Escenarios globales

ESTADO Y NACION

Catalunya o la pesadilla

Por Penélope Vaca Ávila

¿Cómo es posible que en tan solo dos meses la disputa política entre el independentismo catalán y el gobierno español haya tomado semejante nivel de virulencia y esté amenazando la estabilidad política no solo de España, sino también de Europa?Como casi siempre, los factores que explican este escenario son múltiples y complejos: circunstancias históricas que alimentan un caldo de cultivo propicio, entramados institucionales que habilitan o clausuran cauces de acción y estrategias de actores políticos en persecución de sus respectivos intereses. 

 

“ – Es verdad que hace tiempo maltraté a un niño, pero usted ya no es aquel niño ni yo aquel insensato.

Además, la venganza no es menos vanidosa ni ridícula que el perdón.

– Precisamente porque ya no soy aquel niño – me replicó – tengo que matarlo. No se trata de una venganza sino de un acto de justicia. Sus argumentos, Borges, son meras estratagemas de su terror para que no lo mate. Usted ya no puede hacer nada.

– Puedo hacer una cosa – le contesté.

– ¿Cuál? – me preguntó.

– Despertarme.

Y así lo hice”

J. L. Borges, Episodio del Enemigo (El oro de los tigres, 1972)

Cataluña (o Catalunya) es una de las 17 Comunidades Autónomas (o regiones) alrededor de las cuales se organiza el idiosincrático quasifederalismo español. Con aproximadamente 7,5 millones de habitantes, Cataluña es un territorio que por cuestiones históricas y lingüísticas siempre ha conservado mayores niveles de autonomía relativa que otras regiones del país (en términos culturales y políticos, no jurídicos). A principios del s. XII el Conde de Barcelona anexó su territorio a la Corona de Aragón, la cual se fusionó con la Corona de Castilla en el s. XV, consolidándose entonces un contorno geográfico similar al existente el día de hoy. En este sentido, España se encuentra entre los estados modernos con una continuidad territorial más duradera, y Cataluña siempre estuvo comprendida en ella. Pero precisamente por su longevidad, esta continuidad territorial fue numerosas veces cuestionada y albergó desde siempre particularidades y quiebres. En el s. XVIII, el catalán se había consolidado como una evolución del latín y se utilizaba habitualmente por sus gentes. En Cataluña, también habían conservado vigencia algunas instituciones políticas propias. Pero ambas atribuciones fueron suspendidas en un episodio de disputa sucesoria entre casas monárquicas en septiembre de 1714. En la lucha por el trono, Felipe V de Borbón venció a Carlos III, quien contaba con el apoyo de Cataluña. En represalia, cuando Felipe V asumió el trono, abolió las instituciones de autogobierno catalanas y prohibió el uso de su lengua (que se siguió utilizando, a pesar de ello). Posteriormente, durante la I República Española (1873-1874) y sobre todo durante la II (1933-1936), el catalanismo como expresión política adquirió gran potencia. La misma con la que sería a continuación reprimido por la dictadura del Gral. Francisco Franco (1939-1975).

La mayor emancipación que las llamadas “Comunidades Autónomas históricas” (Cataluña, Galicia y País Vasco) habían obtenido durante la II República (momento durante el cual habían comenzado un proceso constitucional) fue tenida en cuenta en la Constitución Española de 1978. Como expresión principal de la emblemática Transición a la Democracia, dicho texto constitucional tuvo que lidiar con la compleja cuestión territorial como uno de los principales ejes de disputa política. La solución fue salomónica: dichos territorios tendrían un procedimiento facilitado para lograr el derecho a la autonomía consagrado en su art. 2. Sin embargo, a la postre, si bien tras un proceso más lento, el resto de Comunidades Autónomas también conseguirían parecidos niveles de autogobierno, en lo que se consagraría coloquialmente como “café para todos”. Con el paso del tiempo, el Estado español se convirtió en un sistema casi federal, con un subconjunto de territorios que pudieron ir negociando mayores niveles marginales de competencias (las Comunidades históricas), en un escenario de importante descentralización generalizada. En todo caso, la autonomía fue el modo en que constitucionalmente se aseguró “la indisoluble unidad de la Nación española” declarada en su art. 2, sentenciando lo que nadie cuestiona: la Constitución Española no avala la posibilidad de que uno de sus territorios obtenga la independencia. Ello sólo podría habilitarse con una reforma constitucional, la cual es hoy de facto imposible por los altos porcentajes de aprobación parlamentaria requeridos (se exigen mayorías cualificadas en ambas cámaras nacionales y el Partido Popular representa una minoría de veto) y por la necesidad de ser aprobada en referéndum en todo el país.

Hasta aquí la cuestión histórica e institucional. Ahora bien, ¿qué ha ocurrido en los últimos años para que el independentismo catalán haya pasado de ser una utopía minoritaria a un sentimiento generalizado? Existen varios factores a tener en cuenta. El germen de la creciente insatisfacción de buena parte de la población catalana puede rastrearse en la reforma frustrada de su constitución regional (Estatuto de Autonomía) que establecía un acuerdo fiscal más beneficioso para Cataluña y mayores niveles de autogobierno del Poder Judicial (entre otras reformas). Tras haber logrado su aprobación por ambas cámaras nacionales y el voto positivo del 70% de la población catalana en referéndum, en 2010 a instancias del Partido Popular el texto fue cercenado por el Tribunal Constitucional hasta dejarlo muy parecido al anterior Estatuto de 1979. Hoy, Cataluña es la única región española que cuenta con una constitución regional que no desea. El intento en 2012 del President Arthur Mas de renegociar el modelo de financiación autonómica directamente con el gobierno de Mariano Rajoy también fracasó. Eran años de crisis económica, recortes de servicios públicos y creciente corrupción política de los partidos gobernantes en España (el Partido Popular) y en Cataluña (Convergència i Unió). Este contexto resultó propicio para que ambas formaciones políticas emprendieran, en paralelo, una carrera que en teoría de juegos se describe como aquella que, a pesar de conducir al abismo, es una concatenación de pasos que se dan porque el costo político de abandonar la carrera es mayor que el de seguir avanzando. Tanto Mariano Rajoy (PP) como a Arthur Mas (CiU) y Carles Puigdemont (PDeCAT) encontraron un creciente apoyo popular y electoral al persistir en su hostigamiento mutuo, situación que se intensificó en los últimos meses.

De este modo, en Cataluña fue creciendo un sentimiento de independentismo cada vez mayor que pasó de ser apoyado por el 13% de la población en 2005 a lograr el máximo histórico de 46% en 2013, según las encuestas (Centre d’Estudis d’Opinió, www.ceo.gencat.cat). En este marco, el 9 de noviembre de 2014 el gobierno CiU intentó realizar un referéndum de autodeterminación que fue finalmente transformado en una consulta no vinculante pacífica. En ella votaron 2,3 millones de catalanes y ganó el “sí” a la independencia. Esta situación produjo el adelanto de las elecciones autonómicas, en las cuales, para sumar complejidad a la cuestión, una coalición de partidos independentistas (Junts pel Sí) ganó la mayoría de las bancas del Parlament pero no obtuvo la mayoría de los votos. Una vez en el gobierno, dicha coalición puso en marcha el llamado procés para lograr el derecho a decidir. El resto de la historia es ya conocida. El 6 de septiembre de 2017 el Parlament aprueba un conjunto de leyes para realizar el día 1 de octubre un referéndum de autodeterminación, el cual es violentamente reprimido por las fuerzas de seguridad españolas. El resultado es similar al intento anterior: el referéndum no es vinculante y no tiene las necesarias garantías, pero la aplastante mayoría de los más de 2 millones de personas que logran votar apoya la independencia. Esto ha dado lugar a un confuso duelo dialéctico entre el gobierno del PP y el gobierno catalán que terminó desembocando el 27 de octubre en una declaración unilateral de independencia (DUI) por el Parlament y la “intervención federal” prevista en el art. 155 de la Constitución por el Senado nacional. Queda por ver si el art. 155 podrá implementarse pacíficamente o no y cuál será la resistencia que la sociedad catalana despliegue. Pero lo que ya resulta inevitable es la abrumadora y creciente ola de nacionalismo (español y catalán) que esta situación ha generado, en términos impensables en un país que se caracteriza por su tono político moderado. En las últimas semanas se han escuchado arengas fascistas que uno creería enterradas en la historia y proclamas nacionalistas infundadas y sin argumentos.

Así, una tradición centenaria sostenida por altas dosis de autonomía política, lingüística y cultural, sumada al bloqueo de la renegociación de las reglas del juego federal y a un liderazgo político que, a ambos lados de la frontera, quiso sacar partido del deterioro económico y partidario, ha terminado forjando la mayor crisis política del país desde el intento de golpe de Estado de 1981. Al día de hoy nadie sabe si la cuestión catalana podrá solucionarse pacíficamente o no, pero lo que es indudable es que se ha abierto la caja de Pandora de las identidades políticas más primitivas, en un contexto europeo tremendamente frágil por la herida del Brexit y por el imparable crecimiento de los partidos de extrema derecha. Esta es una pesadilla de la que debimos haber despertado a tiempo.

Acerca del autor/a /  Penélope Vaca Ávila

Abogada por la Universidad Complutense de Madrid, Magister en Estudios del Desarrollo por la LSE y candidata a doctora en Ciencia Política por la UNSAM.  Es profesora adjunta en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración de la UNAJ.

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