En 1954, Ramón Carrillo viajó a Estados Unidos para tratarse la dolencia que finalmente lo llevaría a la muerte. Tenía hipertensión arterial maligna, una enfermedad grave y progresiva que le provocaba intensos dolores de cabeza. Ese año había renunciado al ministerio de Salud Pública por diferencias con la política llevada adelante desde la muerte de Evita. El ascenso de la entonces fulgurante figura del almirante Alberto Teisaire le había significado dos problemas: uno, el hombre conspiraba contra él; y dos, Perón lo escuchaba. Acorralado por las intrigas, el 16 de julio le escribe una carta sincera a Perón. Al igual que Arturo Jauretche no abandona sus convicciones y, pese a las diferencias y a las cuestiones personales, sigue confiando en el proyecto que encarna el conductor del movimiento:
“… necesito tener este desahogo en su confianza, para que sepa que este viejo amigo suyo, que jamás apareció para las buenas, que aguantó en silencio cuantos ataques injustos se le hicieron, siempre estuvo a su lado en los momentos difíciles, porque amo su obra titánica, porque la he visto nacer y crecer…”
Al poco tiempo de su estadía en nueva York, la situación política se complica en Argentina. Tres meses después del cruento bombardeo de Buenos Aires, Perón es derrocado y, al igual que a otros funcionarios, la nueva dictadura decide la inhabilitación de Carrillo para disponer de sus bienes y lo acusa de enriquecimiento ilícito. En la mentalidad de los “militares libertadores” y de sus apoyos civiles, la venalidad del peronismo debía saltar a la vista no bien pudieran tener acceso a las pruebas que demostrasen la flagrante corrupción que habían denunciado en su campaña golpista. Ese fue el papel que le asignaron a las “comisiones investigadoras”, que empezaron a actuar de inmediato. En el recuerdo de los peronistas quedaron grabadas las imágenes de los allanamientos nocturnos, las detenciones arbitrarias, los interrogatorios realizados a cualquier hora, las detenciones sin juicio, las torturas. En octubre se creó la Comisión Investigadora especial nº 14 para obtener pruebas de los ilícitos cometidos en el Ministerio de Asistencia Social y Salud Publica durante las gestiones de Carrillo y de su sucesor. Fue presidida en primer término por el Coronel Enrique Rottjer y, luego de varios reemplazos, por Julio Martínez Vivot. Fue el propio coronel Rottjer, quien además había sido nombrado como nuevo Ministro de salud Pública por la dictadura, el que dirigió el asalto a la casa de Carrillo mientras él y su mujer se encontraban en el exterior. En una solicitada publicada unos días después, Susana Pomar denunció a Rottjer por haberse tirado “…en una cama y revolcándose con las botas puestas pedía a los gritos whisky importado y discos”. De acuerdo al relato de Pomar, la patota dio vuelta la casa y, con expresiones irónicas, sacaron su ropa interior de los cajones y “levantándolas en alto como trofeos de victoria, acusó al nylon y a la seda de ser productos de contrabando”. Al final, se robaron la colección de corbatas, las lapiceras de oro, las medallas y las condecoraciones. Lo mismo hicieron con una pistola Browning, con un tocadiscos Webster y con el contenido de cuatro bolsas que se llevaron.
El 16 de febrero la comisión elevó sus conclusiones. Una parte de ellas ya habían sido dadas a conocer hacia fines del año 1955, lo que motivó una respuesta de Carrillo desde su exilio. Según el informe final, unas setecientas personas habían sido citadas a declarar. Varios fueron detenidos e inmediatamente se ordenó la captura internacional del ex ministro y su extradición desde Brasil; y la detención de Raúl Bevacqua, quien había sido su sucesor y se encontraba asilado en una embajada. Pese a las acusaciones, el propio Vivot reconoció en su nota de presentación de las conclusiones que “…la cantidad de expedientes elevados a esta Comisión con la debida comprobación de delitos no es numerosa”. Durante el gobierno peronista, y agravado en sus últimos años, la oposición civil y militar que luego se conoció como la “Revolución Libertadora” fue elevando sus expresiones de odio contra todo lo que oliera a peronismo. En los considerandos de la comisión investigadora, los partidarios de Perón eran delincuentes de antemano. Se acusó a Carrillo por:
- La utilización de enfermos mentales para su provecho personal y para la construcción y cuidado de su quinta en Adrogué;
- la facilitación de inmuebles del Ministerio para uso particular de determinadas personas;
- el negociado de la comercialización de la coca en el Norte del país;
- el uso indebido de automotores y vales de nafta por reparticiones ajenas al Ministerio y especialmente por entidades políticas.
Los “investigadores” prestaron atención a las sumas que el ex ministro había utilizado para la construcción de miles de metros cuadrados de establecimientos sanitarios en todo el país. Es sabido que una parte considerable de la acción del Ministerio comandado por Carrillo se dedicó a la construcción de la infraestructura necesaria para la universalización de la salud pública. Un listado incompleto da cuenta de 363 obras, sin contar las del Segundo Plan Quinquenal, entre centros de salud, institutos de especialización, centros de higiene materno-infantil, 140 hospitales, hogares escuela, escuelas y laboratorios. Al respecto, la comisión investigadora afirmó:
“La mayoría de los grandes negociados denunciados, especialmente para mencionar concretos los relativos a construcciones sanitarias y a especialidades medicinales y antibióticos, presentan gravísimas dificultades de prueba, pues se han realizado guardando todas las apariencias legales y, sobre todo, porque las empresas o personas que han tenido que ceder a la coima del funcionario, o que en muchos casos la buscaron para lograr sus propósitos, no pondrán de manifiesto tal circunstancia pues bien saben que son partícipes en el cohecho. Además, no existiendo, como es natural, constancia documentada al respecto, el inconveniente se torna prácticamente insuperable.”
“Los grandes negociados se han realizado guardando todas las apariencias legales” es una frase para la antología del ridículo. De todas maneras Vivot concluyó que, si bien no hay pruebas para que todos los culpables vayan a la cárcel:
“Mostremos sus lacras para los que creyeron y aún creen en ellos observando la verdadera piel de estos falsos corderos. Especialmente para que las generaciones futuras no se dejen impresionar por cantos de sirenas y recuerden una época nefasta y oprobiosa por la que el país ha pasado y que nunca ha de volver a repetirse, Dios mediante”.
Carrillo, que pasaba privaciones en Nueva York, consiguió un puesto de médico en el norte de Brasil, en la compañía minera norteamericana Hannah Mineralization and Co. El 1º de noviembre llegó a su nuevo destino, a unos kilómetros de la ciudad de Belem, estado do Pará, en el Amazonas. Desde allí, preocupado por la ofensa que le estaban haciendo en Buenos Aires, envió una primera respuesta a algunas de las acusaciones de la comisión, todavía presidida por el coronel Rottjer. Se refiere principalmente a la acusación de enriquecimiento ilícito y la de usar internos del neuropsiquiatrico para provecho personal.
En su carta compara su declaración jurada de bienes antes de asumir el ministerio con su situación actual, y denuncia que se ha inflado el valor de su quinta de Adrogué la que “…no puede tener un valor tan considerable, como afirman los diarios haciéndome aparecer como un “príncipe” archi-millonario.” Los muebles no son de lujo como dice el diario, sino viejos y pintados y “…todavía adeudo gran parte de las mejoras; que sigo con mi deuda hipotecaria y que debo más del 80 por ciento del valor de los lotes anexos que forman parte de la quinta y que pago en cuotas mensuales”.
En cuanto a la utilización de enfermos mentales como empleados sin sueldo, Carrillo se explaya en una lección magistral sobre los tratamientos neuropsiquiatricos. En su respuesta a la comisión, describe que los cuatro pacientes que vivían en su casa habitaban dos dormitorios, comedor y cocina propia. Que ellos formaban parte del plan de colocación familiar que se había iniciado por la superpoblación de los hospitales mentales, “cuando en Buenos Aires teníamos en el hospital [hoy Borda] 4.200 enfermos y sólo 1.200 camas para hospedarlos.” Mientras se iban realizando las obras –dice Carrillo-, el proyecto para beneficiarlos fue intentar dar el alta a la mayoría de los que “tuvieran aptitud para la vida familiar”:
“En los casos en que los familiares no quisieran hacerse cargo de ellos, lo que desgraciadamente era la regla, autoricé a colocarlos entre los vecinos del pueblo, ciudades próximas o en la Capital Federal, entre funcionarios, empleados y gente de buena voluntad, de acuerdo al sistema de otros países y que en el Uruguay, donde yo aprecié “de visu” el método, daba excelentes resultados. La familia donde se colocaba el enfermo asumía la responsabilidad de su alojamiento, de su alimentación y de proporcionarles trabajo y quehaceres domésticos, quedando a cargo del Ministerio proveer la ropa. Un diputado de la oposición destacaba el sistema de colocación familiar en sus libros y presentó un proyecto de ley sobre la materia.”
Los pacientes que le habían tocado en suerte –sigue- no tenían en la casa obligaciones ni trabajos impuestos, tenían las puertas abiertas y habrían podido irse cuando quisieran, pero jamás lo intentaron. Uno de ellos, “que tenía veleidades artísticas” como escultor, le había hecho un busto. Para ello, Carrillo le facilitaba los materiales y discretamente desaparecía las obras, que eran bastante impresentables. El busto lo había conservado para no ofender al artista y, aunque “era más bien la imagen verdadera, del pitecantropus erectus […] el “maestro” me “veía” así y nada pude intentar contra este dogmatismo estético.” Sin embargo –comenta- su proyecto era mucho más ambicioso. En su nota a la Comisión argumentó que en Estados Unidos y Alemania entre el 40 y el 60% de los enfermos mentales podían trabajar si se procedía a su reeducación, y que ello era beneficioso para su socialización. El problema era saber cómo, por lo que había debido elaborar un manual de procedimientos que se adecuara al país. Por lo tanto, había instalado en la quinta una suerte de laboratorio. Dos veces había ordenado la concurrencia desde Open Door de enfermos aptos para el trabajo. Estos rendían el 90% en relación a un obrero normal, por lo que no los pidió más dado que no necesitaban reeducación. Luego, pidió que le enviaran los semi aptos, que rendían solo entre el 1 y el 15%. Mediante una reeducación habían logrado que rindieran entre el 75 y el 80% de un obrero normal. Con ello:
“En pocos años, del 6 al 8 por ciento de aptos se pasó al 40 por ciento, es decir, que sobre un total de 15.000 internados teníamos 6.500 trabajando, en lugar de 800 ó 1.000 de antes. Comprendí que era posible llegar al 60 por ciento o más si disponíamos de personal especialmente entrenado.”
A partir de esta experiencia, había planificado formar la Escuela de Laborterapistas, para lo cual había dejado el edificio en construcción. Y finalizaba diciendo:
“Demostré en la práctica experimental y en su paulatina aplicación general que era exacto lo que yo afirmaba en mis publicaciones, es decir que “en los casos donde no es posible la curación clínica (casos irreversibles) era posible llegar a la curación social por readaptación a la vida familiar, rehabilitación por el trabajo o reeducación por arte o por una técnica de aprendizaje.” Pero una cosa es hacer esta afirmación teórica y otra “instrumentarla” para que sea realidad en la práctica.”
Unos meses después de estos hechos, su salud se agravó, lo que se sumó a sus ya serias necesidades económicas. Igualmente siguió viajando dos veces por semana hasta el campamento de la empresa en Aurizonia, en helicóptero o en pesadas barcazas. Además, desde su llegada a Belem, había estado colaborando ad honorem como médico en el Hospital de la Universidad, la Santa Casa de la Misericordia. En marzo de 1956 se realizó un examen médico por el que se enteró que sólo le quedaban nueve meses de vida. Ese año, la compañía minera levantó el campamento y Carrillo quedó desempleado. Sólo la ayuda económica de su amigo y colaborador, el también médico Salomón Chichilnisky, le permitió seguir. El 6 de septiembre de 1956 le escribe a su amigo el periodista Segundo Ponzio Godoy:
“Yo no sé cuánto tiempo más voy a vivir, posiblemente poco, salvo un milagro. […] Ahora estoy con todas mis facultades mentales claras y lúcidas y quiero nombrarte el albacea de mi buen nombre y honor. Quiero que no dudes de mi honradez, pues puedes poner las manos en el fuego por mí. He vivido galgueando y si examinas mi declaración de bienes y mi presentación a la Comisión Investigadora, encontrarás la clave de muchas cosas […] No tengo la certeza de que algún día alcance a defenderme solo, pero en todo caso si yo desaparezco, queda mi obra y queda la verdad sobre mi gigantesco esfuerzo donde dejé mi vida. Esta obra debe ser reconocida y yo no puedo pasar a la historia como un malversador y ladrón de nafta. […] Poco a poco mi organismo ha comenzado a desintegrarse definitivamente. […] El tiempo y solo el implacable tiempo, dirá si tuve razón o no al escribirte esta carta, ya que en el horizonte de mis afectos, no veo a nadie más capaz que vos de tomar esta tarea cuando llegue el momento, que llegará, cuando las pasiones encuentren su justo nivel”.
Será su última carta. El 28 de noviembre sufrió un accidente cerebro vascular. Todavía estaba vigente el pedido de captura internacional para su extradición. Pero el gobierno de Juscelino Kubitschek no hizo nada para detenerlo sino que, en un gesto de solidaridad, le proveyó los medios para que recibiera diariamente el medicamento que necesitaba. La embajada argentina en Brasil elevó en vano enérgicas protestas.
Ramón Carrillo, el negro, santiagueño de nacimiento, amigo de Homero Manzi, “el hombre más sabio que conocí”, al decir de Perón, falleció el 20 de diciembre de 1956. En el diario La Prensa, como no podía ser de otra manera, le dedicaron un infame obituario: “El ex ministro de Salud Pública de la dictadura argentina, Ramón Carrillo, falleció a consecuencia de una hemorragia cerebral. Había estado enfermo 22 días y dejó de existir en su residencia de Belem, en el estado de Pará.” Susana Pomar, su esposa, recién pudo disponer de sus bienes diez años después, y recién en 1972, dieciséis años después de su muerte, otra dictadura militar permitió el regreso de sus restos al país.
Acerca del autor/a / Ernesto Salas
Licenciado en Historia, Universidad de Buenos Aires. Director del Centro de Estudios Políticos de la Universidad Nacional Arturo Jauretche. Investigador de la historia argentina reciente en el campo de los conflictos sociales y políticos de las décadas del cincuenta, sesenta y setenta del siglo XX. Es autor de los libros: La Resistencia Peronista: La toma del frigorífico Lisandro de la Torre (1990), Uturuncos. El origen de la guerrilla peronista (2003); Norberto Habegger. Cristiano, descamisado, montonero (2011, junto a Flora Castro) y De resistencia y lucha armada (2014).
