La escena que no se cierra
Hay discusiones que en la Argentina no se terminan: cambian de forma. La 125 no quedó atrás; quedó en estado latente. No fue solo una pelea por retenciones. Fue el momento en que se ordenó una identidad política: “el campo” como sujeto que se nombra a sí mismo y se planta frente al Estado.
Ese es el punto de partida incómodo. Porque “el campo” no es una cosa: es una palabra cargada. Adentro hay de todo —exportadores, productores medianos, economías regionales, cooperativas, peones rurales— pero hacia afuera aparece como un bloque. Esa simplificación no es un error: es una fuerza. Hace política.
Ese bloque se sostiene en un relato que viene de largo tiempo atras. El de Martín Fierro, de José Hernández. El gaucho como víctima del Estado y, a la vez, como reserva moral de la nación. Ahí se arma la escena: el conflicto se vuelve identidad, la desigualdad se vuelve épica, la palabra “campo” se vuelve patria. Funciona porque permite que intereses distintos se reconozcan en una misma imagen.
Cada vez que la política logra romper ese espejo, cambia el mapa. Pasó con el primer peronismo. Con Perón aparece algo que el mito borraba: el trabajador rural como sujeto de derecho. El Estatuto del Peón Rural no fue solo una ley laboral: fue una intervención en el sentido. Donde había una figura romántica, hubo relaciones sociales. Donde había tradición, hubo conflicto.
Después, en 2008, faltó eso. Se quiso capturar renta sin disputar la subjetividad. Se habló de números mientras que del otro lado se hablaba de identidad. Y cuando eso pasa, la derrota es casi segura. La escena del “no positivo” de Julio Cobos fue el síntoma visible de una falla más profunda: no hubo política, solo medidas economicas.
Pero ese límite no fue solo politico. Fue también sociológico. El kirchnerismo construyó, en gran medida, un sujeto protagónico de sus transformaciones profundamente urbano. Urbano en términos materiales —destinatario privilegiado de políticas públicas, de consumo, de ampliación de derechos— pero también urbano en términos simbólicos: en el imaginario militante, en los lenguajes, en las referencias culturales.
Ese sesgo tuvo eficacia política durante un ciclo. Permitió consolidar mayorías, expandir derechos, reconstruir Estado. Pero también dejó un vacío. El mundo rural —en su diversidad— quedó por fuera de ese “nosotros” que la política interpelaba. No necesariamente como adversario explícito, pero sí como exterior. Como un otro al que se le hablaba desde afuera, o directamente no se le hablaba.
Ahí se incubó parte del problema. Porque mientras un sector construía identidad política en clave urbana, otro consolidaba su propia narrativa sin disputa. Y cuando llegó el conflicto, ese desacople se hizo evidente.
La fisura y el horizonte
Hoy, con Javier Milei, la historia gira otra vez. Parte del agro acompaña un proyecto que no está pensado desde la producción sino desde las finanzas, la desregulación, la velocidad. Funciona en el corto plazo, pero hay una fricción de fondo: el campo vive de ciclos largos, de suelo, de clima, de infraestructura. No es un Excel que se mueve en tiempo real.
Ahí hay una grieta. Y las grietas, en política, son oportunidades.
Pero esa oportunidad no se agota en la coyuntura. Se inscribe en un problema más amplio: los límites del modo de vida urbano tal como se consolidó en el último siglo. Congestión, crisis ambiental, dependencia energética, desconexión con los sistemas que sostienen la vida. Lo que durante décadas fue sinónimo de progreso empieza a mostrar su fragilidad.
En ese contexto, la discusión sobre el campo cambia de escala. Ya no es solo una disputa sectorial ni fiscal. Empieza a ser una discusión estratégica sobre cómo se organiza la vida social de un pais.
Re-ruralizar deja de ser una consigna incómoda o nostálgica para convertirse en una hipótesis política. No se trata de idealizar el campo ni de proponer un retorno romántico a el. Se trata de pensar una redistribución territorial de la población, de la producción y de los vínculos sociales. De reconstruir densidades en territorios vaciados. De acercar la vida cotidiana a los ciclos ecológicos que la sostienen.
En un mundo atravesado por el cambio climático, la crisis energética y la fragilidad de las cadenas globales, la concentración urbana aparece cada vez más como un problema y no solo como una solución. Frente a eso, el campo —en su sentido más amplio— reaparece como espacio estratégico.
Y eso redefine la discusión política local.
Lo inevitable y la construcción del sujeto
Porque lo que viene —si se quiere gobernar en serio después de 2027— es una discusión inevitable: cómo se financia la reconstrucción de lo que hoy está roto. Educación, salud, ciencia. No hay magia. Hay que ordenar prioridades y recursos.
Y en la Argentina, eso vuelve a poner en el centro la renta agraria.
Pero acá aparece una distinción clave que suele quedar borrada: discutir la renta no es lo mismo que discutir el modelo de vida.
Discutir la renta es, en gran medida, discutir la coyuntura. Es decidir cómo se reparte un excedente para sostener —con mayor o menor justicia— un esquema que en lo esencial permanece. Puede ser más progresivo, más redistributivo, más inclusivo. Pero sigue operando sobre una estructura dada.
Discutir la re-ruralización de la sociedad es otra cosa. Es una discusión estratégica sobre el tipo de país —y de vida— que se quiere construir. No se trata solo de cómo se distribuye lo que hay, sino de cómo se produce, dónde se vive, cómo se organiza el territorio, qué vínculos se establecen entre sociedad y naturaleza.
La primera discusión es necesaria. La segunda es decisiva.
Sin la primera, no hay recursos para sostener derechos. Sin la segunda, esos derechos quedan montados sobre un modelo que reproduce las mismas tensiones que se intentan corregir.
Ahí aparece el punto ciego de buena parte de la política reciente: concentrarse en la redistribución sin interrogar en profundidad la estructura territorial y productiva que la hace necesaria.
Y ahí también aparece el límite de cualquier estrategia que se agote en la captura de renta.
Porque no hay proyecto político emancipador en un país de base agraria como la Argentina si no se organiza un sujeto político rural capaz de encarnar —y no solo de padecer— esa transformación. No solo la disputa por la renta, sino la discusión sobre el modelo de desarrollo.
Ese sujeto no existe dado. Tiene que ser construido.
Y esa construcción exige reconocimiento político y cultural. Exige que los actores del mundo rural se vean a sí mismos no como objeto de regulación, sino como protagonistas de un proyecto nacional. Exige habilitar su voz, sus lenguajes, sus formas de organización.
El reconocimiento no es un gesto simbólico. Es una condición de posibilidad. Sin reconocimiento no hay identificación. Sin identificación no hay sujeto. Y sin sujeto, no hay transformación que se sostenga en el tiempo.
Por eso, la tarea no es solo “convencer” al campo de aceptar una política fiscal. Es mucho más profunda: es contribuir a reorganizar su propia representación. A que emerjan actores, discursos y alianzas que disputen el sentido de lo que significa producir, habitar y distribuir en la Argentina.
Eso implica intervenir sobre las diferencias internas —entre patrones y trabajadores rurales, entre productores medianos y grandes exportadores, entre economías regionales y complejos concentrados, entre producción y renta financiera— pero también construir una identidad donde producir y redistribuir no aparezcan como términos opuestos.
Si no se logra eso, la historia se repite: la renta se intenta capturar desde afuera y la resistencia se organiza desde adentro.
Si se logra, cambia la lógica: la redistribución puede convertirse en parte de un proceso más amplio de reorganización social.
La pelea por el nombre
Si esa construcción avanza, el tablero cambia. El campo deja de ser un bloque automático y se vuelve un territorio en disputa real. La redistribución deja de ser solo agravio y puede empezar a ser parte de un nuevo contrato social.
Y ahí aparece algo más grande: una mayoría que no sea solamente urbana. Una mayoría que junte producción, trabajo y territorio. Una mayoría capaz, además, de anticipar el tipo de sociedad que viene: menos concentrada, más distribuida, más vinculada al territorio.
Pero eso exige dar la pelea de fondo: la del sentido.
Porque “el campo” va a seguir existiendo como nombre. La pregunta es quién lo llena. Si queda fijado como resistencia a cualquier intervención estatal, o si se abre a otra cosa: producción con inclusión, arraigo con derechos, riqueza con responsabilidad, y una forma de vida capaz de responder a los desafíos del siglo.
Ahí vuelve Martín Fierro. No como cita, sino como campo de batalla. No para repetirlo, sino para torcerlo. Para recuperar el conflicto que la tradición planchó. Para mostrar que no hay un solo campo, sino muchos, y que entre ellos hay tensiones reales.
Si en 2027 se quiere algo más que administrar lo existente, esta discusión no se puede esquivar. Hay que darla. Sin nostalgia y sin ingenuidad. Con claridad y con estrategia.
Porque la renta se puede gravar. Pero la legitimidad, no.
La legitimidad se construye. O se pierde.
Acerca del autor / Bruno Carpinetti
Bruno Carpinetti es Guardaparque. Se diplomó y obtuvo una Maestría en Ciencias en Biología de la Conservación en la Universidad de Kent, Inglaterra. Completó el Diploma de postgrado en Antropología Social y Política en FLACSO – Buenos Aires, y se Doctoró en Antropología Social en la Universidad Nacional de Misiones. Ha ocupado distintos cargos en la administración pública, entre otros fue director de la Administración de Parques Nacionales y Subsecretario de Coordinación de Política Ambiental de la Secretaría de Ambiente de la Presidencia de la Nación durante el gobierno de Nestor Kirchner.
