquí aparece un tema central, ya que las elecciones por sí solas no cambian la correlación de fuerzas en la sociedad, fundamentalmente porque las fuerzas conservadoras siguen en control del poder económico, de los medios de comunicación, de la propiedad de la tierra, de los grupos paramilitares y cuentan con el apoyo (en forma de condicionantes) de Estados Unidos.
Entonces el problema se traslada (como ya está pasando en la coalición que llevó a la presidencia a Gabriel Boric en Chile y a Alberto Fernández en la Argentina por ejemplo) a la coalición de gobierno. Los acuerdos que organizaron las demandas de las fuerzas progresistas que se reflejan en una candidatura común empiezan a tensionarse y las demandas vuelven a particularizarse al interior de las coaliciones, provocando que las que eran demandas articuladas empiecen a ser puntos de fricción y que cada sector considere que su demanda es la prioritaria o más importante. Todo esto en un marco de necesidades urgentes de los sectores populares que reclaman con justicia una distribución más equitativa de la riqueza, con la que todos los sectores desde lo discursivo están de acuerdo, pero que en la práctica redunda en una reasignación de recursos que habrá que sacarle a los sectores más favorecidos, y en ese punto las coincidencias discursivas se terminan y comienzan los conflictos.
El desafío más grande que tienen las nuevas fuerzas progresistas en América Latina y por lo tanto el nuevo gobierno encabezado por Gustavo Petro y Francia Márquez tal vez sea ordenar y conducir las demandas de los sectores populares sin romper las fundadas ilusiones por un futuro mejor. Esta operación debe hacerla sin caer en el posibilismo, pero reconociendo que el horizonte que se abre ante sus ojos implica caminos de justicia social, respeto por los derechos humanos, reconfiguración del poder económico, cambios en la distribución de la riqueza y en las alianzas regionales que nunca han sido recorridos en la historia de Colombia. Está en las fuerzas que integran la coalición de gobierno anteponer los intereses del gobierno nacional por sobre los particulares, sabiendo que un sistema político y económico concentrado y tan alineado a la derecha no puede cambiarse en un turno presidencial de cuatro años.
Acerca del autor / Juan Pastor González
Doctor en Desarrollo Humano Sostenible, Universidad de Milano – Bicocca, Italia. Licenciado y Profesor en Ciencia Política (Universidad de Buenos Aires, Argentina). Profesor Investigador de la materia Planificación Social, Carrera de Trabajo Social, Instituto de Ciencias Sociales y Administración, UNAJ. Coordinador de la Cátedra Abierta José Martí, Instituto de Estudios Iniciales, UNAJ. Coordinador de la Red Nacional de Cátedras Abiertas José Martí de la Argentina, integrante de la Red Internacional de Cátedras José Martí promovidas por el Programa de Solidaridad Internacional José Martí de la UNESCO. Miembro titular del Consejo Comunitario para la Tierra y la Vivienda del Municipio de Florencio Varela, Buenos Aires, Argentina. Miembro titular del Consejo Comunitario para la Tierra y la Vivienda del Municipio de Quilmes, Argentina. Integrante del Consejo provincial de Tierra y vivienda por el estamento universidad.
