El gobierno de Milei pretende reformar la ley orgánica de los partidos políticos y su forma de financiamiento.
La mala imagen de los partidos políticos en Argentina y en el mundo es una realidad. Desde nuestra redemocratización en 1983, la confianza de la ciudadanía en estas instituciones disminuyó, con momentos críticos como la crisis de 2001. A pesar de múltiples intentos por modernizarlos y democratizarlos, los partidos no han logrado revertir esta tendencia.
Su capacidad de representar y canalizar demandas sociales está siendo cuestionada, la forma en la que se financian también. Si los partidos políticos no cumplen con su función representativa, carecen de la confianza ciudadana y reciben financiamiento público en tiempos de ajuste, ¿cómo los revitalizamos?
El gobierno de Milei tiene una respuesta: reformar la ley orgánica de los partidos políticos y su forma de financiamiento. En el mensaje del proyecto de ley se plantea que los partidos políticos son hoy vistos como instrumentos del interés personal, fáciles de crear, una carga para el Estado y que su financiamiento debería recaer mayormente en el ámbito privado.
Para eso se proponen más restricciones a la creación y mantenimiento de los partidos, un esquema mixto de financiamiento de los mismos, revisar sus espacios publicitarios, entre otras reformas. Nos proponemos analizar el diagnóstico, el proyecto y los efectos esperados, punto por punto.
¿Formar un partido político será más difícil?
Es cierto, armar un partido político en Argentina no es muy complejo. En distritos provinciales muy poblados, se necesitan 4.000 afiliaciones para formar un partido político. A partir de ahora, se requerirán aproximadamente 10.000 afiliaciones en provincias densamente pobladas. Para presentar un candidato/a al ejecutivo nacional, en vez de presencia en 5 provincias, un partido deberá tener presencia en 10 distritos. Aumentan un poco las restricciones, pero tampoco tanto para los partidos nacionales ya consolidados.
¿Qué significa esto? Los requisitos “más estrictos” pueden limitar la entrada de nuevos partidos, favoreciendo un sistema con menos competidores. Esto tiende a consolidar un sistema partidario más estructurado, lo que puede restringir la pluralidad de voces, pero a su vez mejora la gobernabilidad y facilita la sanción de proyectos legislativos al promover acuerdos más estables y coherentes entre las fuerzas políticas previsibles.
A su vez, aumentar las exigencias puede desincentivar la fragmentación partidaria, favoreciendo la formación de partidos más amplios y cohesionados, lo que podría evitar la inestabilidad, aunque con el riesgo de excluir a minorías o grupos emergentes.
¿Para qué están las PASO?
Las PASO limitan la proliferación de partidos y reducen la fragmentación política, lo que influye en la gobernabilidad y el funcionamiento legislativo. ¿Puede un aumento en los requisitos para crear y mantener partidos sustituir este efecto? Hasta el momento no se han publicado estudios que permitan analizar cómo interactúan los efectos combinados y contradictorios de los cambios propuestos.
También las PASO, si bien varias veces se han convertido en un censo electoral porque no había competencia interna, en otras ocasiones, han sido muy útiles para la selección de candidatos en frentes electorales. Consideramos que un cambio interesante, podría ser que las PASO dejaran de ser obligatorias. De este modo, permite que cada partido resuelva si quiere utilizarlas para la selección de sus candidatos y los electores también puedan elegir si quieren participar.
Más financiamiento privado
Una de las propuestas más destacadas de la reforma consiste en reducir sustancialmente el financiamiento público para las campañas electorales, lo cual daría mayor lugar al financiamiento privado. Esto busca reducir el peso de los contribuyentes en el sostenimiento de las campañas y disminuir lo que el gobierno considera un aparato político “insaciable”.
El financiamiento de la política genera rechazo. Aunque la ciudadanía parece cada vez menos dispuesta a respaldar a los partidos con aportes individuales, también critica sus fuentes legales de financiamiento. Esta ambivalencia refleja una tensión: los partidos son esenciales para la democracia, pero su sostenimiento tiene un costo que genera descontento.
Aumentar el financiamiento privado conlleva riesgos como la influencia desproporcionada de intereses privados en la política, lo que puede distorsionar las prioridades del gobierno y socavar aún más la igualdad de competencia electoral. En sistemas como el de Estados Unidos, donde predominan grandes donantes privados, los políticos tienden a representar más a sus financistas que a sus votantes, lo que agrava la desconfianza y amenaza la transparencia democrática.
El financiamiento público es clave para garantizar que todos los partidos, independientemente de su ideología, tengan las mismas oportunidades de competir. Esto es esencial en contextos donde los partidos minoritarios pueden quedar desbordados por el poder financiero de los partidos tradicionales o empresariales. Al financiar los partidos con recursos públicos, el Estado promueve un sistema político inclusivo, competitivo y plural.
Cabe aclarar que no se trata de financiar partidos sin control. La clave está en encontrar un equilibrio que permita al Estado apoyar a los partidos políticos, bajo un sistema de fiscalización y regulación más estricta, que garantice la transparencia, prevenga la malversación de fondos públicos con fines privados, castigue severamente la corrupción y fortalezca la confianza en el sistema.
Eliminación de los espacios de publicidad electoral que por ley tenían que ceder los medios.
Reconocer las deficiencias de una política pública no debe llevarnos a desmantelar el sistema, sino a buscar formas de corregirla. En el caso de la distribución de espacios publicitarios según la Ley N° 26.215, identificar sus falencias no debería implicar eliminarla, sino ajustarla para que funcione de manera más equitativa y eficiente. Si el diagnóstico es que el modelo actual no refleja adecuadamente la realidad territorial o la distribución inteligente de los espacios, su eliminación no resuelve inequidades, sino que las profundiza, favoreciendo a aquellos con mayores recursos privados y dejando a las fuerzas más pequeñas o emergentes en desventaja.
Eliminar la publicidad política que tenían que ceder los medios públicos, en lugar de replantear su uso, pone en peligro la pluralidad y la transparencia democrática. Aunque la medida puede justificarse por la necesidad de reducir costos o evitar abusos, no aborda el verdadero problema: la desigualdad en el acceso a los medios y la falta de equidad en la difusión de las propuestas.
El verdadero desafío no radica en su eliminación, sino en la creación de un modelo más justo que garantice un acceso equitativo a los medios, promueva debates de calidad y permita que todos los candidatos, independientemente de sus recursos, puedan llegar al electorado en igualdad de condiciones. Los medios públicos tienen una función esencial en una democracia, no solo como transmisores de información, sino como facilitadores del debate plural que enriquece nuestra vida democrática. Desatender esta función sería renunciar a un deber fundamental de fortalecer la democracia.
Algunas conclusiones: reformas para fortalecer, no para doblar
Es imprescindible adoptar un enfoque integral que considere los efectos combinados de estas reformas. Reformar las instituciones sin un análisis integral ni consenso puede tener efectos negativos no previstos, complicando aún más un sistema que ya tiene sus dilemas. Cambios que concentren el poder en actores privados o desmantelen lo público no solo debilitan a los partidos, sino que también socavan la calidad de nuestras instituciones democráticas.
Las reformas parecen orientarse a que los partidos se conviertan exclusivamente en vehículos electorales, cuyo único objetivo sea la postulación de candidatos para cargos públicos electivos. De esta manera, su función se limita.
A pesar de sus deficiencias, los partidos políticos siguen siendo fundamentales para la democracia. Sin ellos, el sistema político pierde cohesión, se fragmenta y enfrenta mayores dificultades para garantizar la gobernabilidad y la sanción de leyes.
Por todo lo anterior, no tenemos que entender a los partidos solamente como instrumentos electorales, sino como pilares fundamentales de nuestra democracia. Son organizaciones donde se debaten ideas, se forman referentes, se transmiten valores, se articulan intereses sociales y se forjan identidades colectivas. Fortalecer los partidos políticos tiene como consecuencia facilitar la formación de gobiernos coherentes, la elaboración de programas políticos claros y la representación de diversos grupos sociales.
Lamentablemente, las reformas presentadas no parecen enfocarse en construir un sistema político más inclusivo, transparente y representativo, sino en reducir la función de los partidos a vehículos electorales, lo que puede aumentar la desconfianza ya existente en ellos, promover una mayor desconexión entre instituciones y las necesidades de la ciudadanía y, de esta manera, contribuir al debilitamiento de nuestra democracia.
Acerca de los autores
Alejo Brosio
Magister en Administración y Políticas Públicas (UDESA). Especialización en Métodos y Técnicas de Investigación Social (FLACSO-CLACSO). Licenciado en Ciencia Política (UBA). Profesor de la UBA y UNAB en Teoría de los Partidos Políticos.
Matías Triguboff
Doctor por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Licenciado en Ciencia Política (UBA). Docente/ Investigador (CONICET, UNAJ, UNaB). Profesor Titular de Teoría de los Partidos Políticos (UNaB).
