Notas

Politica y mentira

Simulacro de República

Por José Luis Di Lorenzo

El macrismo en el devenir histórico de nuestros enfrentamientos políticos. José Luis Di Lorenzo propone una mirada de los proyectos antagónicos que dividen a generaciones de argentinos, agregando las fortalezas y debilidades de las opciones populares en la coyuntura actual.

Se denomina República a la forma de organización del estado democrático, organización institucional que en Argentina tiene origen en el Proyecto del Ochenta y que llega hasta nuestros días.

Supuestamente, nosotros pueblo, delegamos la soberanía en una administración pensada en tres poderes, Ejecutivo, Legislativo y Judicial que se controlan y compensan recíprocamente. Un Presidente como jefe supremo de la Nación, Diputados y Senadores a cargo de dictar las leyes a la que aceptamos someternos y lo que llamamos “Justicia”, integrada por una Corte Suprema y Tribunales inferiores, responsables de controlar la adecuada aplicación de las leyes y la Constitución Argentina.

Casa Rosada

Este diseño institucional rigió (formalmente) sin sobresaltos hasta el año 1930, en que un primer golpe de estado usurpa el poder. Lo que ocurre porque a la ideología fundacional (liberal autoritaria), le resultó intolerable que los supuestamente inferiores, la “chusma” como la llamaban, eligiera democráticamente (por primera vez) quien nos gobernara.

Lo mismo ocurrirá con el Proyecto de la Justicia Social, sexto Proyecto Nacional, el que nace en 1945 y es derrocado militarmente en 1955. Proyecto que tras casi dos décadas de proscripción, el voto popular lo intenta recuperar en 1973, pero que es definitivamente aniquilado por el golpe de estado de 1976.

Es esta última usurpación la que a sangre y fuego instaura el séptimo proyecto de país, que en realidad es un antiproyecto, ya que constituye la negación de todos los proyectos que lo precedieron, desmantela el Estado, abdica de la soberanía y asume incondicionalmente la sumisión económica, política y cultural al Norte Imperial, sentando las bases para la disolución nacional.

Antiproyecto que simbólicamente nace mediante el fraude comunicacional, ya que se autodenomina “Proceso de Reorganización Nacional”, cuando viene a hacer todo lo contrario a como se nomina, viene a desorganizar para someter. Se maquilla bajo la doctrina de la seguridad nacional para en nombre del “ser nacional” derrotar a la “subversión” -su explicitado objetivo “militar”- Implementando el ideario y el discurso (neo) liberal bajo el eufemismo de “entrar al primer mundo” -su explicitado objetivo “económico”-.

El enemigo último de este antiproyecto es el trabajo, lo diametralmente opuesto a la especulación que es lo que viene a imponer. El sujeto social desaparecido será el trabajo y el trabajador, en tanto el sujeto social emergente es el consumidor.

Este golpe militar usurpa el Poder Político para someternos al Poder Financiero y al Poder Mediático, que lo prohijaron y apoyaron en el momento “militar” y sostienen en su perduración “democrática”.

Lo cierto, lamentablemente, es que la democracia recuperada en 1983 regresa condicionada por el endeudamiento externo y por el consolidado poder mediático. Tras un primer intento de renegociar la deuda externa mediante un club de deudores suramericanos, el Gobierno del Presidente Alfonsín cede ante el FMI y firma el Memorándum de Entendimiento por el cual pacta el ajuste estructural, iniciando el camino de la privatización de la previsión social a favor de los bancos. Su Ministro Rodolfo Terragno, intenta privatizar lo que el candidato Angeloz promete, pero termina concretando quien en razón de ello lo derrota electoralmente, es decir el ungido Presidente peronista Carlos Menem. La Alianza a su turno rebaja los sueldos públicos y las jubilaciones, pacta el blindaje y el mega canje con el “Norte Imperial”. A fines del año 2000 estuvimos a punto de ser gobernados por los organismos financieros internacionales y entregar la Patagonia y derechos sobre la Antártida como canje de la deuda externa.

Renunciado el Presidente De la Rúa, la declaración de default durante la semana de Rodríguez Sáa, la salida de la convertibilidad (cuasi dolarización de la economía) llevada a cabo por el Presidente (interino) Duhalde, cierra un ciclo que culmina con el despegue del FMI que concreta el gobierno de Néstor Kirchner.

La modelización de la etapa llamada “kirchnerista” se aproxima a revertir el antiproyecto cuando durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se logra que el Congreso apruebe las leyes de Medios de Comunicación Audiovisual y la que elimina las AFJP, a la vez que reduce el condicionamiento financiero externo (desendeudamiento). Lo que finalmente no logra completar y consolidar.

Modelo que queda como una propuesta política, ya que no llega a ser convertido en proyecto por el pueblo, que no lo acompaña en las urnas, dándose inicio a la actual profundización del antiproyecto, ahora a cargo del Presidente Macri y su gobierno de los CEO´s.

La entropía es, en un ser vivo o en un sistema, la tendencia a la desorganización, al deterioro, a la descomposición. Esta desorganización es la que se propuso el antiproyecto, el que para lograr sus fines necesita que la democracia achique el estado a su mínima expresión, a un estado residual, lo que se fue concretando en los tres poderes de la República.

Así se verifica que nuestro Congreso votó leyes en las que los legisladores que decían no estar de acuerdo igual las aprobaban arguyendo que no podían hacer otra cosa porque el FMI lo exigía, caso contrario “se caía todo”. Que aprobó una irracional reforma al Código Penal por la presión mediática de la campaña Blumberg. Que sancionó leyes de impunidad (punto final y obediencia debida) bajo amenaza mediático militar. Así como que incorporó a su práctica legislativa el fraude comunicacional, distorsionado en el nombre de las leyes el verdadero objetivo regulado. Llamando “flexibilización laboral” a la precarización del empleo, “solidaridad previsional” a la inmovilidad de los haberes de los jubilados y a quitarles el derecho a cobrar su sentencias.

Ámbito parlamentario en el que el eufemismo “consenso” barniza un nocivo “toma y daca” político institucional.

Congreso Nacional

Esta etapa democrática llegó a incorporar con rango constitucional el modelo consumista, pilar del anti proyecto, que quedó plasmado en la Reforma de 1994.

La “Justicia” acredita una penosa trayectoria. Es el único poder que se mantuvo en funciones durante todas las dictaduras. Llego hasta el paroxismo cuando juró lealtad al Estatuto sedicioso del golpe de 1976. La Corte Suprema, último resguardo de las garantías constitucionales, ya en democracia -en los años noventa- consagró jurisprudencialmente la supremacía monetarista, poniendo la economía y el plan económico por encima de los derechos garantizados por la hasta allí norma suprema.

Poder Judicial al que el Poder Mediático lo va sustituyendo en sus roles. La instrucción penal, la denuncia fiscal y la condena judicial, es impulsada fácticamente por investigaciones periodísticas, denuncias y condenas mediáticas, que lesionan el debido proceso, la producción de pruebas, sancionan anticipadamente, condicionan la sentencia real (conforme a derecho) y convierte lo inculpado en socialmente inapelable.

La institución presidencial – en varios presidentes – muestra su condicionamiento, endeblez y desapego a la verdad. Como cuando el FMI y los organismos internacionales impusieron caminos, cambios de rumbo, privatizaciones. Cediendo ante imposiciones de asonadas militares como la de los “cara pintada”. Engañando al pueblo como lo hizo quien prometió una “revolución productiva” y “el salariazo” para en realidad concretar el ajuste estructural e institucionalizar el modelo consumista.

Engaño en que también incurre la actual gestión presidencial al violar descarada e impunemente la palabra empeñada y negando sistemáticamente la verdad. A lo que se le debe sumar el grave deterioro institucional generado al incorporar una suerte de “ceocracia” a cargo de la gestión de áreas públicas de gobierno, en colisión con los intereses de las empresas de las que muchos de los ahora funcionarios provienen, violando la ética que se atribuye y de la que obviamente carece.

El “cambio” de la era Macri significa volver a la etapa fundacional del antiproyecto. La consigna “Mirar el futuro” resulta funcional a intentar obviar el genocidio perpetrado por la etapa militar. También lo es para negar la historia y todos los proyectos de país vividos, igual que hizo el antiproyecto en su etapa militar, pretendiendo que los próceres se “angustiaron” por luchar por la libertad y la independencia, empezando a desaparecerlos (simbólicamente) del papel moneda.

El objetivo económico es idéntico, especulación en desmedro de la producción, endeudamiento externo, alineamiento con el unipolarismo global financiero (“volver a estar en el mundo”). La cobertura comunicacional también es semejante. El “periodismo de guerra” fue el instrumento para engañar a los electores y lo es para monopolizar su versión de la realidad, construyendo una hiperrealidad que distorsiona y oculta la verdad.

El trabajador nuevamente es el enemigo a por lo menos someter. La precarización del empleo la justifican apelando a la idea de que en el futuro se creará “trabajo bueno”.

La opinión publicada nos decía que no había República, porque nos gobernaban “populistas” que por ser tales violaban sistemáticamente las instituciones y las reglas. Hoy, en cambio, pretenden estamos frente a una República recuperada, con instituciones saneadas. Lo que claramente es falso.

La descomposición que se constata en los tres poderes demuestra que a pesar de lo que nos pretenden mostrar, de lo que creemos (o queremos) ver, vivimos la República del antiproyecto, que como tal es funcional al Poder Financiero y Poder Mediático que en realidad nos somete y gobierna.

Una República exige organización, el antiproyecto por el contrario lo que necesita es desorganización. Mientras no volvamos a tener Proyecto de País seguiremos inmersos en un simulacro de República, en la que la política reina pero no gobierna.

Acerca del autor/a / José Luis Di Lorenzo

José Luis Di Lorenzo
Abogado (UBA) – Profesor de Derecho de la Seguridad Social, Facultad de Ciencias Sociales (UBA) – Presidente del Instituto para el Modelo Argentino (IMA). Autor y co autor de una veintena de libros. Director Académico de la Investigación Proyecto Umbral. De dilatada trayectoria como funcionario público.

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