Las formas de la Economía Popular han llegado para quedarse. En el marco de la experiencia de los últimos años, las autoras proponen el tipo de políticas publicas necesarias para transformar a la economía popular en un sujeto productivo de significancia económica y social
En esta nota profundizaremos en iniciativas que consideramos deberían promoverse desde las Políticas Públicas para la mejora de los procesos productivos y de gestión económica de los emprendimientos de la Economía Popular (de ahora en adelante EP). Lo haremos a partir de aprendizajes acumulados de experiencias organizativas de apoyo al sector así como de aquellos programas sociales que, en Argentina durante el período 2003-2015, promovieron la autogestión y el cooperativismo como estrategias de resolución de necesidades sociales de estos sectores.
Si consideramos el contexto global, regional y nacional de avance del neoliberalismo y la disputa de la hegemonía económica, podemos dar cuenta que la EP no es un fenómeno nuevo ni exclusivo de las economías de la periferia. Es una consecuencia de las transformaciones estructurales del capitalismo posfordista, vinculadas a la financiarización, trasnacionalización y concentración económica, y las tensiones en relación a su capacidad de integración social.
En Argentina existe una amplia proporción de trabajadores/as por cuenta propia con diferentes niveles de calificación, que realizan “changas” de manera individual, familiar o asociativa. Es este universo de diferentes estrategias de reproducción de la vida a lo que se denomina Economía Popular (EP). Según datos del Observatorio de la Deuda Social del Programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina – Pontificia Universidad Católica Argentina “en la Argentina urbana, 1 de cada 5 ocupados son trabajadores de emprendimientos sociales o de la EP (3,9 millones de trabajadores). De manera indirecta, a través de los hogares en los que viven, 11,7 millones de personas participan de estas actividades.”
Una característica de la EP es que es una economía formada en una alta proporción por mujeres, cuyas tareas de reproducción y cuidado son invisibilizadas a pesar de la tarea vital para la sociedad en su conjunto. Esto, sumado al trabajo doméstico no remunerado, expande las múltiples inequidades al interior de la EP y en relación con las condiciones de reproducción del sistema económico.
En este contexto es importante saber que la economía popular no es una realidad transitoria sino una característica estructural del sistema económico actual. Es una de las múltiples formas que el trabajo toma hoy en el mundo -y en particular en la Argentina- como manera de organizar las condiciones de vida y el trabajo de los sectores populares.
Considerando este rasgo estructural de la EP, se vuelve necesario incorporarla en la agenda pública de trabajo sobre la estructura productiva argentina. Por un lado, resulta relevante resaltar que los y las trabajadoras de la EP instalan el debate institucional del reconocimiento de sus derechos laborales en el 2011 con el surgimiento de la CTEP (Central de Trabajadores de la Economía Popular). Por otro, el desafío es dar respuesta desde las políticas públicas a este sector, no solo desde las políticas sociales, sino pensar y planificar la inserción de la EP al aparato productivo, a través del diseño e implementación de políticas públicas activas, con mecanismos innovadores que promuevan y financien su desarrollo sectorial (a través de inversión en bienes de capital, capital de trabajo, subsidios de insumos, financiamiento, garantías de compras por parte del estado, etc).
Desafíos de políticas públicas para la Economía Popular
Una política pública dirigida hacia la EP requiere de una perspectiva integral tendiente a:
- Reconocer derechos laborales y un adecuado sistema de protección/integración social, que contemple las particularidades de este tipo de trabajo (precario e inestable).
- Abordar la dimensión simbólica de la EP, es decir, los imaginarios sobre su trabajo/calidad/aporte a la comunidad local promoviendo, a modo de ejemplo, el compre local de sus productos/servicios o visibilizando las lógicas que hay por detrás de su producción en oposición a aquellas de los mercados oligopólicos.
- Avanzar en iniciativas que permitan mejoras en los procesos productivos y de gestión económica de estos emprendimientos.
En los párrafos siguientes profundizaremos en este último punto, recogiendo diversos aprendizajes de las organizaciones de apoyo al sector y las políticas públicas mencionadas:
Primer aprendizaje. La solidaridad y la cooperación como ejes de la política pública para la EP, en oposición a la lógica que apela al individualismo meritocrático. En este sentido, los valores de una economía basada en la horizontalidad de la gestión, la distribución equitativa de excedentes y la prioridad al trabajo, son claves como propuesta política para abordar este sector. El escritor brasileño Luis Ignacio Gaiger a partir de sus trabajos sobre la economía solidaria en Brasil plantea que es fundamental conocer y saber aprovechar “las virtudes de la comunidad de trabajo”, explotar el potencial productivo del trabajo asociativo y autogestionado, de manera que se pueda plasmar este potencial en resultados económicos concretos.
Segundo aprendizaje. La EP requiere políticas económicas y de vinculación científica-tecnológica, y no solo política social. Trabajar sobre su capacidad de generar diferenciación, innovación, calidad y profesionalización, entre otros aspectos. La EP es una economía capaz de generar valor y resolver problemáticas de la sociedad, poniendo el eje en el trabajo. A modo de ejemplo, apelando a la cooperación y organización puede resolver:
- el cuidado de adultos mayores y niños/as procurando la calidad de los servicios ofrecidos y la creación de un sistema de relaciones de confianza entre consumidores y oferentes, a partir de relaciones de proximidad territorial y eje en el trabajo y no en el lucro.
- el acceso a alimentos saludables a precios accesibles, mediante redes comunitarias basadas en la agricultura familiar y emprendimientos de manufactura alimenticia. Casos como la Unión de Trabajadores de la Tierra (UTT) son interesantes en este sentido.
- el saneamiento e infraestructura comunitaria, mediante cooperativas de obra y de prestación de servicios socioambientales.
- el reciclado, mediante cooperativas que organizan recuperadores urbanos y realizan las tareas de acopio y reciclado de materiales para la industria.
Tercer aprendizaje: Se requieren planes de desarrollo sectorial y no trabajar “con un/a paisano/a de cada pueblo”. Apuntalar emprendimientos socioproductivos (asociativos) de manera aislada, desterritorializada y sin estrategias de desarrollo local tienen pocas posibilidades de garantizar su sostenibilidad económica en el mediano plazo. Con planes de desarrollo sectorial nos referimos a políticas productivas que trabajen sobre emprendimientos de la economía popular, con necesidades y/o potencialidades comunes, para: a) ampliar los volúmenes operativos y producción a escala; b) generar uniones de carácter comercial; c) compartir redes de contactos; d) lograr mayor eficiencia productiva mediante la integración de proceso; d) acceder a insumos y materias primas a menor costo; e) la posibilidad de innovar con nueva tecnología; f) acuerdos para mejorar la logística e infraestructura; g) defender intereses sectoriales; h) acceder a financiamiento.
Los instrumentos que se apliquen transversalmente para su abordaje (económicos, financieros, legales, comerciales) deberán contemplar la perspectiva sectorial y articular poniendo en el centro al sujeto de la política pública y no al instrumento.
Estos aprendizajes nos permiten reflexionar sobre la política pública requerida para transformar a la economía popular en un sujeto productivo de significancia económica y social en el marco del aparato productivo de nuestro país.
Para ello resulta indispensable el involucramiento del Estado a nivel meso y macroeconómico, del ecosistema de instituciones locales y el resto del entramado productivo del territorio. En este punto es fundamental también el rol de las Universidades Nacionales, generando información sobre la EP en los territorios, promoviendo procesos de asistencia técnica y poniendo a disposición su infraestructura para la visibilidad de los productos/servicios de la Economía Popular, entre otros.
En síntesis, la EP no es una realidad transitoria sino un rasgo estructural del aparato productivo argentino. No estamos proponiendo una EP para la emergencia sino generar políticas públicas que permitan fortalecer las potencialidades de este sector y su capacidad de generar trabajo, integración social y valor económico.
Acerca de las autoras / Lizette Aguirre y María Florencia Iglesias
Lizette Aguirre, es economista y docente de grado y posgrado en temáticas vinculadas al desarrollo económico y la economía social y solidaria. Universidad Nacional Arturo Jauretche y Universidad Nacional de José C. Paz.
María Florencia Iglesias es economista y docente de grado y posgrado en temáticas vinculada al desarrollo económico y la economía social y solidaria. Universidad Nacional Arturo Jauretche y Universidad Nacional de Quilmes. Asociación Civil PRAXIS.
