No puede concebirse a lo ambiental disociado de la política por una sencilla razón; en los temas que lo comprenden siempre hay intereses opuestos, y dependiendo de la posición política de cada quien será la forma de saldar dichas controversias y tensiones en un estado de derecho. Los llamados derechos de la naturaleza, sin embargo, presentan una nota que los hace muy singulares; carecen de un interlocutor que demande al hombre/mujer que los agreden en su desarrollo descontrolado y contaminante. Afortunadamente la jurisprudencia recepta casos de los “derechos de la naturaleza” invocados por la propia especie humana comprometida en cuestiones que hacen a su propia supervivencia. Y se convierten en interlocutores a favor de los ríos o de ciertas especies animales.
El derecho está absolutamente conectado con lo ideológico y político y no es sino la concreción regulatoria del poder de grupos sociales dominantes. Aunque se lo enseñe asépticamente, lo cual es un verdadero escamoteo a la honestidad intelectual, modela un esquema de nación y establece para lo ambiental un conjunto de reglas globales, por ejemplo aquellas emanadas desde Naciones Unidas.
En la Argentina, las Constituciones tanto de la Nación (en sus arts. 41, 42, 43, 75 y 124) como la de la Provincia (art. 28 especialmente) establecen los ejes rectores para la vida de una sociedad dada, los valores en juego y las pautas básicas del ordenamiento social, que se complementan con las leyes que reglamentan el ejercicio de tales derechos y deberes.
Ello se complementa con los tratados internacionales incorporados a la Constitución, las “leyes estructurales”, que en el caso ambiental rigen multijurisdiccionalmente sin necesidad de normativas de adhesión, como por ejemplo la 25675 conocida como Ley General del Ambiente, las leyes sectoriales (como la 24051 Ley de Residuos Peligrosos) y los decretos y resoluciones.
Sin embargo, la materialidad de tales contenidos obligatorios se obtiene con políticas públicas diversas, es decir con medidas de gestión de las áreas competentes conforme la usual distribución que suponen los entes centralizados (Ministerios y Secretarías) y descentralizados (entes autárquicos, sociedades del estado, etc).
El caso del Bosque nativo, por su importancia ecosistémica y por los servicios ambientales que presta, puede ilustrar cabalmente lo expresado en el punto anterior. Durante el primer gobierno peronista, en 1948 se sancionó la ley 13273 de Defensa de la Riqueza Forestal. A pesar de este texto, posteriores normativas permitieron avanzar con el bosque implantado (v.gr. Ley 25080 de inversiones para bosques cultivados) e inclusive se fomentaron políticas públicas como desgravaciones impositivas y beneficios varios para los que plantaran pinos y eucaliptus cuyo destino era la industria de la madera o del papel.
El tema fue retomado por el gobierno kirchnerista que en 2007 sancionó la Ley de Protección del Bosque Nativo (Ley nº 26331). La tarea se completó con la firma del decreto respectivo (DEC. PEN 91 del 2009) en el que gracias a la activa participación del Consejo Federal de Medio Ambiente (COFEMA) se lograron inyectar fondos para proteger efectivamente el bosque que la ley ordenaba preservar.
Propuestas políticas ambientales
Aunque el marketing electoral ignore la existencia de las plataformas electorales, ellas efectivamente existen. Aunque hoy asumen otras formas. Ya no son aquellos largos y detallados escritos de improbable lectura. Las propuestas de gobierno se organizan en las etapas preelectorales, convocando a los expertos, los científicos, las organizaciones de la sociedad civil, las empresas, los militantes y, en el caso del peronismo, a los gremios – dato que lo diferencia de otras expresiones políticas en las que están ausentes a la hora de construir políticas públicas ambientales.
Es importante, más allá de las modas que impone el marketing electoral, seguir sosteniendo y valorando el vínculo que une una plataforma electoral, que legitima a un gobierno y le da razones a su elegibilidad en el marco de un proyecto político, y la legislación que a posteriori se sancione o se derogue, a los programas, proyectos, actividades y acciones que se apliquen.
La democracia se corroe cuando no existe integridad, es decir coherencia entre los que se dice en campaña y lo que efectivamente se hace cuando se llega al poder. Probablemente no todo lo que se diagrama en una plataforma pueda concretarse, ya sabemos que la política es el arte de lo posible, pero sí los postulados básicos contenidos en aquellas propuestas ciudadanas originales.
Un ejemplo en contrario y negativamente valorado por la comunidad de expertos lo constituyen las acciones de gobierno de Cambiemos en materia ambiental quien, una vez llegado al poder, hizo todo lo contrario de sus promesas de campaña, provocando una verdadera ruptura del pacto ciudadano en perjuicio del elector.
Política ambiental del Frente de Todos
En este nuevo marco electoral, y dejando de lado las usuales denuncias de incumplimiento, en el Frente de Todos se han alcanzado algunos consensos que se podrían resumir en los siguientes cinco puntos. En primer lugar, lo imperioso de que el tema ambiental tome una ofensiva atento la degradación de las condiciones planetarias que nos van llevando a puntos de no retorno, desde espacios nacionales y regionales, internos y externos. En segundo lugar, que resulta claro que lo ambiental requiere multicompetencias administrativas, multijurisdicciones públicas y transversalidad disciplinaria, amén de adecuar la gestión a realidades de la naturaleza (cuencas, bosques, dinámica de los mares, del clima, especies, etc.). Un tercer aspecto es que el apoyo del sistema científico resulta clave para logros ambiciosos a la par de un sistema de información y seguimiento de la situación ambiental, incluyendo lo relativo al ordenamiento del territorio y su complejidad. En cuarto lugar, lo ambiental requiere un claro fomento público y un Estado activo para inducir al mercado a mejores comportamientos con la internalización económica de los temas ambientales. Finalmente, que el cambio del paradigma consumismo/derroche es central para pensar el futuro con equidad social y respeto por la naturaleza, sus bienes y los hermanos que la habitan.
Expresadas en forma sintética, estas podrían ser algunas líneas de gestión esperables en un nuevo gobierno peronista. En el ámbito nacional, un nuevo acuerdo federal ambiental que redinamice el COFEMA y su articulación con la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable (SAyDS); establecer un Ministerio del área con claras injerencias sobre el recurso agua (no las obras) trabajando la relevancia de la Administración de Parques Nacionales (APN), no como turismo para de clases altas sino a partir de la lógica de preservación de la biodiversidad; fortalecer la noción que lo ambiental puede generar trabajo en un equilibrio con la producción e inclusión social; invertir en educación y conocimiento ambiental conforme los contextos de las ecoregiones; formular una estrategia interna y global relativa al cambio climático, poniendo énfasis en adaptar y no sólo mitigar. Todo expresado dentro del marco de la soberanía política, económica, energética y alimentaria, que va de la mano con la preservación de los bienes ambientales que son estratégicos a los pueblos.
En el ámbito provincial, una estrategia de cuencas internas con el modelo adaptado y ajustado de ACUMAR en la del Salado, Luján Reconquista; una revisión de la situación del CEAMSE con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la disposición de los residuos sólidos urbanos (RSU) en el interior de la provincia; la subsunción de competencias en el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS) con la Autoridad del Agua (ADA); fortalecimiento de la gestión municipal de manera integral con asistencia y recursos; establecimiento un nuevo régimen de ordenamiento, planificación y gestión del territorio; estrategias ante el crecimiento del agronegocio y sus impactos negativos; mejoramiento de la gestión industrial; preservación de las áreas naturales aún existentes; promoción de sistemas de mesas ambientales multiactores para resolver los temas pendientes; trabajo con la eficiencia energética; ejecución de un amplio panorama e inventario actualizado de lo ambiental; trabajo con la agroecología mediante cinturones verdes en los distritos urbanos; cuidado del recurso agua de contaminaciones cloacales y degradaciones por arsénico y salinización. Por último, una máxima utilización de las herramientas de diagnóstico EIA y EAE poniendo el acento en la pesca y la minería.
Confiamos, por el compromiso, seriedad y solvencia de nuestros candidates, que en el 2020 podremos ir haciendo un balance de logros en función de esto que podríamos llamar la línea de base electoral de un modelo de país y provincia diferente a los actuales.
Siglas
ACUMAR: Autoridad de cuenca Matanza Riachuelo
APN: Administración de Parques Nacionales
CEAMSE: Coordinación Ecológica Área Metropolitana Sociedad del Estado
COFEMA: Consejo Federal de Medio Ambiente
EAE: Evaluación Ambiental Estratégica
EIA: Evaluación de Impacto Ambiental
RSU: Residuos sólidos urbanos.
SAyDS: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
Acerca del autor Homero Bibiloni
Abogado. Especialista y Docente en grado y postgrado en Derecho Administrativo y Ambiental. UNLP Coordinador de la Carrera Gestión Ambiental en la UNAJ. Presidente Tribunal Administrativo de la OEA 2018. Ex Secretario de Ambiente de la Nación y Presidente de Acumar (2008 – 2010).
