El Centro de Estudios Metropolitanos (CEM) es un espacio interuniversitario formado por la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la Universidad Metropolitana para la Educación y el Trabajo y la Universidad Nacional de Hurlingham que se propone analizar el desarrollo metropolitano para fortalecer la vinculación entre la esfera universitaria y la administración pública. Mestiza presenta el primer informe del “Monitor de Clima Social – AMBA” que, basado en una investigación de opinión pública, mide de manera periódica la percepción de la situación social en el AMBA.
El área metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es una gran ciudad dividida en 25 distritos. Más de trece millones de personas habitan, se mueven, estudian, trabajan en esta región. Conviven en territorios combinados. La inmensa mayoría de sus habitantes comparten problemáticas comunes, más allá de si viven en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), Avellaneda o Moreno. Asimismo, esas problemáticas están atravesadas por la desigualdad; tal vez la principal característica de este territorio.
El AMBA es el motor productivo y demográfico de la Argentina. La inmensa mayoría de su producción industrial se desarrolla cada día en esta región. Desde la industria automotriz a la alimentaria; desde las más importantes empresas nacional y multinacionales a las miles de pymes distribuidas por todo el territorio. En el AMBA hay más de seis millones de trabajadores. Un millón de ellos viajan cada día del Gran Buenos Aires a la Capital. Doscientos mil hacen el camino inverso. Cada año se registran 330.000.000 viajes en los trenes urbanos; 270.000.000, en los subterráneos de la Ciudad; 1.600.000.000, en las cientos de líneas de ómnibus urbanos que recorren los casi 4.000 km2 de superficie del AMBA. En ese mismo tiempo más de 300.000.000 de vehículos traspasan los accesos concesionados que entran y salen de CABA. Millones de porteños y bonaerenses movilizándose cada día. Combinados y desiguales.
El AMBA es una región fuertemente desigual. Ese es su principal reto de cara a la construcción de una sociedad más justa y segura. Un territorio que tiene a alrededor de un cuarto de los hogares con situaciones deficitarias. Donde conviven cientos de barrios privados con cerca de quinientas villas y asentamientos informales. Donde el 36% de la población no cuenta con servicios de desagües cloacales. Una desigualdad que disminuyó en la última década, y que aumentó en el último año.
Ciertos índices muestran que las medidas económicas tomadas en 2016 han tenido como resultado final un fuerte impacto negativo en esa desigualdad. Hubo un notable incremento de la inflación (Variación Interanual: Diciembre 2016: 40,9% – IET-CITRA); una pérdida de salario real (6,1% en 2016 también según IET-CITRA); y una fuerte caída de la actividad económica (2,5% en noviembre según INDEC). Estas variables se profundizan en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) ya que la política económica del gobierno nacional ha propiciado una transferencia de ingresos de lo urbano a lo rural y, particularmente, del AMBA a la zona núcleo agrícola. Es en este territorio donde el aumento de las tarifas de servicios públicos ha golpeado con más fuerza. En síntesis, a lo largo de todo 2016 esta área ha sufrido una importante pérdida de ingresos. Eso incrementó la desigualdad. Este fenómeno se retroalimenta con presupuestos públicos asimétricos y, por ende, disímiles capacidades estatales.
Ante esta situación, con aumento de la pobreza, caída de ingresos en la inmensa mayoría de su población y situaciones fiscales críticas, desde el Centro de Estudios Metropolitanos (C.E.M.) hemos considerado necesario comenzar un seguimiento regular de la situación social del AMBA. Más aún, teniendo en cuenta que ésta área ha mantenido a lo largo de los últimos años altos índices de pobreza y desigualdad la cual, como sostuvimos antes, la coyuntura agravó. Por eso hemos lanzado el Monitor del Clima Social (MCS).
El MCS se propone medir de manera periódica la percepción de la situación social en el AMBA. Se basa en una investigación de opinión pública a partir de entrevistas telefónicas. El primer relevamiento se realizó entre el 10 y el 14 de diciembre de 2016; justo a un año de la asunción de los nuevos gobiernos. Está dividido en siete indicadores de inseguridades sociales: económica, alimentaria, laboral, sanitaria, habitacional, educativa, y en transporte. La escala de estos indicadores oscila entre el 0 y el 100, donde 0 es totalmente inseguro y 100 totalmente seguro.
Este tipo de inseguridades se componen de una suma de riesgos, incertidumbres e insatisfacciones, experimentados en el presente y/o proyectados al futuro próximo. La inseguridad social se vincula claramente con la ausencia de protección estatal. Robert Castel, autor del que parte la idea central del MCS, la comprende como un hecho que compromete la capacidad de los ciudadanos para asegurarse su independencia social; que no permite dominar el presente y tampoco anticipar positivamente el futuro.
Aquí presentamos los resultados más importantes de la muestra.
En primer lugar se debe resaltar que el indicador de inseguridad económica es el que muestra valores más preocupantes. El 72% de los entrevistados afirma sufrir ese tipo de inseguridad. El 46% afirma sufrir inseguridad sanitaria y el 54% inseguridad educativa. El 49% de los entrevistados experimentan inseguridad laboral mientras que el 60% de los entrevistados sufre inseguridad en transporte. Los indicadores con mejor resultado son el de inseguridad habitacional (22%) y alimenticia (27%). Ahora bien, como era de esperar, estas inseguridades se distribuyen en la población y en el territorio de manera disímil. Allí hemos profundizado particularmente.
El MSC refleja el alto nivel de desigualdad que atraviesa todas las aristas estudiadas. Las mujeres sufren mayores inseguridades sociales que los hombres. Los jóvenes muestran índices más negativos que los adultos. Aquellos con estudios secundarios incompletos duplican los indicadores de inseguridades de los universitarios. Sin embargo, el factor que más influye en la percepción de inseguridad es el geográfico: las desigualdades entre la CABA; el Primer y Segundo Cordón del Conurbano.
El porcentaje de personas en inseguridad (aquellas que tienen entre 0 y 60 según los respectivos indicadores) se duplica y hasta se triplica en el Segundo Cordón del Conurbano en comparación con la CABA. La inseguridad laboral, por ejemplo, es del 37% en la CABA, del 51% en el Primer Cordón y del 56% en el Segundo Cordón. Mientras que en la CABA el porcentaje de personas que afirma sufrir inseguridad sanitaria es 28%, en el Conurbano es 46% y 57% para el Primer y Segundo Cordón respectivamente. En la CABA el 54% se siente seguro o muy seguro en el transporte; en el Segundo Cordón ese porcentaje se reduce al 29%. Las distancias son elocuentes. Más aún, en las dos esferas más sensibles: la económica y la alimenticia.
Como mencionamos antes, el 72% de los entrevistados afirma sufrir inseguridad económica. En la CABA es el 60%; en el Primer Cordón del Conurbano, el 74%; y en el Segundo Cordón llega al 77%. En todo el AMBA, el 43% considera muy o algo probable perder el trabajo en los próximos meses. En el caso de los porteños ese porcentaje es del 35%, en el Conurbano es 10 puntos porcentuales mayor. El 45% de los encuestados afirmó que su salario no le alcanza y atraviesa dificultades económicas. En la CABA es del 38%, mientras que en el Segundo Cordón alcanza el 54%. En todas las preguntas realizadas se repite esta brecha.
El indicador de inseguridad alimenticia también genera preocupación pese al bajo porcentaje general de entrevistados inseguros (27%). Los resultados preocupantes surgen cuando se realiza un análisis desagregado. El 45% de los bonaerenses afirmó que en los últimos doce meses en su hogar se disminuyó la porción de sus comidas porque no contaban con el dinero suficiente para adquirir alimentos. Ante la pregunta si en el último año, tuvieron en su hogar alguna vez hambre porque no había suficiente dinero para comprar alimentos, en el Conurbano Bonaerense contestaron afirmativamente el 28%. Números altísimos, sin duda.
El primer relevamiento del Monitor del Clima Social – AMBA nos describe un área con niveles de desigualdad estructurales y, coyunturalmente, en aumento. Nuestro desafío es enfrentar la naturalización de esa situación. El objetivo que se propone el Centro de Estudios Metropolitanos es aportar en la construcción de un Área Metropolitana de Buenos Aires menos desigual, donde los trece millones de personas que viven en esta gran ciudad se sientan parte de un territorio integrado. Una región que brinde acceso a derechos semejantes, y no importe si viven en Vicente López o en Florencio Varela. Para alcanzarlo es imprescindible tender hacia la construcción de estados locales, provinciales y nacionales con mayores capacidades estatales. Esto último es condición necesaria (aunque no suficiente) para discutir con seriedad la desigualdad metropolitana.
Acerca del autor/a / Martín Morales
Maestrando en Políticas Públicas y Gerenciamiento del Desarrollo. Universidad de San Martin (UNSAM) y Universidad de Georgetown (GU). Licenciado en Ciencia Política y Gobierno. Universidad Torcuato Di Tella (UTDT).
Acerca del autor/a / Marcos Schiavi
Doctor en Historia (Universidad de Buenos Aires – Université Paris 8) – Docente universitario – Coordinador del Centro de Estudios Metropolitanos (UNAJ-UNAHUR-UMET).
