Después de años de incremento de los presupuestos, mejoramiento de salarios docentes e infraestructura y la creación de nuevas universidades, el cambio educativo comenzó con el recorte presupuestario. El nuevo gobierno prepara la cancha introduciendo mecanismos de mercado en la esfera pública.
El cambio de siglo –que podemos situar históricamente con el triunfo de Hugo Chávez Frías en la contienda electoral de 1998 en Venezuela– fue la puerta de entrada a una mutación impensada en América Latina. La “década ganada” que transcurre en los primeros años del siglo XXI tiene expresiones en distintos ámbitos: se recuperó a la política como instrumento de transformación de la realidad; al Estado para la construcción de políticas públicas orientadas a la ampliación persistente de derechos; se generaron proyectos orientados a defender el mercado interno y el salario, promoviendo un lugar de cierta autonomía y de innegables avances en materia de justicia social. Tales transformaciones no se dieron en un vacío histórico, sino en el marco de luchas muy concretas contra los poderes fácticos o institucionales que resistieron todo lo posible el avance del huracán transformador que sacudió en estos años al continente. Visto en perspectiva histórica, asistimos a un proceso de transición de un orden planetario unipolar a uno multipolar.
Las políticas educativas en nuestros países han tenido en estos años transformaciones diversas, importantes y en sentido democratizador. Los incrementos sustantivos en los presupuestos, el mejoramiento de las condiciones laborales docentes, la construcción de casi dos mil edificios escolares, la creación de nuevas Universidades, la sanción de leyes expansivas del derecho a la educación, las paritarias docentes que incluían la formación de los colectivos de enseñantes, la distribución de notebooks y libros fueron el capítulo educativo de una política pública expansiva y de inspiración igualitarista.
Es cierto que había muchas cosas pendientes, si bien las conquistas resultan innegables. Uno de las cuestiones en las que se pudo avanzar muy poco fue en la creación de una pedagogía propia, un currículo democrático construido con la participación de comunidades de docentes, estudiantes, padres, organizaciones territoriales. Otro punto importante, referido al gobierno de la educación y a la unidad del sistema educativo, fue la necesidad de construir un proyecto nacional, popular y democrático en el ámbito educativo. Las tensiones del “federalismo” y la coexistencia de proyectos antagónicos (por ejemplo, el gobierno del PRO en CABA era la contracara del gobierno nacional) obstaculizan este objetivo colectivo.
La asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015 generó un cambio radical de escenario y de rumbo en la política pública. El repaso de las acciones de gobierno de los primeros meses marca una indubitable orientación neoliberal-conservadora aggiornada. Las medidas de Cambiemos operaron una transferencia de riqueza y poder a los sectores concentrados: megadevaluación, eliminación de retenciones, suba brutal de tarifas, apertura a las importaciones, liberación del mercado financiero, despidos masivos en el Estado y el sector privado han mostrado ya sus primeros frutos: el incremento de la pobreza y del desempleo, la pérdida de poder adquisitiva del salario y el cierre masivo de industrias y comercios. Los datos son incontestables y resultan una consecuencia directa de la aplicación de una política pública transparente. No se trata de un Estado ausente, sino de un Estado que opera activamente en favor de los sectores más concentrados y en detrimento de las mayorías populares, especialmente contra los grupos más vulnerables y oprimidos.
En el campo de la educación las cosas han ido en una dirección análoga a la de las demás políticas públicas de Cambiemos. Como en el resto de los rubros de la administración pública, el presupuesto 2016 se aprobó sobre la base de un cálculo de inflación para el año de 14,5% y a hoy se estima un proyectado de 47%, es decir, más de tres veces lo previsto. Al no actualizar las asignaciones más el agregado, – por ejemplo- de las subas de tarifas de gas y luz muchas Universidades se han visto imposibilitadas de asumir los gastos básicos de funcionamiento. Los salarios también han quedado muy por debajo de la inflación pero a la insuficiencia presupuestaria deben agregarse otras graves medidas de gobierno. El despido masivo de equipos ministeriales – de Conectar Igualdad, o muchos de los programas de la Dirección Nacional de Programas Socioeducativos- ha implicado un desmantelamiento parcial de iniciativas que venían avanzando en la democratización de la educación. Los programas de Orquestas Infantiles, o los Centros de Actividades Juveniles, por ejemplo, han sufrido reducción de las plantillas. Al mismo tiempo, se derivaban recursos a las Provincias quienes debían elegir cuáles programas sostener y cuáles cerrar, mientras se estimuló la introducción de Organizaciones No Gubernamentales para la provisión de servicios en diversos ámbitos y niveles del Sistema Educativo.
En nombre del federalismo se viene propiciando una renovada fragmentación del Sistema Educativo Nacional, y en nombre de un “Estado canchero” (cuida la cancha para que jueguen otros) se facilita la introducción de mecanismos de mercado en todos los intersticios disponibles de la vida social, y con ello en las propias escuelas. Tal es el caso, por ejemplo, de “Enseñá por Argentina”, un programa de voluntariado que propone la creación de cargos “co-docentes” a personas sin formación, por un tercio del salario establecido y fuera de estatuto. Tal iniciativa tiene la doble consecuencia de precarizar las condiciones laborales docentes e introducir la iniciativa privada en el sistema educativo, dentro del aula.
“Junior Achievement” se propone formar “emprendedores”, pequeños capitalistas incluso desde el jardín de infantes, como si tales construcciones pudiesen ser la mera consecuencia de una voluntad personal dispuesta a competir en el mercado. Este mecanismo de formación de capitalistas en una sociedad que promueve una política de desigualdad y exclusión tiene el “mérito” de introducir la responsabilización individual por un orden excluyente y machacar con la cultura empresarial que interpela a la institución escolar como responsable del éxito económico. La organización y distribución de la riqueza, la conformación de clases y grupos sociales no depende de la política educativa sino de la política económica. Esta estrategia termina exportando la crisis de la economía a la educación, ubicando causas y responsables de la crisis en los marcos del sistema escolar formal.
El esquema se completa con el discurso tecnocrático ministerial, para el cual “calidad educativa” resulta ser el equivalente a los resultados de operativos estandarizados de evaluación frente a contenidos elaborados por expertos, traducidos por manuales, embutidos por docentes en el cerebro de los educandos y medidos por el Ministerio (con un sentido estigmatizante y punitivo).
Estas políticas públicas vienen generando crecientes protestas sociales y específicamente educativas. Por supuesto, la agenda pública y las luchas que se libran alrededor de la política educativa tienen un carácter radicalmente distinto al del período previo. Los reclamos por presupuestos, contra despidos, contra el desmantelamiento de programas educativos, oponiéndose a dispositivos privatizadores configuran puntos de primer orden en las comunidades educativas.
El gran desafío es sostener la apuesta lanzada en 2011 con la creación del Movimiento Pedagógico Latinoamericano en Bogotá, llamando a construir una pedagogía propia y un proyecto político-educativo consistente con la segunda emancipación continental. Se han generado múltiples iniciativas: expediciones pedagógicas a Venezuela y Argentina, creación de círculos pedagógicos, congresos y seminarios donde los y las docentes intercambian sobre sus prácticas, producción de publicaciones: crecientes contingentes de educadores y educandos van confluyendo en esta construcción colectiva.
El actual momento de reflujo y derrota del proceso liberador iniciado hace más de 500 años no expresa un imposible “fin de la historia” sino un proceso de disputa que nos desafía a pensar, decir y hacer una educación democrática, de inspiración igualitaria y transformadora. De la “década ganada” a la “década en disputa” nuestros Pueblos libran la lucha anticolonialista y antiimperialista que habilite el nacimiento de sociedades de dignidad y justicia, sin inadmisibles exclusiones ni intolerables privilegios.
Acerca del autor/a / Pablo Imen
Licenciado en Ciencias de la Educación por la Universidad de Buenos Aires. Especialista en Ciencias Sociales del Trabajo de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Realizó estudios de maestría en Política y Gestión de la Educación por la Universidad Nacional de Luján. Docente e investigador de la Universidad de Buenos Aires (UBA). Coordinador del Departamento de Educación del centro Cultural de la Cooperación. Orientado a la investigación de la política educativa y el trabajo docente. Es investigador formado de los Proyectos UBACYT F042 y F112.
