Los aviones descargan sin límite sobre las plantaciones de soja el glifosato que mata todo menos la planta transgénica. ¿Hay forma de parar / limitar las consecuencias que sobre las poblaciones tiene el modelo agrícola dominante? La racionalidad neoliberal amplía los límites, los colectivos sociales luchan para imponerlos
Hemos aprendido que ocultar la democracia que se quiere, constituye la mejor manera de preservar la democracia que quieren los demás.
Juan Domingo Perón
En El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo, la politóloga norteamericana Wendy Brown explica cómo el neoliberalismo ha logrado convertirse en la racionalidad dominante y cómo para este modelo existe solo una dimensión, la económica, que convierte al ser humano en un “homo oeconomicus” ¿Cómo se logra convertir el carácter político de la democracia en algo económico?¿Que sucede cuando la ley, el debate, la soberanía, la salud, los recursos naturales, la educación, la participación y el poder democrático se someten a la organización económica? Para la autora, el neoliberalismo satura la democracia con contenidos de mercado y ataca sus principios, prácticas, sujetos e instituciones, insertándose en todos los estamentos institucionales de los gobiernos. La democracia es reemplazada por la Gobernanza y separada del poder político y económico. Así, se convierte en un mero procedimiento, vaciándola de contenido. La consecuencia es la pérdida del sentido del bien común y de lo público, de las ideas de igualdad social, justicia y soberanía popular. El Estado no persigue el bienestar de la población sino el crecimiento económico y el “clima de inversiones”. El concepto de mercado como lugar de intercambios, principio del liberalismo económico, es transformado por el mercado de la competencia.
El neoliberalismo reemplaza la negociación política y el consenso, eliminando la conflictividad y la diversidad política. Esta racionalidad busca reestructurar los derechos políticos y sociales para someterlos a lo económico. Pero no pretende un Estado reducido y el libre mercado, como el liberalismo clásico. A diferencia de aquel, postula un Estado fuerte para los mercados. Es decir, no busca la reducción del poder popular, sino su eliminación.
Conflicto ambiental
A nadie escapa la creciente conflictividad entre las comunidades y los “productores”, principalmente en los periurbanos de las ciudades, en relación con la aplicación de agroquímicos. Este conflicto ha generado que al día de hoy más del 30 % del total de los municipios de la zona agrícola ganadera (Buenos aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba) cuenten con ordenanzas de exclusión de aplicación de pesticidas para la producción agrícola (.http://fitoleg.casafe.org/busquedas/municipal)
Fueron colectivos sociales, a veces junto a las autoridades, los que lograron a través del reclamo y la presión política la promulgación de estas normas. Basándose en un derecho consagrado por la Constitución Nacional, reclaman un ambiente sano, tanto para la salud humana como para la ambiental. El espiral ascendente del conflicto (por ejemplo, los casos de General Pueyrredón, Exaltación de la Cruz, Pergamino o Lujan) llegó hasta la intervención de la Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires, cuyos fallos fueron la aceptación de las ordenanzas, fundamentados en el derecho a la salud, el principio precautorio y la no regresión en materia ambiental.
El modelo agroindustrial dominante no puede prescindir de estas sustancias. Por ello, desde las organizaciones del agro se solicitan mesas de concertación, de consenso, el gobierno elabora procedimientos recomendatorios de aplicación entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable. Se publican manuales de buenas prácticas y se multiplican las notas en revistas especializadas y de comunicación masiva alertando que de seguir generándose este tipo de normas no se podría producir nada ni “alimentar al mundo”. Nuevamente la racionalidad neoliberal negando la soberanía popular, las necesidades populares, desplegando toda su batería mercantil, incluso con los fallos que afirman la constitucionalidad de las ordenanzas. Es redundante plantear aquí cada uno de los impactos negativos del modelo agropecuario vigente. Existe una profusa literatura sobre ello en los ámbitos académicos, profesionales y técnicos que dan cuenta que el modelo agroindustrial no es solo eso, sino un sistema político que expulsa a los productores y campesinos de pequeña y mediana escala, produce la concentración en el uso de la tierra, degrada los recursos naturales y los bienes comunes, erosiona la biodiversidad, disgrega la ruralidad, destruye los suelos, contamina el ambiente e impide el desarrollo de otros modelos tecnológicos. Todo ello, condicionando las decisiones políticas de los gobiernos.
A la racionalidad neoliberal no le interesa ni consensuar ni componer. Solo admite su propuesta. Entonces, poco importa que la Constitución explicite el derecho a un ambiente sano .., y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras (Art.41 de la CN). Tampoco se detiene ante la Ley 25675 de política ambiental nacional, que establece un piso mínimo para todo el territorio nacional, y que en su art. 2 legisla: “a) Asegurar la preservación, conservación, recuperación y mejoramiento de la calidad de los recursos ambientales, tanto naturales como culturales, en la realización de las diferentes actividades antrópicas; b) Promover el mejoramiento de la calidad de vida de las generaciones presentes y futuras, en forma prioritaria; c) Fomentar la participación social en los procesos de toma de decisión; d) Promover el uso racional y sustentable de los recursos naturales; e) Mantener el equilibrio y dinámica de los sistemas ecológicos; f) Asegurar la conservación de la diversidad biológica; g) Prevenir los efectos nocivos o peligrosos que las actividades antrópicas generan sobre el ambiente para posibilitar la sustentabilidad ecológica, económica y social del desarrollo; h) Promover cambios en los valores y conductas sociales que posibiliten el desarrollo sustentable, a través de una educación ambiental, tanto en el sistema formal como en el no formal; i) Organizar e integrar la información ambiental y asegurar el libre acceso de la población a la misma; j) Establecer un sistema federal de coordinación interjurisdiccional, para la implementación de políticas ambientales de escala nacional y regional; k) Establecer procedimientos y mecanismos adecuados para la minimización de riesgos ambientales, para la prevención y mitigación de emergencias ambientales y para la recomposición de los daños causados por la contaminación ambiental.
La racionalidad neoliberal ha logrado que la actividad agropecuaria no requiera evaluación ambiental previa (no aparecen como actividad obligada a la misma en ninguna regulación ni jurisdicción), pero insiste en proponer protocolos recomendatorios, ley de presupuestos mínimos para el uso de fitosanitarios con amplio consenso. Etc.etc
Al racionalismo neoliberal solo le interesa el mercado. Entre el año 1991 se utilizaron cerca de 100 millones de litros/kg/unidad agroquímicos (herbicidas, insecticidas, fungicidas), mientras que en 2012 se aplicaron 317 millones de litros (Moltoni, 2013).
¡¡Paren de Fumigar!!
Debido a que la voluntad de los gobiernos locales y sus comunidades puede ser subvertida, la respuesta es la multiplicidad de experiencias que se están desarrollando en todo el país. Si la racionalidad neoliberal plantea una ley de presupuestos mínimos para la aplicación de agrotóxicos, la Red Nacional de Municipios y Ciudades que fomentan la Agroecología (RENAMA) propone un Programa Nacional de reducción de la utilización de agroquímicos, con metas a 5, 10 y 20 años y, en el mismo sentido, un Programa de Estímulo a la Agroecología. En todo el territorio nacional hay unidades productivas de modalidad agroecológica. Los mercados de economía social, de cercanía, nacidos en los periurbanos de las ciudades, también se están constituyendo en todas las comunidades. Y también, redes de ciudades con normas de no aplicación. Instituciones como el INTA, con sus programas de transición agroecológica, acompañan a los productores a recomponerse y producir. Colectivos de consumidores conforman esta trama. Solo falta recuperar la institucionalidad, rescatarla de la lógica actual. Necesitamos que los gobiernos tomen la decisión política de sostenerse en la voluntad popular, que recuperen la riqueza de estos colectivos e implementen políticas que tengan por objetivo regenerar la ruralidad, la calidad de vida del pueblo, producir para mercados de cercanía y de intercambio, generar empleo y riqueza genuina y al mismo tiempo conservar protegiendo y remediando el ambiente para nosotros y las futuras generaciones.
Wendy Brown (2018), El pueblo sin atributos. La secreta revolución del neoliberalismo, Malpaso
Luciana Moltoni: “Evolución del Mercado de herbicidas en la Argentina”, revista Economía y desarrollo Industrial, vol. 1, nº2, INTA.
Acerca de la autora / Sandra Carlino
Lic. en Aprovechamiento de los Recursos Naturales Renovables (UNLPam) Docente de la UNAJ. Integrante del Circulo de Agroecólogos de la República Argentina (CIIRA)
