Escenarios globales

NICARAGUA A CUARENTA AÑOS DE LA REVOLUCIÓN SANDINISTA

Las armas y después

Por Julieta Grassetti y Camila Matrero

El gobierno de Nicaragua se encuentra atravesando su momento más conflictivo en el plano interno, mientras en el externo son múltiples las presiones que ejerce la OEA y la Unión Europea para darlo por finalizado.

 

Este año se cumplen 40 años de la Revolución Sandinista en Nicaragua. La última Revolución -con mayúsculas- que vivió América Latina y el triunfo que cerró el ciclo revolucionario en la región. En 2007, luego de una derrota electoral en 1990, los protagonistas de aquella gesta volvieron democráticamente al gobierno de la mano de Daniel Ortega.

Hoy, este proceso político se encuentra atravesando su momento más conflictivo en el plano interno, mientras en el externo son múltiples las presiones que ejerce la OEA y la Unión Europea para darlo por finalizado.

Si bien la motivación latente del conflicto responde a la tensión creciente entre las potencias mundiales -Estados Unidos vs China-Rusia, y sus respectivas zonas de influencia en el resto del mundo-, la condena expresada por los organismos internacionales se sustenta en la política represiva que desde abril de 2018 emprende el gobierno de Ortega, ante las protestas de los nicaragüenses.

De esta manera, se presentan dos ejes a analizar: externo (geopolítico) e interno (nacional). El eje externo se podría sintetizar en la prolongación de la política injerencista estadounidense para América Latina en general, y Centroamérica en particular. En este caso, se advierten dos intereses muy concretos: frenar el avance de empresas chinas en la construcción del canal Interoceánico que competiría con el de Panamá y debilitar al eje nucleado en el ALBA (Venezuela, Cuba, Bolivia y Nicaragua).

Ahora bien, detectar el lugar estratégico que ocupa Nicaragua en una disputa geopolítica mayor, no oculta la difícil situación social, institucional, y en materia de Derechos Humanos que atraviesa el país.

En lo que sigue del texto, nos proponemos analizar las condiciones internas que hicieron posible la escalada del conflicto, en tanto entendemos que son las únicas que pueden variar en esta coyuntura.

Antecedentes de las protestas

El conflicto puntual inició el 18 de abril de 2018 cuando estudiantes, jubilados y empresarios se manifestaron en contra de la reforma previsional, que aprobó el presidente Ortega por decreto. La reforma suponía un aumento en las contribuciones tanto de empresarios como de los trabajadores y una retención del 5% mensual a los jubilados. Esta medida buscaba recomponer la situación del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) que estaba en quiebra por varios miles de millones de dólares.

Las manifestaciones urbanas contaban con el antecedente de las protestas rurales desarrolladas entre el 3 y 13 de abril, a raíz del incendio sucedido en la reserva natural de Indio-Maíz. La misma era objeto de disputa entre el gobierno central (el Gran Canal Interoceánico de Nicaragua atravesaría ese territorio) y las comunidades originarias que allí residen, más grupos como ONGs ecologistas.

Las manifestaciones, cortes de ruta, barricadas y tranques (bloqueos) se multiplicaron a pesar de la decisión de Ortega de dar marcha atrás con la medida. Se extendieron a otras ciudades del país con la consigna de la renuncia de Ortega y Murillo. La respuesta oficial fue la represión.

Durante el mes de mayo, momento de mayor auge del conflicto, se instaló una mesa de diálogo nacional moderada por la Conferencia Episcopal de Nicaragua en la que participaron el gobierno nacional y la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” compuesta por estudiantes, campesinos y algunos empresarios representados en el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP).

Estos últimos proponían la salida del gobierno de la pareja presidencial y el adelantamiento de las elecciones previstas para el 2021. Frente a este pedido el gobierno de Ortega se negó a continuar las negociaciones y el diálogo se encuentra interrumpido al día de hoy. La respuesta oficial fue la sanción el pasado 24 de enero, de la Ley  para una “Cultura de Diálogo, Reconciliación, Seguridad, Trabajo y Paz”. De su elaboración participaron diferentes sectores de la sociedad civil, no así de la oposición política.

Un gobierno sustentado en alianzas débiles

El Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) llega a la presidencia con Daniel Ortega en 2007, en un marco de ascenso de gobiernos posneoliberales en la región. Venezuela marca el inicio de la etapa con la elección de Hugo Chávez Frías en 1998. Lo siguen Lula Da Silva en Brasil (2002), Néstor Kirchner en Argentina (2003), Tabaré Vázquez en Uruguay (2004), Evo Morales en Bolivia (2005) y Rafael Correa en Ecuador (2006). Luego de la victoria de Ortega en Nicaragua, se sucedería la victoria de Mauricio Funes (2009) en El Salvador.

En Centroamérica tanto el FSLN nicaragüense como el FMLN (Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional) en El Salvador, no se crearon en el marco de un sistema de partidos liberal-burgués, como sucedió en Brasil, Uruguay o Argentina; ni en un contexto de estallido social y crisis del sistema de partidos, como en Venezuela, Ecuador y Bolivia. El FSLN y el FMLN son partidos que se constituyeron luego del proceso revolucionario en el primer caso y de doce años de guerra civil en el segundo.

El año 1979 marca el cierre del período revolucionario en América Latina, con el triunfo de la Revolución Sandinista en Nicaragua. El fin de la dictadura somocista se logró luego de años de lucha armada con el apoyo de un frente heterogéneo que incluyó obreros, campesinos, estudiantes pero que también incorporó elementos de la vieja burguesía antisomocista. Este proceso encuentra similitudes con el derrocamiento de Batista en Cuba (1959). Pero los veinte años que distancian a las dos revoluciones marcaron dos climas de época completamente diferentes: el ascenso de la oleada emancipadora (1959)  y la instauración de dictaduras militares en el Cono Sur (1973, en adelante). El cambio en el contexto económico mundial, post crisis del petróleo, el declive del bloque socialista y el inicio de un modelo de acumulación basado en la valorización financiera, dificultaron la concreción de las proclamas revolucionarias.

Las alianzas que hicieron posible el triunfo revolucionario se volvieron en su contra en las etapas posteriores. El FSLN debió enfrentar los efectos de la crisis económica al tiempo que defender el proyecto revolucionario de la amenaza de la contrarrevolución, organizada por Estados Unidos y las fuerzas conservadoras nicaragüenses. La defensa del proyecto se volvió central, imposibilitando la profundización de la transformación de la estructura socioeconómica del país como sucedió en Cuba. El avance, en este sentido, implicaba golpear a la burguesía local con la que se mantenía la alianza. El sandinismo, como afirma Carlos Vilas (2005), de cara a las elecciones, estableció acuerdos con empresarios privados buscando la reactivación de la inversión y mejorar las relaciones con la burguesía. Esto erosionó su relación con la base social que apoyaba al frente (tanto entre el campesinado y los asalariados rurales, como entre las masas urbanas).

Conforme al período de transición a la democracia de principios de los años ochenta, la organización política-militar sandinista, se constituyó como partido político (1983) y ganó las primeras elecciones un año después. Sin embargo, la difícil situación económica (crisis de la deuda) llevó a que el FSLN adoptara el primer plan de ajuste denominado Plan Estabilizador en 1989, que congeló salarios, liberó precios y cortó el gasto social, con el objetivo de frenar la inflación y recesión.

En 1990 perdió las elecciones ante un amplio frente opositor, la Unión Nacional Opositora, que llevó como candidata a Violeta Chamorro. A partir de ese año, y al compás del Consenso de Washington, se impuso democráticamente el ajuste estructural, bajo un programa neoliberal.

Así, regresamos al año 2007, cuando el FSLN vuelve al gobierno en un clima de ascenso de las fuerzas posneoliberales en la región.

Existen ciertos denominadores comunes en relación a estos gobiernos: la recuperación del Estado y su intervención creciente en la economía, las políticas de inclusión social, la integración regional y la reconfiguración de las relaciones geopolíticas a escala global. A pesar que estos procesos significaron/significan un gran avance para la región y permitieron/permiten que se modifique la brecha de desigualdad social, su principal límite radicó/radica en la no transformación del patrón de acumulación sostenido en la valorización financiera y, por lo tanto, en manos del bloque de poder dominante.

Desde el año 2007, Nicaragua fue dependiente del financiamiento que le proporcionaba Venezuela en el marco de Petrocaribe. Estas divisas le permitieron expandir la obra pública (en alianza con la burguesía nacional) y desarrollar diversos programas sociales. Pero al no transformar el patrón de acumulación, cuando el excedente generado por el elevado precio del petróleo no se pudo seguir repartiendo de manera solidaria, la respuesta del FSLN, al igual que en 1989, volvió a ser el ajuste.

Para finalizar, resulta importante problematizar el marco de alianzas con que las fuerzas posneoliberales acceden o se mantienen en el poder. Al igual que en 1979, en 2007 el sandinismo se valió de alianzas con otras fuerzas para ampliar su base, esta vez electoral, de manera similar a lo acontecido en Brasil con las alianzas del Partido de los Trabajadores. En los 2000 se firmó el pacto Alemán-Ortega que cambió las reglas de la elección presidencial reduciendo del 45% al 40% el porcentaje requerido para la elección en primera vuelta. El pacto entre el FSLN y el Partido Liberal Constitucionalista (PLC) facilitó el regreso de Ortega al poder. Otras alianzas muy cuestionadas fueron las que se establecieron con la Iglesia católica y el sector empresario.

Las contradicciones internas que generó entre sus propias filas y las concesiones que tuvo que realizar ante el bloque de poder dominante (siempre es el que conduce la esfera económica), imposibilitaron la construcción de hegemonía alrededor de un proyecto alternativo. Con la Revolución no se construyó un hombre y mujer nuevos/as, como sucedió en Cuba. Y sin hegemonía, el poder se mantiene vía dominación.

Vilas, C. M. (2005). La Revolución Sandinista: El legado de una década, ed. GE Lea. Managua.

 

Acerca de las autoras / Julieta Grassetti y Camila Matrero

Julieta Grassetti (becaria doctoral CONICET- IEALC) y Camila Matrero (UNAJ) son sociólogas, maestrandas en Estudios Sociales Latinoamericanos (UBA) e integrantes del Observatorio Electoral de América Latina (OBLAT-UBA).

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