Un reclamo que no cesa. El 23 de abril se cumplió un año de la primera masiva movilización en defensa de la universidad pública
No solo nada ha cambiado en este nuevo año. La situación es más compleja que la del año anterior (Consejo Interuniversitario Nacional – 2025)
El 2024 fue el año en que todas las universidades del país entendieron que debían hacer oír su oposición enfática a las políticas de ajuste que se aplicaron sobre el sistema de educación superior desde la asunción de Javier Milei.
La prórroga de la Ley de Presupuesto Nacional no ha logrado desde el 2022 el consenso parlamentario necesario para su actualización por lo que congela los gastos corrientes de las universidades. Teniendo en cuenta la inflación disparada a partir de diciembre del 2023 que superó el 130%, el funcionamiento de la universidad estaba evidentemente amenazado. Sin plata para la luz, para seguridad, limpieza, insumos, etc. la universidad no puede funcionar. Los desarreglos de un plan económico centrado en el recorte a toda la administración pública impactaron fuertemente en la cotidianidad de las universidades.
Además, como otro componente del ajuste, los salarios de las y los docentes y Nodocentes sufrieron el retraso en el poder adquisitivo producto de la disparada inflacionaria de diciembre, enero y febrero que incluyó aumento de tarifas, alquileres y alimentos. Para abril, los salarios habían perdido un tercio de su poder de compra; pasando a ser uno de los peores del continente. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) los ingresos generales de las trabajadoras y los trabajadores se encontraban 36% por debajo del poder adquisitivo de noviembre del 2023 (CEPA, 2024). Y la pobreza llegó al 22% de los hogares de trabajadores en una de las peores relaciones ingresos/CBT desde 2016 (incluido el período de la pandemia). Ver cuadro 1.
Cuadro 1: Relación entre la mediana de salarios neta y CBT. Abril 16-junio 24
Fuente: CEPA 2024
El 9 de abril del 2024, los rectores y rectoras reunidos en el Consejo Interuniversitario Nacional se pronunciaron claramente al respecto a través de una declaración en la que invitaban a la sociedad toda a participar de una marcha en defensa de la universidad pública frente al fracaso de las negociaciones con el gobierno nacional. Los gremios docentes y Nodocentes de todo el país junto con las organizaciones estudiantiles se sumaron a la convocatoria y realizaron dos movilizaciones de protesta y apoyo a la universidad pública que se cuentan entre las más numerosas de la historia Argentina.
Algo más que plata
En el gobierno de Milei el ministerio de educación quedó reducido a una secretaría dentro del Ministerio de “capital humano”. La Secretaría de Políticas Universitarias, cuya conducción tradicionalmente era consensuada con el Consejo Interuniversitario Nacional, quedó reducida a una Subsecretaría bajo el comando de una persona de confianza del gobierno y con poca voluntad de negociación. En un escrito que circuló informalmente previo a su asunción, el actual subsecretario de políticas universitarias declaraba que su intención era “desarmar las roscas universitarias” (en oposición a los órganos de gobierno universitario que rigen con la autonomía a través de sus representantes democráticamente electos). En consonancia, otros integrantes del nuevo gobierno nacional declararon: “La casta también son los supuestos científicos e intelectuales, que creen que tener una titulación académica los vuelve seres superiores y por ende todos debemos subsidiarles la vocación”.
Los llamados “ordoliberales” y varias corrientes del tramado de derechas se ensañan particularmente con la universidad y el sistema nacional de ciencia y tecnología porque cualquier sistema de ideas basado en la evidencia deja al desnudo los enunciados basados en el prejuicio. De hecho, la desinformación como herramienta de manipulación sociopolítica sólo es efectiva cuando su circulación no es cuestionada por controles institucionales basados en la experimentación.
Ajuste, inflación y falta de interlocución. Pero más aún. Sectores que se autoproclaman la vanguardia del complejo político/ideológico que integra la extraña coalición de gobierno, expresan una visión particular sobre la construcción de conocimiento en las universidades. Bajo el grito de guerra de una “batalla cultural” pretenden eliminar todo contenido que no defienda las corrientes ultraderechistas neoliberales y que no rechacen los planteos transfeministas y los centrados en la “justicia social” como clave interpretativa de las tensiones en la sociedad. Un fenómeno global que tiene en estos momentos un capítulo muy significativo con las universidades en EEUU: las “cinco grandes” fueron amenazadas de fuertes recortes presupuestarios (DW, 2025) si no se adecuaban a la línea política de Trump. La “auditoría ideológica” incluye el rechazo de las políticas progresivas en materia de género y diversidades y un posicionamiento “anti palestino. Sólo Harvard se opuso rotundamente en defensa de lo que aquí entendemos como “autonomía” universitaria (Patrick, 2025).
La pregunta que se impone, sin embargo, es: ¿han logrado mellar las expectativas sociales respecto a la educación superior? Durante el mes de mayo del 2024 realizamos una encuesta a estudiantes de distintas carreras de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, consultados sobre cuáles consideraban habían sido los motivos por los que se había movilizado la universidad pública el 23 de abril.
Las respuestas en su gran mayoría representan los sentidos que los actores del sistema compartían en la convocatoria (Ver gráfico 1). El 60% alude a “la defensa de la educación pública” (34%) y por el “financiamiento de la universidad” (26%). Lo que muestra la contundencia de la identificación y lo profundamente arraigada que está la universidad en el sentir de nuestro pueblo. Incluso otro 9% agregaba algún componente adicional (defensa de los derechos humanos o en reclamo de las becas y boleto estudiantil). Finalmente, sólo un 6% se mostró con poco interés (no participó, no le interesa, no sabe) y poco menos de un tercio (27%) adoptó una postura crítica entendiendo la movilización universitaria como una “movida política opositora al gobierno” (por “no querer las auditorías” u “oponerse a la Ley Bases”).
Gráfico 1: ¿Por qué marchamos el 23 de abril de 2024?
Fuente: Observatorio de educación Superior
¿Hacia dónde vamos?
En la segunda edición de la publicación ¿En qué conurbano que queremos vivir?, uno de sus capítulos recopila todos los esfuerzos (más de 37) que en las universidades y en el sistema nacional de ciencia y tecnología se desarrollaron para hacer frente a la pandemia (Bidiña et al, 2024). Allí se muestra el inmenso esfuerzo hecho durante la pandemia por adecuar las modalidades de dictado para garantizar la continuidad pedagógica, además de los cuantiosos aportes en materia de insumos, vacunas, kits de diagnóstico y conocimientos. Esto puso a las universidades y al sistema nacional de ciencia y tecnología a la vanguardia para solucionar el extraño momento que le tocó vivir a la humanidad. Sin embargo, el nuevo gobierno postpandemia le dio la espalda a su “capital humano” y le declaró la guerra al quehacer científico.
Se cumple un año de las masivas marchas universitarias en defensa de la educación superior y su financiamiento. El valor que se le otorga a la universidad pública se trasluce en la amplia aprobación que tuvo la jornada del 23 de abril del 2024. Eso no impide que la “batalla cultural” o la “auditoría ideológica” haga mella. Por lo que es imprescindible comprender que el conflicto no se reduce a la importante lucha sobre los gastos fijos y los salarios: es una lucha eminentemente política. Que tiene como horizonte, ni más ni menos el futuro de un recurso sociocultural que nuestro país tiene para darse un destino.
La importancia de la interpretación del conjunto de frentes que incluye esta pelea nos plantea cursos de acción de diverso orden que según con el sector de la universidad con la que se converse se tendrá un enfoque distinto, aunque todes comprendemos la necesidad de dar batalla.
En la muy certera declaración final del último plenario de Rectoras y Rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) se realiza un diagnóstico de situación:
“Por segundo año no tenemos presupuesto aprobado y eso nunca es una buena noticia para el sistema universitario. Cuando el presupuesto lo resuelve el Congreso Nacional, independientemente de la valoración que se hiciera de su impacto, hay transparencia y previsibilidad y, por lo tanto, es posible planificar las acciones y el desarrollo de nuestras instituciones. Cuando se prorroga hay incertidumbre y discrecionalidad que obtura la planificación. A la pérdida acumulada a lo largo del 2024, se suma que lo transferido en los primeros tres meses del año es menor en términos nominales que lo recibido en cada uno de los últimos meses del año pasado. Desde enero del 2024, se ha acumulado una diferencia entre la variación de precios y las partidas otorgadas para gastos de funcionamiento del 134 por ciento. La situación es crítica y no hay respuesta. Solo dilación e indiferencia.
En materia salarial, el escenario es más sombrío y dramático. El desfasaje producido entre el proceso inflacionario y los aumentos otorgados desde fines de 2023 a marzo de 2025 es más del 80 por ciento, lo que empuja a miles de docentes y no docentes de las universidades a percibir salarios por debajo de la línea de pobreza. Inadmisible, en cualquier caso, inexplicable cuando se trata de esa manera a quienes tienen la responsabilidad de formar a los futuros profesionales de la nación, a quienes todos los días hacen todo lo necesario para que nuestras instituciones funcionen.
La situación del sistema científico es aún más grave y será terminal si no se toman medidas que reviertan la desinversión y el ajuste. No hay recursos para equipamiento, infraestructura y convocatorias. No hay recursos para producir ciencia y conocimiento aplicado y se discontinúan proyectos y líneas de investigación y desarrollo tecnológico. No hay política científica y los recursos humanos extraordinarios formados por la nación empiezan a perderse. Hay que advertirlo con la gravedad que implica. Lo que se pierde en ciencia demandará décadas para recuperarse.
Las obras siguen paralizadas; los fondos previstos incluso en el presupuesto reconducido para programas y proyectos específicos, como la creación de nuevas carreras o de institutos tecnológicos; el fortalecimiento de la ciencia y el desarrollo de la extensión, entre otros, no se ejecutan o solo se hace parcialmente.
Y las becas, verdaderos programas de asistencia a estudiantes de las universidades, tanto para favorecer las condiciones de equidad en el acceso y la permanencia, como para promover carreras estratégicas, no se convocan en tiempo y forma y no se actualiza el valor del estipendio.
No solo nada ha cambiado en este nuevo año. La situación es más compleja que la del año anterior.” (CIN, 2025)
El contexto de constricción presupuestaria (gastos de funcionamiento, salarios y ajuste al sistema científico)refleja un componente ideológico perverso complementario de la escalada represiva del gobierno nacional; que con saña ha decidido responder únicamente con violencia a los reclamos urgentes y legítimos de diversos sectores. La situación de los adultos mayores, personas con discapacidad, personas en situación de calle, asistencia alimentaria, políticas de acompañamiento frente a la violencia de género y un largo etc. demuestran dos cosas: una crueldad y cinismo sin límites y una apropiación de los recursos públicos en función de un plan de saqueo financiero. Frente a esta situación y sin relegar planes de lucha de todo tipo, empieza a emerger una estrategia parlamentaria basada en el “despegue” de la situación económica del sistema universitario de la Ley de Presupuesto Nacional. Y que al mismo tiempo no requiera esfuerzos espasmódicos para contener el deterioro progresivo y constante. Como le transmite el recientemente elegido presidente del CIN, Oscar Alpa, a Infobae: “es clave que el Congreso apruebe una ley de financiamiento que dé previsibilidad al sistema, nueva propuesta desde el CIN, junto con la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical.” (Dillon, 2025).
La oposición democrática en el Congreso de la Nación Argentina permitiría un recurso legal y constitucional que sume a lo que ya establece la Ley de Presupuesto Nacional sobre el financiamiento “universitario”. Lograr los consensos necesarios que adhieran al sentir popular sobre la función de la universidad pública, gratuita e irrestricta es un camino que se ha iniciado. Las formas de este consenso (marchas, declaraciones, paros, debates parlamentarios, etc) nos interpelan a todes e invitan a que participemos en cada frente sin negar nuestras contradicciones y desavenencias, pero con la indeclinable condición de seguir protegiendo esta nuestra casa, la casa del pueblo.
Bibliografía
Dillon, Alfredo (2025). Oscar Alpa: “Si sigue el ajuste en educación, vamos a tener menos estudiantes en las universidades” En: [https://www.infobae.com/educacion/2025/04/20/oscar-alpa-si-sigue-el-ajuste-en-educacion-vamos-a-tener-menos-estudiantes-en-las-universidades/]
CIN (2025). Declaración del 4 de abril de 2025. EN: [La universidad pública y la ciencia, en crisis profunda | CIN]
CEPA (2024). Evolución de la incidencia de la pobreza y la indigencia en el primer semestre del 2024. EN: [https://www.centrocepa.com.ar]
Bidiña, Ana et al (2024). Las universidades y el sistema de ciencia y técnica en el conurbano después de la pandemia” EN: “¿En qué conurbano queremos vivir?” VOL II, una obra colectiva de las Universidades Nacionales de Avellaneda, La Matanza, Tres de Febrero, San Martín y Quilmes.
DW [Deustche Welle] (2025). https://www.dw.com/es/trump-dice-que-harvard-es-un-chiste-y-no-merece-fondos-federales/a-72269143
Iglesias, Diego (2024). Desmantelamiento en cuotas. En revista Anfibia (06/09/2024) [https://www.revistaanfibia.com/universidades-desmantelamiento-en-cuotas-o-sea-digamos-diego-iglesias]
Semán, Pablo (2023). Están entre nosotros. Buenos Aires: Siglo XXI.
Patrick, Jack (2025). Sholars hope Harvard defiance spurs wider pushback against Trump. En Times Higher Education, 17 de abril del 2025 [https://www.timeshighereducation.com/news/scholars-hope-harvard-defiance-spurs-wider-pushback-against-trump?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=editorial-daily&spMailingID=31035237&spUserID=MTAxNzcwNzcxMTQ3MQS2&spJobID=2691015757&spReportId=MjY5MTAxNTc1NwS2]
Acerca del autor / Astor Massetti
Docente. Lic. en Sociología. Doctor en Ciencias Sociales. Investigador IIGG/CONICET. Director del Doctorado en Estudios del Conurbano (UNDAV-UNQUI-UNAJ-UNO-UNM-UNPAZ y UNaHUR). Sub Director del Observatorio de Educación Superior. Director de Coordinación, Gestión y Curricularización de Procesos de Enseñanza Territoriales y Educación Popular (SPyT/UNAJ). Coordinador de la carrera de Trabajo Social (ICySA/UNAJ) y cofundador de las revistas Lavboratorio (FSOC/IIGG/UBA), Sudamérica (Huma/UNdMP), Pueblo (ICySA/UNAJ) y Te
