Año 2015, elecciones, escenario, bunker de Cambiemos, se lo ve a Gerónimo “Momo” Venegas parado ahí al lado de Macri. Es el Secretario General de la Unión de Trabajadores Rurales y Estibadores, UATRE. Noviembre 2015, después de cuatro años la Corte Suprema falla sobre el recurso presentado en su momento por el Momo. El miércoles 14/9 se formalizó en el Boletín Oficial algo que ya venía aconteciendo desde finales del 2015: el final del RENATEA y la vuelta del RENATRE.
No había ni escuela ni pizarrón,
Y asigún dicen nací varón,
Porque en el pique faltaba un peón”,
Quien me enseñó, José Larralde
“La tierra no debe ser un bien de renta,
sino un bien de trabajo”
Juan Domingo Perón
La cronología de hechos descrita nos lleva a pensar e identificar cuáles eran y son las relaciones de poder existentes que iban a derivar en la suerte que, en nuestro país, corrieron los asalariados rurales. La misma que ya habían evidenciado con la vigencia del RENATRE manejado por la UATRE y las organizaciones patronales.
En noviembre del 2015, apenas tres días después de la elección presidencial, la Corte Suprema de Justicia falló a favor de una presentación realizada años antes por la UATRE, liderada por el Momo Venegas, que bregaba por la anulación de dos artículos (números 106 y 107) de la nueva Ley de Trabajo Agrario (Ley 26.727). Estos artículos implicaban: a) la creación del RENATEA y la liquidación del RENATRE; y b) el pase de funciones, patrimonio y personal del segundo al primero. La ley, dictada por el anterior gobierno, había establecido, en un doble movimiento, la liquidación de un ente de derecho público no estatal y la creación de un organismo estatal.
El gobierno de Mauricio Macri y su aliado Momo Venegas revirtieron esta situación, volviendo a “fojas cero” al RENATEA, con todas las implicancias que eso conllevaría para los asalariados rurales.
Del Primer Estatuto del Peón Rural hasta la creación del RENATRE
Respecto a los derechos laborales en la Argentina, históricamente ha existido una brecha sustancial entre aquellos que gozan los asalariados urbanos por sobre los que realizan sus actividades en el ámbito rural. Luego de años de vigencia y expansión del Modelo Agroexportador (1880-1930), recién sería Juan Domingo Perón quien desde la Secretaría de Trabajo y Previsión comenzaría a trabajar sobre la precaria y vulnerable situación de los peones rurales de nuestro país. El primer Estatuto del Peón Rural fue una de las medidas de mayor relevancia sancionadas por el peronismo. Complementariamente, entre 1944-46, el gobierno dictó una serie de medidas que atendieron a esta población. El Estatuto del Tambero-Mediero y el traslado del Consejo Agrario Nacional al ámbito de la Secretaría de Trabajo y Previsión fueron algunas de ellas.
La dictadura cívico-militar de 1976-1983 derogó las leyes rurales del peronismo. Muchos años después, las problemáticas que atraviesan los asalariados rurales en nuestro país volverían a tener (escasa) visibilidad hacia finales de los años ‘90, siendo Menem quien en los últimos meses de su gobierno mediante la sanción de la Ley 25.191 determina el uso obligatorio de la Libreta del Trabajador Rural, sean permanentes y transitorios.
Posteriormente, durante el interinato de Eduardo Duhalde, en el año 1999, se crea como ente de derecho público no estatal, el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores más conocido como RENATRE. Los negociados del Momo, su propia conformación directiva y estructura territorial incidieron en forma negativa sobre la situación de los asalariados rurales.
Rey Momo
La propia composición directiva del RENATRE incidió negativamente en la posibilidad que los trabajadores rurales pudieran realizar alguna denuncia respecto a las condiciones de vida y de trabajo que evidenciaban. El directorio del RENATRE estaba conformado por la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (UATRE) e integrantes de las cuatro entidades patronales: FAA, SRA, CONINAGRO y CRA. Más complicado aún era su estructura territorial, es decir las sedes en las cuales los trabajadores debían recurrir para realizar alguna denuncia, porque funcionaban en las mismas locaciones que las organizaciones patronales o del Sindicato. Esto llevaba a la situación de que un trabajador, en el caso de querer realizar una denuncia, debía hacerlo en la misma sede de la organización de la cual su patrón era asociado.
Además de estas situaciones, existían otras que incidían en forma negativa en la posibilidad de otorgar derechos a los asalariados rurales:
- Se daban Libretas a los trabajadores sin que ello se reflejara en su efectiva registración.
- La facultad de fiscalizar en los lugares de trabajo se encontraba tercerizada y no existía un registro cierto que diera cuenta de la cantidad efectiva de establecimientos fiscalizados.
- La estructura administrativa se encontraba tercerizada en sociedades anónimas.
- La modalidad de asignación de prestaciones prácticamente excluía por definición a los trabajadores transitorios.
En definitiva, el vínculo del RENATRE con los trabajadores se restringía al pago de la prestación por desempleo y por el servicio de sepelio.
Cuatro años de derechos, sólo cuatro
De todas las dimensiones que dan cuenta de la baja calidad en el empleo, la presencia de trabajo no registrado constituye uno de los aspectos negativos más persistentes. Como se sabe, ésta situación limita el acceso del trabajador a una cobertura social integral, a condiciones de trabajo reguladas y a remuneraciones acordes a las pactadas en paritarias. Para revertir la menor calidad del empleo difundida en el sector, resultaba necesaria una estrategia integral que analizara y comprendiera las transformaciones productivas y tecnológicas ocurridas en los últimos años en nuestro país y el impacto que éstas han tenido sobre el mercado de trabajo. Por otro lado, era necesario reconstruir las capacidades estatales (normativas e institucionales) en la registración, fiscalización e investigación de estos mercados.
La sanción de la Nueva Ley de Trabajo Agrario (Nº 26.727) y la creación del RENATEA como organismo de derecho público dependiente del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación fueron pasos relevantes, diríamos imprescindibles, para volver a considerar a los trabajadores agrarios y ocuparse de sus condiciones laborales.
La sanción en diciembre de 2011 de la ley 26.727 recuperó lo mejor de los antecedentes normativos del estatuto del Peón Rural y reguló, en sentido protectorio de los trabajadores, a un conjunto de particularidades del trabajo agrario (como la jornada de trabajo, el trabajo infantil y adolescente, la intermediación laboral, las licencias y jubilaciones, las modalidades de contratación, entre otras tantas cosas).
Asimismo, y como paso fundamental, creó el Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA) trasladando a éste las funciones existentes e incumplidas por el RENATRE. De esta forma, el Estado nacional recuperó una herramienta fundamental para revertir la precariedad laboral en el sector. Sin embargo, avanzar en la dirección indicada suponía modificar la concepción que tenía el viejo RENATRE de registración del empleo agrario: un organismo con sus principales funciones tercerizadas, alejado de los problemas de los trabajadores y concentrado en aspectos exclusivamente administrativos.
La concepción de trabajo que se imprimió desde entonces fue muy clara: convertir a la registración en la puerta de entrada para la concreción de los derechos de los trabajadores agrarios y sus familias, una población históricamente postergada en materia de derechos laborales y protección social.
Para garantizar este objetivo el organismo debió modificar su estructura, tanto en su despliegue territorial y en su modalidad de trabajo, como en la capacidad técnica y logística.
Desde el año 2012, la dirección del nuevo organismo comenzó a implementar una gestión que combinaba la recuperación de las herramientas que garantizaran la capacidad técnica y política (recaudación, fiscalización, gestión de juicios, manejo de base de datos, capacitación) y, por otro lado, mejorar el despliegue territorial del organismo, para ofrecer una instancia de cercanía tanto para trabajadores como para empleadores.
Los primeros años de gestión ofrecieron claros ejemplos de que este modelo de trabajo había traído muy buenos resultados. Sin embargo, también se hizo evidente que el desafío de revertir las condiciones de precariedad en el empleo agrario tenía sus limitaciones y dificultades.
Estas dificultades hicieron que el RENATEA se pusiera como objetivo fortalecer su inserción territorial e involucrarse en las dinámicas que estructuran la vida de los trabajadores agrarios. Lo cual supuso comprender e intervenir, tanto en los aspectos sectoriales de la actividad agraria como en la articulación con actores sociales y económicos (organizaciones de trabajadores y de empleadores, instituciones públicas, organizaciones sociales), para lograr que la registración fuera verdaderamente el mecanismo por el cual se promoviera e hicieran efectivos los derechos básicos del trabajador agrario y su familia.
En este sentido, además de las tareas inherentes al organismo (registración, fiscalización, prestaciones por desempleo y sepelio y capacitación laboral), el RENATEA implementó un conjunto de iniciativas que abordaron temáticas más integrales como la alfabetización, el apoyo a las escuelas rurales, la promoción de derechos, el trabajo y la explotación infantil, la trata para explotación laboral, la salud, las temáticas de género y la cultura, entre otras. Al mismo tiempo, se llevó adelante una articulación duradera con otros organismos públicos, sectoriales y gremiales. Estos organismos aportaron iniciativas, directa e indirectamente, relacionadas con los trabajadores y sus familias, las cuales resultaron fundamentales para mejorar su calidad de vida.
Finalmente, dada la dispersión y desactualización de las estadísticas y fuentes de datos sobre los mercados de trabajo agrario, el RENATEA implementó un espacio de investigación para generar un conocimiento preciso y actualizado sobre la situación del empleo agrario, a partir del cual poder elaborar políticas públicas. Precisamente, esta Subgerencia de Investigación y Estadísticas fue el primer espacio que se disolvió a partir del cambio de gobierno.
En síntesis: desde el 2015 a enero de 2017 se sucedieron distintos hechos: el fallo de la Corte donde se anularon dos artículos fundamentales de la Nueva Ley de Trabajo Agrario, la disolución del RENATEA y el pase de los poderes de control nuevamente a la UATRE. Todo ello dio paso a una nueva vuelta de página. Ahora en la base, los asalariados rurales y la pérdida de sus derechos alcanzados. En el poder, la vuelta de la UATRE, del Momo y de las organizaciones patronales.
Acerca del autor/a / Lautaro Lissin
Lautaro Lissin es sociólogo graduado en la Universidad Nacional de Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales y Magister en Sociología Económica (IDAES-UNSAM). Es autor de “Federación Agraria hoy, el campo argentino en discusión”, editorial Claves para todos. Se desempeña como docente de Análisis de la Prácticas Económicas, Sociales y Ambientales (APESA) y de Relaciones del Trabajo en la Agroindustria, ambas en la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ).
