Mas allá del lawfare judicial, una explicación del mecanismo de los contratos de compra de divisas a futuro del Banco Central y los problemas recurrentes de la economía argentina. Se incurre en “riesgo moral” cuando los funcionarios económicos se aprovechan de su conocimiento y/o de sus acciones para obtener beneficios personales.
Renovar o reemplazar el papel moneda inconvertible por otro convertible, es disipar el tiempo y disipar el dinero.
Juan Bautista Alberdi(1996), Escritos póstumos
Desde un punto de vista teórico, las operaciones a futuro de cualquier transacción comercial suponen un mecanismo por el cual se enfrentan dos expectativas diferentes respecto de una variable económica. En efecto, por un lado, está la expectativa de que el precio del bien puede aumentar de modo de afectar negativamente sus costos. Por otro lado, la expectativa contraria, es decir que el precio del bien sufrirá una reducción y por tanto puede asegurar el precio vendiendo hoy para entregarlo en un plazo futuro. Estos bienes pueden ser tanto commodities, manufacturas, o bien valores fiduciarios (divisas, bonos, acciones, etc.), aunque la mayor cantidad de operaciones a futuro se encuentra dentro de los commodities y de los valores financieros.
Las operaciones de futuro que realiza de tanto en tanto el Banco Central no demanda contratos de compra de divisas a futuro, sino que siempre ofrece venta a futuro pues se trata de contrarrestar expectativas de alza en la cotización. Y esto nos debe llevar a la primera reflexión: el déficit del mercado de divisas en la Argentina es estructural, su oferta es persistentemente menor que su demanda.
Veamos ahora cómo fue la secuencia de las operaciones que se hicieron a fin de 2015, que tramita judicialmente en la Sala I de la Cámara de Casación, y que los medios han titulado como la causa “dólar futuro”. Antes de las elecciones nacionales hubo una súbita demanda de divisas que elevó la expectativa de su cotización por más de un 50%. Para hacer frente a esto las autoridades monetarias decidieron colocar contratos de venta futura de dólares a un valor equivalente a una devaluación de alrededor del 5%. Al vencimiento del contrato (de meses) el “vendedor”, o sea el BCRA, entrega al “comprador” la diferencia de cotización en pesos necesarios para comprar los dólares fijados al precio vigente. La operación finaliza en este último acto.
¿Quién gana y quién pierde? Desde el comprador, las situaciones que se pueden presentar son: 1) cancelar una deuda en divisas proveniente de importaciones, 2) cancelar una deuda financiera contraída en divisas, 3) realizar inversiones en el exterior, 4) empresas multinacionales que deben girar dividendos o utilidades a accionistas del exterior, 5) una operación financiera de especulación o arbitraje.
Los cuatro primeros casos implican un menor desembolso que si no hubieran realizado el “contrato” y por lo tanto una menor pérdida por diferencia de cambio. No hay una ganancia. El último caso es el que produce un impacto negativo sobre la economía.
Veamos un ejemplo, un contrato comprado con vencimiento a 90 días es de USD 100.000 a un costo total de $10 por dólar (el monto total del contrato es de $1.000.000). Cuando se cumple el plazo la cotización del dólar es de $14. Ahora los USD 100.000 representan 1,4 millones de pesos. El BCRA paga la diferencia al comprador, $400.000, quien obtiene los pesos necesarios para adquirir la misma cantidad de dólares requeridos inicialmente.
Si se tratara de una operación de una importación, la empresa importadora habrá asegurado sus costos. Pero para el especulador financiero la diferencia de 400 mil pesos que “paga” el BCRA, es una ganancia líquida y realizada, como la que hubiera obtenido si hubiera comprado los dólares a la cotización del momento original y los vendiera ahora luego de la devaluación. ¿Qué hará con esos pesos adicionales el “comprador” del contrato?
Desde el punto de vista de la valoración de las conductas se pueden presentar dos situaciones diferentes. Si la ganancia, 400 mil pesos, es reinvertida en una expansión de la capacidad de producción, entonces su resultado es equivalente a un subsidio, no transparente, a algunos que se “avivaron”. Pero esta es una inversión aleatoria, no está sustentada por una política productiva; en buen romance, es cualquiera.
Pero si la conducta es consecuentemente especulativa, lo más probable es que los 400 mil pesos se conviertan en dólares, para continuar con las operaciones especulativas. En este caso, puesto que de no haber obtenido esa ganancia no habría pensado en comprar esa cantidad de dólares, es un incentivo a la demanda de “dólares” y a la formación de capitales en el exterior (FAE), o fuga de capitales.
Pero si, además, los compradores, en este caso en su rol de funcionarios públicos, son quienes influyen en la decisión de incentivar al alza la cotización del dólar, estamos en presencia de un “riesgo moral”, es decir, el de hacer uso de una información privilegiada en beneficio propio. Es más, se trata de la ruptura de un contrato implícito en el funcionamiento de la economía, la prohibición de apropiarse de activos ajenos al recibir individual y privadamente un poder de compra de una institución que tiene la potestad exclusiva de emitir dinero cuando se es quien ejerce la autoridad, directa o indirectamente. Una primera propuesta es la prohibición legal para los funcionarios públicos en la participación en las operaciones de este tipo, aunque hayan sido realizadas con anterioridad a la asunción del cargo. A fines de 2015, las autoridades del gobierno saliente, que tomaron la medida de utilizar el dólar futuro, no realizaron operaciones; por lo tanto, tomaron en cuenta ese riesgo moral y actuaron en consecuencia.
Quizás haya una conclusión más importante en relación con la fijación de políticas económicas. Como hemos mencionado la persistente demanda de “dólares” que existe en el mercado de divisas no es sólo consecuencia de “malas políticas populistas u ortodoxas” -aunque estas pueden agravarlas-, sino de la conformación histórica de nuestra estructura productiva. La incorporación de nuestra economía al mercado mundial generó una estructura compuesta por dos sectores: uno, que puede producir a costos internacionales dada su alta productividad en comparación con el resto del mundo, como lo es el sector agropecuario gracias a una dotación de un recurso natural (la tierra); y otro, que debe adquirir con el tiempo esa productividad alineada con la internacional, como es la industria y los servicios. No es necesario argumentar demasiado para saber que estos dos últimos sectores casi no utilizan el factor tierra, pero requieren de importaciones para producir. Las “divisas” provienen en su gran mayoría de las exportaciones del sector que “naturalmente” puede exportar, el sector primario. Como no es posible dar empleo e ingresos suficientes a toda la población sólo con la actividad del sector agropecuario, el crecimiento industrial, necesario para alcanzar un “equilibrio social”, demandará importaciones crecientes y por tanto necesitará de una provisión suficiente de divisas. En la medida que la industria requiere de tiempo y de políticas adecuadas para alcanzar una productividad alineada con la internacional, le resultará difícil exportar y por tanto no podrá cubrir sus necesidades con sus propias exportaciones.
Las políticas deben partir de esta premisa, focalizarse en el sector de la producción y desacoplarlo de la especulación financiera, donde las medidas y los instrumentos propuestos por los manuales tradicionales llevan a consecuencias gravosas para el crecimiento. Como decía y repetía don Arturo Jauretche, vamos al almacén a comprar con el manual escrito por el almacenero.
Esta última afirmación, nos puede objetar el lector, se dice fácil. Y estaremos de acuerdo, pero es el eje principal del problema. Al respecto podemos hacer una segunda propuesta como medida transitoria que evite los males mayores: limitar los contratos de “dólar futuro” realizados por el Banco Central a las actividades comerciales exclusivamente. Es decir, sólo aquellos que posean deudas por importaciones de bienes y servicios. Para el resto de las operaciones puede o bien dejarlas sin intervención del Banco Central o aumentar su costo, de modo que la diferencia entre el valor del contrato y el de mercado sea nulo o mínimo.
Los problemas del sector externo no se pueden resolver con los instrumentos “normales” de política económica sino con medidas de “organización económica”, instrumentando instituciones que desacoplen los efectos que el sector tiene sobre el funcionamiento económico. Hay historia al respecto, el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio (IAPI), las Juntas de Granos y Carnes, momentos donde la economía argentina tuvo un mejor desempeño. Por el contrario, los peores desempeños se registraron cuando la base de la organización fue el librecambio, base teórica del mecanismo de “mercados de futuros” como el llamado “dólar futuro”.
Quizás una cita de David Ricardo respecto de Inglaterra, pero leída desde este lado del mostrador, aclare lo dicho:
Si se permitiera que las cosas siguieran su propio curso, sin duda deberíamos convertirnos en un gran país industrial (agropecuario), pero también deberíamos seguir siendo un (…) país agrícola (industrial). De hecho, era imposible que Inglaterra (Argentina) no fuera un país agrícola (industrial): podía llegar a ser tan poblada que se vería obligada a importar parte de sus alimentos (industria).
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