Cristián Gonzalez realiza una mirada histórica sobre el devenir de la UNAJ en tiempos de retroceso del derecho a la educación superior, a través de las experiencias y expectativas de la universidad pública argentina.
Presente. En torno al tiempo histórico.
¿Qué es el tiempo histórico? Reinhart Koselleck defendió la tesis sobre la existencia de un único “tiempo histórico”: el presente, construido con la memoria de lo ya vivido y las esperanzas de lo que está por venir. De la diferencia entre pasado y futuro, entre un espacio de “experiencia” y un horizonte de “expectativas”, se puede “concebir algo así como el `tiempo histórico´”1. “Experiencia” y “expectativa” nos hablan de lo experimentado y de lo que se espera experimentar.
En una alocución desarrollada en la Universidad Nacional Arturo Jauretche2 (UNAJ), Diego Conno señalaba que en los últimos años hemos comenzado a pensar y experimentar la democracia como un proceso de institución y ampliación de derechos. Entre 2003 y 2015 en la Argentina se construyó una universidad pública mucho más democrática, en tanto se amplió el derecho a la educación universitaria a nuevos territorios, como el de Florencia Varela, y a sectores sociales sin experiencia universitaria.
Hoy, la coalición “Cambiemos” ha brindado numerosos guiños (desprecio por la creación de nuevas universidades, desarticulación de programas en funcionamiento, cerrazón a discutir paritarias docentes, sub-ejecución de presupuestos, entre otros), que adelantan que garantizar el derecho a la educación universitaria no es su prioridad. En el marco regional, se asiste al retroceso de los proyectos populares democráticos y a la consolidación de gobiernos neoconservadores que han avanzado en contra de esos derechos adquiridos.
¿Cuál es el presente de la universidad pública hoy? ¿Qué tiempo histórico afronta?
Para aproximar una respuesta, se reconstruye una historia de la ampliación del derecho a la educación universitaria en la Argentina para desde allí prefigurar un posible horizonte de expectativas.
Pasado. Espacio de experiencia (1918-2001): acceso, nuevas instituciones y nuevos sujetos universitarios.
La Reforma del ’18 supuso el ingreso a la universidad de las clases medias urbanas. Desde allí, se ha extendido gradualmente el derecho a la educación universitaria a los sectores populares.
Las políticas peronistas de gratuidad e ingreso irrestricto, de 1949 y 1953, respectivamente, ampliaron ese derecho a sectores sin tradición universitaria. En el ciclo 1946-1955 existían siete universidades y en el marco de decisiones políticas democratizadoras (institución de derechos sociales, políticos y laborales, participación privilegiada de la clase trabajadora en el PBI, satisfacción de la demanda de estudios secundarios, creación de la Universidad Obrera, etc.), aumentó de tres a ocho el número de estudiantes universitarios por cada mil habitantes3.
El ciclo 1955-1966, con nueve universidades nacionales, es evocado como un ciclo de modernización universitaria. Sin embargo, durante el período -caracterizado por masividad combinada con retraimiento del presupuesto, restricción del ingreso y movilidad descendente de los sectores populares- se mantuvo sin crecimiento, en un promedio de quince mil ingresantes por año hasta 1973.
La dictadura militar de 1966 fue feroz con la universidad pública. Desde la “Noche de los Bastones Largos” la universidad fue representada como un sitio de formación política ligado al “marxismo leninismo” y por ello se transformó en un blanco al que había que combatir.
Durante el gobierno militar del general Lanusse, surgido tras la caída de Onganía post “Cordobazo”, se desarrolló el “Plan Taquini”. El proyecto suponía crear universidades en zonas del interior para paliar el desborde de las universidades existentes y federalizar el desarrollo académico y científico. Ello fue bien acogido por los sectores militares porque lo entendieron como una estrategia para despolitizar las universidades centrales existentes. Como sea, se crearon 14 universidades extendiendo la educación universitaria a territorios sin tradición.
Durante la tercera presidencia de Perón, entre 1973 y 1974, se amplió sin precedentes el acceso a la universidad. Desde la “Ley orgánica de las universidades nacionales” y su
capacidad de legislar sobre todo el sistema universitario, y la idea compartida por múltiples actores sociales de construir una universidad popular al servicio de la nación, el acceso durante ese año sobrepasó cuarenta mil ingresantes.
Esa tendencia se revirtió fatalmente con la última dictadura cívico militar que además de la brutal violencia efectiva, se caracterizó por el cierre de carreras, la disminución presupuestaria, los cupos de ingreso y el arancelamiento.
La vuelta de la democracia retrotrajo la legislación a la norma del gobierno de facto de 1955 que, en pos de la autonomía, no se ocupó de definir a escala nacional las condiciones de ingreso y permanencia. Sin embargo, se recuperaron los niveles de ingreso de 1973 aunque se combinaron dos variables contradictorias: por un lado, la voluntad política de poner a la universidad en el centro de las preocupaciones y democratizar el acceso; y, por otro lado, una situación presupuestaria agobiante.
Los ´90 supusieron una continuidad, por la vía legítima, del plan económico iniciado por la última dictadura, en el que se estructuró un discurso sobre la educación entendido como gasto, precarización de la tarea docente y desfinanciamiento de la universidad. Paradójicamente, se crearon nueve universidades, en su mayoría ubicadas en las periferias de núcleos urbanos.
Así, con vaivenes y tensiones entre la voluntad de democratizar la universidad y las reacciones para restringir el acceso, durante el “corto siglo XX” de la universidad pública argentina se asistió a un aumento de inclusión gradual de sectores populares, produciendo un horizonte de expectativas de ingreso a la universidad para nuevos sujetos sociales.
Futuro. El horizonte de expectativas de la UNAJ.
En un análisis sobre la composición social de los estudiantes de la UBA producido en 1965, el sociólogo Gino Germani señalaba que sólo el 18% de los estudiantes provenían de un nivel socioeconómico “popular”, a pesar de que el peronismo había mejorado el nivel socioeconómico de esos sectores. Advertía que el reclutamiento de estudiantes era fruto de una selección de clase social y de aptitudes intelectuales, y por ello, ser estudiante universitario no era una “expectativa normal” para los sujetos de las clases populares. Cincuenta años después y atravesado por el espacio de experiencia que se presentó arriba, la hipótesis de Germani es discutible.
Entrando el 2015 y culminando el ciclo kirchnerista, se habían creado 15 universidades nacionales, muchas de ellas en el conurbano bonaerense, se había acumulado en infraestructura una inversión de cuatro mil millones de pesos, el presupuesto universitario había aumentado de 1992 millones de pesos en 2003 a 42.117 millones de pesos en 2015, y se otorgaron becas por casi mil millones de pesos. Sólo considerando decisiones universitarias –es decir, sin incluir las medidas de justicia social y redistribución económica que mejoraron las posibilidades de acceso a la educación universitaria indirectamente-, el resultado fue un crecimiento de la matrícula de 33% durante los últimos doce años.
En ese contexto, en su primer ciclo lectivo de 2011 ingresaron a la UNAJ 3049 estudiantes; en 2012, 5265; en 2013, 5179; en 2014, 6987. En 2015 ingresaron 9171 estudiantes. En un territorio sin tradición universitaria, en cinco años de existencia, la universidad de Florencio Varela aumentó en un 300% su cantidad de ingresantes por año.
La no expectativa de los sectores populares indicada en Germani radicaba en que estos carecían de un ambiente familiar adecuado que les brindara “experiencias familiarizadoras con los estudios y la carrera universitaria” (1965: 57). En ese sentido (o contra él), el 17% de los padres y madres de los y las estudiantes de la UNAJ no terminó el secundario; aproximadamente el 18% no completó la escuela primaria; sólo el 4% tiene estudios terciarios o universitarios incompletos, y el 7% son graduados universitarios o terciarios. Es decir, sólo el 11% tiene en su núcleo familiar una experiencia directa de estudios terciarios. Sin embargo, año a año la matricula creció y se combinó con la retención de estudiantes, produciendo en muchos casos convivencia intergeneracional en la universidad.
La situación a corto plazo de la Universidad Nacional Arturo Jauretche es compleja. El Ministerio de Educación ha subejecutado presupuesto, se ha hecho cuesta arriba sostener los gastos corrientes de funcionamiento, se ha reducido en 250 veces el presupuesto destinado a programas (entre ellos el FinEsTic, un bachillerato modelo para adultos que ha recibido los fondos acordados desde el inicio del ciclo lectivo con seis meses de atraso). Sin embargo, la experiencia histórica de ampliación del derecho a educación universitaria, la tarea desarrollada durante los cinco años de funcionamiento y el aumento del compromiso de toda la comunidad educativa y del territorio con la UNAJ desde principios del 2016, acordes a las demandas de este tiempo histórico, permiten pensar un horizonte en el que cada vez más estudiantes de Varela, Berazategui y Quilmes satisfagan sus expectativas universitarias.
Acerca del autor / Cristián González
Es licenciado en Ciencias de la Comunicación (UBA). Cursó estudios de Doctorado en Ciencias Sociales en la Universidad de Buenos Aires. Es docente investigador del Instituto de Estudios Iniciales y del FINES de la UNAJ y de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Es miembro del Programa de Estudios Sobre la Universidad Pública (PESUP-IIGG-FSOC-UBA).
