La pandemia ha obligado a las economías a realizar un aumento de los gastos del Estado, al mismo tiempo que se reduce el nivel de actividad económica y, por tanto, a aumentar el déficit de las cuentas públicas. Para afrontar esto se ha propuesto en varios países, incluido el nuestro, financiarlo mediante un impuesto a los patrimonios de las personas de mayor riqueza personal, con gran controversia sobre sus efectos en la economía.
Para dilucidar la conveniencia de esta variante, hagamos un somero análisis de las distintas formas en que se puede financiar este déficit repentino y creciente. En principio las alternativas son tres: 1) con emisión monetaria (préstamos al gobierno del Banco Central), 2) endeudamiento público (préstamos del sector privado mediante la emisión de títulos públicos), o 3) con mayores impuestos.
Comencemos por lo que suele ser considerado como un error básico: el financiamiento con emisión monetaria. El procedimiento es que el Tesoro Nacional (TN) le solicita un adelanto o emite un bono de deuda que es “comprado” por el Banco Central. El TN recibe el dinero y con ello afronta los nuevos gastos de “ayuda social y económica a trabajadores, empresas y cuentapropistas”, adquisición de material y equipamiento sanitario, construcciones nuevas de hospitales o centros de atención, etc.
El destino de esta emisión lo podemos dividir en dos grandes grupos: “dinero que va al bolsillo de la gente” y “compras y contrataciones a las empresas”. Con el primer destino, la casi totalidad se transforma en un mayor gasto en bienes alimenticios, pago de servicios, medicamentos, y pocas cosas más. En general se trata de personas cuya capacidad de ahorro es nula, por lo cual el gasto termina siendo en su casi totalidad una venta de las empresas que, de otra manera, dada la caída de la producción, no se hubiera producido.
Sin embargo, es de hacer notar que en una primera etapa la demanda de ciertos bienes baja, como aquellos de valor unitario significativo (línea blanca, electrónicos, automóviles y otros de consumo durable) y aquellos no tan imprescindibles, como la vestimenta y los textiles. En definitiva, el mayor gasto sostiene inicialmente y al menos parcialmente, el nivel de ganancia que poseían las empresas antes de la pandemia.
Por otra parte, el segundo grupo es una mayor venta de las empresas dado que se requiere un mayor nivel de prestación tanto en salud, como en higiene personal y hogareña y en obras que no estaban previstas. De esta manera, algunas de las empresas tendrán un mayor nivel de ganancias, otras no lo disminuirán y unas terceras tendrán un menor nivel. El efecto consolidado, como el déficit aumentó por el aumento del gasto, es una mayor utilidad para el conjunto de las empresas, aunque distribuido desigualmente.
Sin embargo, a medida que pasa el tiempo toda la economía se irá reactivando si las empresas y los empresarios que inicialmente sostienen o aumentan su ganancia la gastan en el mercado interno. En tal supuesto, las mayores ganancias las obtendrá el conjunto de las empresas.
Primera conclusión: el mayor déficit fiscal se terminará traduciendo en incremento de la ganancia de las empresas.
Supongamos ahora que el mayor déficit se financia con la emisión de un bono de deuda pública que es suscripto por los empresarios. Dado que, como vimos en los párrafos anteriores, el mayor déficit tiene su contrapartida en un mayor beneficio de las empresas, con esto obtendrán los recursos financieros suficientes para la adquisición del bono emitido por el Estado.
Segunda conclusión: el Estado se endeuda con intereses, en un monto similar al de la emisión, con el único objetivo de sólo mantener un nivel aceptable de actividad económica y empleo.
Si, por el contrario, se aplica un impuesto a las grandes fortunas personales, a los dueños de las empresas y no a las empresas productivas, se financiará el mayor gasto y por tanto el Estado no adquiriría ninguna deuda ni se vería en la necesidad de emitir más dinero. Como no se altera el costo de producción de las empresas y se mantiene el nivel de ventas y producción con los subsidios y gastos adicionales del Estado, no se vería afectado en general el patrimonio de las empresas y tampoco el de los empresarios.
Tercera conclusión: El pago del impuesto por parte de los dueños de las empresas se realizaría con la misma ganancia resultante de sostener el nivel de demanda global.
Pero hay un par de cuestiones adicionales que se resolverían de esta manera y que son significativas para la economía argentina. En los casos de financiamiento con emisión o con deuda pública, es muy probable que esos fondos adicionales tiendan a ser dolarizados por algunas de las empresas y remitirse al exterior en forma “cuasi legal”, a través de la operatoria del “contado con liquidación” (CCL), comprando con pesos bonos en dólares para venderlos en el exterior, generando con ello una presión sobre el mercado cambiario que desestabiliza el tipo de cambio y el equilibrio macroeconómico por presión inflacionaria. Con la aplicación del impuesto se conseguiría, en cambio, mantener el nivel de actividad y empleo sin presionar sobre el debilitado sector externo heredado de la gestión anterior.
Finalmente, esta variante permitiría al Banco Central administrar mejor la oferta monetaria pospandemia al permitir rescatar parte del excedente de emisión generado en la emergencia y poder decidir mejor el nivel de monetización para la etapa de recuperación económica.
No hay duda, entonces, de que la mejor opción de política económica para esta emergencia es la del impuesto sobre las grandes riquezas.
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