Matías Barroetaveña, ex Secretario de Empleo de la Nación, analiza las características del “sinceramiento” pro mercado del gobierno de Mauricio Macri y sus consecuencias en el aumento del número de desocupados y el empobrecimiento general de la población.
¿Quién no valora la sinceridad en una relación de pareja, laboral o de amistad? Ir de frente y decir las cosas como son demuestran valores que, más allá de los sincericidios o la agresividad enmascarada en sinceridad, seguramente son valorados por todos. Pero en los últimos meses estamos viviendo un tipo particular de sinceramiento. Primero fue el sinceramiento del dólar, luego el de precios y tarifas de los servicios públicos, comúnmente denominados devaluación e inflación. Un curioso sinceramiento lleno de eufemismos. El gobierno de Mauricio Macri sostiene que con estas decisiones políticas pone fin a una ficción económica, la de la economía argentina de los últimos doce años. Permítanme hacer una interpretación de esta mirada supuestamente pragmática.
Tal “sinceramiento” se reduce a la aplicación del libre funcionamiento del mercado, con un Estado que se pone al servicio de los intereses empresarios. Ello, suponen, provocaría la confianza que traería las inversiones que algún día provocarían el famoso derrame, la caída del desempleo y el aumento del consumo ahora sí reales y no ficcional. Sincerar es entonces retirar al Estado, desactivar políticas activas de desarrollo, de cuidado del mercado interno, de control de los oligopolios o defensa de la competencia, transferir recursos mediante rebajas impositivas y, por supuesto, el dejar hacer en el mercado laboral.
El actual gobierno nos impone un sinceramiento del empleo. “Sobran un millón y medio de trabajadores públicos” dicen, del mismo modo que en los 90 se decía “hay provincias inviables”. Denuncian un aumento del 10% en la plantilla oficial desde el 2008 cuando el crecimiento del empleo público, según los propios datos del estado, fue del 3%. No se analiza seriamente que el número es bajo comparado con otros países del mundo, de acuerdo con los servicios que cada estado presta. Si realizaran este análisis deberían sincerar que hoy existe un 37% más de docentes que en el 2002, el doble de efectivos en la Gendarmería, que el Ministerio de Ciencia y Tecnología no existía, que hay una Anses renovada, un servicio público de empleo, o que se volvió a construir un área de inspección del trabajo. En ese caso, deberían sincerar que, justamente esto, es lo que consideran importante eliminar y que no se trata de un tema de cuentas públicas. Según un informe del Círculo de Estudios Laborales (CELAB) de la Universidad
Nacional de San Martín, desde diciembre de 2015 el gasto en remuneraciones de la administración nacional creció un 36%, muy por encima del 26% del gasto público promedio y de la paritaria estatal. Una de las explicaciones es el aumento del costo de la política: el macrismo aumentó la cantidad de Ministros, secretarios y subsecretarios de 252 a 309 y, en algunos casos, sus salarios se duplicaron.
En el sector privado el sinceramiento generará un ejército de reserva que disciplinará a los ocupados. En este caso, también deberían sincerar que el anterior gobierno sostenía el empleo con herramientas contra cíclicas, que para superar la crisis laboral el Estado pagaba una diferencia salarial a los trabajadores de las empresas en problemas o que financiaba planes de capacitación para desocupados para habilitarlos en un empleo o desarrollar su propio emprendimiento.
Los despidos provocan la peor de las sociedades. En los últimos meses se dejaron de ver carteles pidiendo empleados para ver jóvenes entrando con sus currículums a negocios, cuyos trabajadores ya perciben que empiezan a sobrar por la baja de las ventas. Se habla de perder el trabajo como si fuese culpa del trabajador, se lo envía a la casa donde vivirá la angustia de explicar a su familia la nueva situación y –paso siguiente- comenzará una búsqueda en la que encontrará a cientos o miles en su misma situación.
Ya vivimos este proceso: la pérdida de la autoestima que lleva a la destrucción de la familia. Los que lo conserven soportaran los abusos de los empleadores que sobrevivan, a sabiendas que el privilegiado con trabajo se bancará cualquier cosa para mantenerlo. Gremios entre la espada y la pared haciendo listas de personas que podrán salvar. Como contracara, habrá algunos que agradecerán esta restauración. Se alegrarán que la trabajadora de casa particular vuelva a ser la chica que me ayuda en casa o que el peón rural vuelva a la jornada de sol a sol. Son los mismos que reclaman terminar con los juicios laborales y poner fin de esa manera a los derechos laborales.
Pero vayamos a los datos. Un indicador central para evaluar una gestión de gobierno es su impacto en la distribución del ingreso nacional y el consecuente poder adquisitivo de los salarios. El salario promedio real del año 2015 fue un 60% más elevado que su equivalente en 2002. En esa serie, solo en 2014 hubo un leve descenso. Para los datos de inflación se han tomado un promedio de los publicados por consultoras privadas.
Veamos lo sucedido con los primeros meses de gobierno de Mauricio Macri. El último informe del Ministerio de Trabajo titulado “Situación y Evolución del Trabajo Registrado en el Sector Privado” revela que en marzo de 2016 el salario medio de los trabajadores registrados se incrementó en promedio un 28% anual, mientras que el aumento del IPC medido por la ciudad de Buenos Aires fue 35%. La consecuencia fue una caída significativa del poder adquisitivo del ingreso de los trabajadores (alrededor de 7 puntos porcentuales), y ello sin considerar los fuertes incrementos de precios de los últimos meses que estiran esta pérdida a más de 12 puntos.
La inflación IPC medida por el Congreso dio 27% para el primer semestre. Con un 3% en junio y casi otro 3% en julio es prácticamente imposible que la inflación anual 2016 sea menor al 40 %. Los sectores que pactaron aumentos por debajo de ese monto (además de que lo hicieron en cuotas que llegan al 2017) perdieron más de 10 puntos de ingreso real. Lo mismo sucede con los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y con las jubilaciones que obtendrán un aumento anual del 32%.
Macri tiene claro que a su país le sobran un millón y medio de empleados públicos y seguramente varios millones de trabajadores privados, y millones de injustamente jubilados “ya que no aportaron” o son todavía jóvenes para dejar de trabajar. Es el mismo modelo del 76 y los 90, el modelo agro exportador y extractivo. Porque ese era el destino de la Argentina que interrumpieron los populismos. Un reality de la supervivencia del más fuerte que mejorará a todos (los que sobrevivan). Dicen que se dejará de repartir pescado para repartir cañas de pescar, pero te mandan al desierto con un palito y una tanza a esperar un tiempo que nunca llega.
Del otro lado, los que creemos que el Estado tiene una tarea central en sentar las bases de un crecimiento con inclusión, con cuidado del mercado interno y políticas activas de empleo que demostraron capacidad para obtener resultados conocidos por todos: seis millones de puestos de trabajo, decenas de miles de nuevas empresas. La “pesada herencia” de la que hablan oculta el crecimiento del 2.5 del PBI en 2015. Cuando hablan de estancamiento del empleo privado desde 2011, ocultan la realidad de un crecimiento del 3% de los puestos laborales en el marco de una de las más extensas crisis internacionales de que se tenga memoria.
Según el Sistema Integrado Provisional Argentino (SIPA), entre 2003 y 2015, el empleo asalariado privado creció un 86%, mientras que el empleo público se incrementó un 58%. En los últimos 12 años, por cada nuevo empleo en el sector público se crearon 2,5 puestos de trabajo en el ámbito privado.
Cuando se habla de la no creación de empleo privado en los últimos cuatro años es necesario decir que los propios datos oficiales lo desmienten ya que el SIPA registró un crecimiento de más de 262.000 trabajadores en ese tiempo. En diciembre del 2014 había 6.165.449 trabajadores privados y en diciembre del 2015 este número se elevó a 6.242.198, es decir 76.749 trabajadores asalariados registrados del sector privado más en el último año de la gestión anterior. A mayo del 2016 este número bajó a 6.135.254, lo que significa que 106.944 trabajadores perdieron su empleo en sólo cinco meses de la nueva gestión, sin tomar en cuenta a los no registrados.
A siete meses de gestión del nuevo gobierno resulta evidente que el shock devaluatorio no vino a recomponer el nivel de actividad por medio de un aumento de las ventas externas sino a producir el incremento de los costos de gran parte de la producción nacional cuyos insumos se encuentran dolarizados y, vía su traslado a precios, a deprimir el salario real y el poder de compra en el mercado interno. Se han paralizado así los motores de la economía: la inversión pública y la demanda interna.
Lo que estamos viviendo no ha sido más que una transferencia de ingresos de los sectores medios y bajos (cuyos salarios se vuelcan en su mayor porcentaje a alimentos y bienes de consumo, ahora más caros) hacia los sectores más concentrados de la economía (exportadores que perciben ingresos dolarizados).
¿Dónde fueron esos recursos? No a la inversión, que cayó 4.2%, sino a las tasas, la bicicleta financiera y la fuga de capitales que trepó a 5.885 millones de dólares solo en el primer semestre. Dólares financiados por un fenomenal aumento de la deuda externa: 47.212 millones de dólares en el mismo período.
Las consecuencias de estas decisiones son evidentes en todos los países del mundo. Esta visión simplificada colisiona rápidamente con la realidad, demostrando ser una verdadera ficción que lleva inexorablemente a una grave situación económica que no solo no permite ganar elecciones sino que hace difícil la sustentabilidad democrática.
Los argentinos debemos reflexionar sobre las limitaciones que el modelo de desarrollo de los últimos doce años ha encontrado a partir de la caída del precio de las materias primas, sobre la importancia de la inversión y la planificación estratégica de un modelo industrial y sobre las formas de dar la batalla mediática y la selección de candidatos.
Además de las movilizaciones y las luchas que se libren este año, nuestro pueblo tendrá la posibilidad de dar un mensaje en las urnas el año que viene, y no lo hará por una vuelta al pasado, ni por aquellos dispuestos a hacer los deberes con el nuevo oficialismo al borde de la humillación, sino por el futuro que podamos proponer, demostrando con inteligencia que aprendimos, debatimos, y planificamos seriamente el qué, cómo, cuándo y dónde de la Argentina modelo 2017 Necesitamos convertir estos retrocesos que hoy nos tocan vivir en una lección para todos sobre la responsabilidad que tenemos, tuvimos y tendremos de cara a quienes menos tienen y hacia aquellos que no pueden defenderse.
Acerca del autor/a / Matías Barroetaveña
Master en Políticas Públicas y Licenciado en Ciencias Políticas, Matías Barroetaveña es docente en la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Austral y la Universidad Nacional de La Matanza.
Fue Secretario de Empleo en el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en el período 2014/2015.
